Francia ha entrado en zona de turbulencias políticas y sociales. La adopción sin voto de la impopular reforma de las pensiones abre una etapa complicada para el presidente Emmanuel Macron y para un Gobierno cuya fragilidad es mayor que nunca.
En la misma tarde del jueves, tras anunciar la primera ministra, Élisabeth Borne, que recurría al artículo 49.3 de la Constitución para actuar por decreto, salieron a las calles de París miles de manifestantes de forma espontánea. Las fuerzas del orden detuvieron a 310 personas en París y otras ciudades francesas en una noche de altercados.
En la capital, inundada de basuras sin recoger por la huelga del servicio municipal de limpieza, algunos manifestantes aprovecharon para quemarlas. Las imágenes de hogueras y barricadas ardiendo recuerdan a las protestas de los chalecos amarillos en 2018 y contrastan con el carácter pacífico de las manifestaciones sindicales de estos meses.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, denunció que se habían quemado muñecos que representaban a Macron y Borne y se habían atacado prefecturas, es decir, las delegaciones del Gobierno en capitales de provincia. “La oposición es legítima, las manifestaciones son legítimas, el desorden y sembrar el desorden, no”, ha dicho este viernes Darmanin en la cadena RTL.
En France Info, Jean-Luc Mélenchon, líder del partido anticapitalista La Francia Insumisa, declaró: “Ocurrió algo fundamental. En seguida hubo movilizaciones espontáneas en todo el país. Es evidente que, por mi parte, yo animo a hacerlas”.
Tras ocho jornadas de multitudinarias protestas desde enero y huelgas prolongadas en sectores como el servicio de la limpieza pública de la capital, los sindicatos convocaron nuevas movilizaciones este fin de semana y una nueva gran jornada de protesta nacional, la novena desde que Borne presentó la reforma en enero, para el jueves 23 de marzo. El viernes, varios sindicatos interrumpieron el tráfico en el periférico de París –la carretera de circunvalación– y otras vías de acceso a ciudades francesas.
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El aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años ya sublevaba a muchos franceses. Que la ley se haya adoptado por decreto, eludiendo el voto en la Asamblea Nacional, refuerza para muchos los motivos de indignación.
El desafío inmediato para Macron, la primera ministra Borne y su Gobierno son las mociones de censura que la oposición parlamentaria quiere presentar, la forma más sencilla que tienen para abortar la reforma.
La oposición tiene 24 horas para presentar la moción. Para poder someterse al voto del hemiciclo, requiere la firma de 58 diputados. Después, debe votarse en un plazo de 48 horas. El lunes podría ser el día decisivo.
Marine Le Pen, líder de la extrema derecha del Reagrupamiento Nacional (RN) y rival de Macron en las dos últimas elecciones presidenciales, ya ha anunciado que su partido presentará una moción de censura. La izquierda, que congrega a socialistas, ecologistas y comunistas bajo el mando de los insumisos de Jean-Luc Mélenchon, podría presentar otra. Y se prepara una tercera moción que presentaría el pequeño grupo de diputados regionalistas Libertades, Independientes, Ultramar y Territorios (LIOT, por sus siglas en francés).
El problema de Le Pen y de la izquierda es que, aunque se uniesen, no alcanzarían los 289 votos que marca la mayoría absoluta. La moción fracasaría. Para que tenga éxito, los 88 diputados del RN y los 149 de las izquierdas debería sumar a 32 de los 61 diputados de Los Republicanos ―el partido de la derecha moderada―, más los 20 de LIOT. Y aquí es donde la iniciativa de este pequeño grupo puede ser la clave para el lunes. Es la opción más verosímil para que prospere una moción.
Si la iniciativa de censura obtiene la mayoría absoluta de escaños, Macron podría nombrar a otro primer ministro. Podría optar por uno de derechas ―Borne viene de la socialdemocracia― que le permitiese construir una alianza estable con Los Republicanos (LR). O disolver la Asamblea Nacional y convocar nuevas elecciones legislativas, con el riesgo, para el presidente, de que las ganase el partido de Le Pen y que tuviese que nombrarla a ella primera ministra en cohabitación. Es decir, con un presidente y un Gobierno de signo opuesto.
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El presidente de LR, Éric Ciotti, declaró este jueves: “No votaremos a favor de ninguna moción de censura”. La declaración parece cortar de raíz cualquier posibilidad de que triunfe. Al mismo tiempo, Ciotti y sus lugartenientes parlamentarios creyeron, durante semanas, que su grupo aprobaría la reforma de Macron en la Asamblea Nacional, y al final no ha sido así. Si el Gobierno renunció al voto y optó por el artículo 49.3, fue porque demasiados diputados conservadores se rebelaron contra sus jefes e iban a votar en contra.
El efecto del 49.3, sea cual sea el resultado de las mociones de censura, amenaza con enturbiar el ambiente político y social en los próximos meses, y quizá años. El precio, para el presidente, es elevado.
Macron se ha puesto a la mayoría del país en contra. Ha alimentado la desconfianza en los gobernantes y las acusaciones de desconexión con la realidad social. Y, aunque las concesiones del Gobierno durante las últimas semanas de negociaciones no han logrado apaciguar a la oposición, han acabado reduciendo, con estas cesiones, los ahorros en las cuentas públicas que se suponía que iba a permitir la reforma. Al final es un texto descafeinado, menos ambicioso que el proyecto inicial y aún menos que la reforma que ya intentó Macron, sin finalmente llevarla a cabo, en 2019 y 2020.
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