El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, se ha mostrado parco este lunes al arrancar las conversaciones con representantes policiales, políticos y actores sociales para buscar cómo transformar las fuerzas del orden y recuperar el apoyo social. Darmanin sabe que, cuando se trata de abordar la cuestión de la violencia policial, camina sobre hielo muy fino. Por un lado, están las demandas de una sociedad que ha protestado masivamente en los últimos meses ante repetidos casos de abusos policiales y racismo registrados por cámaras y, por otro, unas fuerzas de seguridad, de policías y gendarmes, que aseguran estar desbordadas ante la multiplicación de manifestaciones y atentados en medio de un rechazo social creciente.
“He celebrado una videoconferencia para mostrar a los representantes de la policía y de los gendarmes el calendario (de conversaciones)”, ha anunciado sobriamente Darmanin en las redes sociales. Hasta el último momento estuvo en duda incluso la participación de algunos sindicatos policiales, que reclamaban un “verdadero plan de acción” y no una mera nueva ronda de encuentros. Al término de este primer contacto, tres sindicatos de policía han indicado a la agencia France Presse que la primera reunión de trabajo real comenzará el 1 de febrero con participación del primer ministro, Jean Castex.
El objetivo de esta gran concertación, que continuará con reuniones quincenales hasta mayo, es cumplir el mandato del presidente, Emmanuel Macron, que en diciembre llamó a “acelerar la transformación” de las fuerzas de seguridad. Como “primer poli de Francia”, Darmanin debe articular las negociaciones para resolver lo que denomina los “siete pecados capitales” de la policía: su formación (inicial y continuada), considerada insuficiente sobre todo ante cuestiones como violencia de género o para afrontar situaciones en barrios conflictivos, así como cuestiones de gestión y medios humanos y materiales. También está la delicada cuestión del uso de cámaras en intervenciones —en relación con la también muy controvertida propuesta de ley de seguridad global que busca prohibir que se grabe a agentes, lo que ha provocado fuertes manifestaciones—, la reforma de los servicios de inspección internos y los vínculos de las fuerzas de la seguridad con la población.
El ambiente se enrareció después de que Macron usara por primera vez, en una entrevista en diciembre con el medio digital Brut, el término “violencia policial”, dos semanas después de que se conociera la brutal paliza que varios agentes propinaron al productor musical Michel Zecler, un hombre negro, que fue grabada por una cámara de su estudio en París. Ello tras un verano caliente en el que, a raíz de la muerte en Estados Unidos del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco, se vivieron en Francia múltiples protestas denunciando violencia y racismo policial también en este país, donde se han producido en los últimos años varios casos similares de fallecimiento de detenidos en manos de agentes.
En junio, el Gobierno prometió “tolerancia cero con el racismo en las fuerzas del orden”, pero el anuncio del entonces ministro del Interior, Christophe Castaner, de medidas como la prohibición del estrangulamiento como técnica de detención policial provocó a su vez unas inusitadas manifestaciones de fuerzas del orden denunciando una “estigmatización” injusta y una falta de apoyo del Gobierno. Castaner acabó siendo reemplazado en el cambio de Gabinete que se produjo un mes más tarde por Darmanin, que modificó drásticamente la retórica y ha hecho grandes esfuerzos por demostrar su apoyo a las fuerzas del orden, nuevamente puestas en tensión con la oleada de atentados yihadistas en otoño.