Duro golpe a la reputación verde de Francia: es el único de los 27 miembros de la Unión Europea que no ha hecho los deberes en cuestión de energías renovables. De una forma u otra, todos los países de la UE han cumplido con los objetivos que tenían de cuota de renovables sobre el consumo total de energía para 2020. Pero, según los datos definitivos que ha difundido este miércoles la oficina europea de estadística, Eurostat, la segunda economía europea no llegó al 23% que tenía fijado. Se queda bastante lejos —en un 19,1%— a pesar de que la covid ha hecho que sea más fácil cumplir y a pesar de las facilidades que ha puesto sobre la mesa la Comisión Europea, que abrió hace unos años la posibilidad de que los países se intercambiaran, previo pago, las denominadas “transferencias estadísticas” para cumplir, una figura a la que finalmente han tenido que recurrir para llegar a sus objetivos cinco Estados, entre los que destaca Países Bajos. En conjunto, la UE ha cumplido holgadamente la meta de 2020: se debía llegar a una cota del 20% y se ha alcanzado el 22%.
El incumplimiento de Francia podría desembocar en un futuro en un expediente por parte de la Comisión y en alguna hipotética sanción. Pero el país galo ha decidido no recurrir a esas compras de cuotas a otros países. Y los datos de Eurostat suponen una muesca en la credibilidad medioambiental francesa, cuestionada por muchos grupos ecologistas después de que el país haya apoyado con fuerza la inclusión de la energía nuclear en la llamada taxonomía verde, una clasificación elaborada por la Comisión Europea que distingue qué es un bono verde y qué no, y cuyo objetivo es teledirigir las finanzas comunitarias hacia la transición ecológica. En estos momentos, algo más del 70% de la electricidad en Francia proviene de las centrales nucleares, lo que le convierte en el país europeo con una mayor dependencia de esta tecnología que no emite gases de efecto invernadero pero que sí produce unos residuos que tienen una complicada y costosa gestión.
Para calcular los objetivos europeos de 2020 de renovables no solo se tenía en cuenta el sector eléctrico, sino también el transporte y la industria, en los que el dominio de los combustibles fósiles todavía es mucho mayor. El conjunto de la UE tenía que llegar a una cuota del 20% sobre el consumo final de energía y se ha llegado a un 22%, según los datos difundido este miércoles. Luego, cada país tenía un objetivo propio que debía alcanzar para que la suma de todos los miembros de la UE ayudara a alcanzar ese 20% conjunto.
La meta nacional se fijaba teniendo en cuenta la situación de partida de cada Estado hace más de una década y sus capacidades. A Francia se le marcó ese 23% de cuota de renovables, que ha incumplido por cuatro puntos. A España, por ejemplo, se le estableció un 20% y ha conseguido llegar al 21,2%. Alemania ha alcanzado el 19,3% (debía llegar al 18%). Suecia era el país que tenía el objetivo más alto, un 49%, y ha llegado hasta el 60%. Le sigue Finlandia, que debía llegar al 38% y se ha quedado en un 43,8%.
La pandemia ha sido uno de los factores que ha hecho que el conjunto de la UE y varios países hayan conseguido cumplir con estas metas de renovables en 2020 cómodamente. El avance de estas tecnologías limpias siguió aumentando en el sector eléctrico a pesar de la pandemia, mientras que los sectores con una menor penetración de las renovables —el transporte y la industria— redujeron su actividad considerablemente por las restricciones para contener el avance del coronavirus.
Transferencias estadísticas
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A ese contexto favorable se le ha unido un instrumento que puso en marcha hace unos años la Comisión Europea para facilitar que los países cumplan con sus objetivos: las denominadas transferencias estadísticas. Esta herramienta de compensación permite que un país que cumpla holgadamente sus metas —por ejemplo, Dinamarca— pueda vender sobre el papel una parte de su potencia renovable a otro con dificultades —por ejemplo, Países Bajos—. Los Estados no están obligados a hacer públicos los precios a los que venden y compran esa potencia renovable, pero fuentes conocedoras de estos intercambios sitúan esos intercambios en una horquilla de entre 10 y 20 euros por MWh. Según los datos facilitados por Eurostat, en 2020 los países compraron alrededor de 22,2 millones de MWh para cumplir los objetivos, con lo que, tomando un precio medio de 15 euros, el desembolso superaría los 330 millones.
Aunque en ejercicios anteriores ya se habían producido transferencias de este tipo, el gran volumen de estas operaciones fue en 2020, el año que se tomaba como referencia para cumplir los objetivos europeos de renovables. El Estado que más ha tenido que recurrir a estas transferencias estadísticas para cumplir ha sido Países Bajos, que habría adquirido el 60% de todas las transferencias en 2020. Si se toma un precio medio de referencia de 15 euros, este país habría tenido que desembolsar más de 200 millones de euros para llegar al 14% de cuota de renovables que se le había fijado.
Bélgica, Irlanda, Luxemburgo y Eslovenia han sido los otros países que han tenido que comprar este tipo de transferencias estadísticas para cumplir. Y los grandes vendedores han sido Dinamarca, Suecia, Finlandia y Estonia. “En un futuro, España podría convertirse en vendedora también”, sostiene Pablo del Río, investigador en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos, del CSIC, y experto en renovables. El avance de la solar y de la eólica está haciendo que la cuota renovable crezca en España a un buen ritmo, algo que podría hacer que en los próximos años el país pudiera vender estas transferencias a otros países que tengan más complicado el desarrollo de las renovables, según este investigador.
Para 2030, la Comisión Europea ha propuesto que se llegue al 40% de cuota de renovables. Cada miembro de la UE tendrá que adaptar sus planes de energía y clima para que se llegue a esa meta. Y, de nuevo, Bruselas intentará impulsar este tipo de instrumentos como las transferencias. “Desde el punto de vista de la UE, se trata de una herramienta para lograr los objetivos de renovables y para los países que puede ser un incentivo más para instalar más renovables”, añade Pablo del Río.
Taxonomía
Lo llamativo es que Francia no haya decidido recurrir finalmente a este instrumento y se arriesgue a las posibles reprimendas desde las instituciones europeas y a un desgaste de la imagen del país que fue anfitrión de la cumbre climática en 2015, en la que se firmó el Acuerdo de París.
La difusión de estos datos llega en un momento de gran tensión en el seno de la UE por las medidas energéticas. El último día de 2021, Bruselas lanzó una propuesta en la que incluye la energía nuclear (tal y como reclama Francia) y también el gas (tal y como pide Alemania) entre las fuentes de generación eléctrica tocadas con la varita de lo verde de la taxonomía. La propuesta, aún en fase de consultas, ha generado duras críticas de sectores ecologistas, que reprochan el lavado de cara verde; y ha sido censurada por diversos países, como España —que ha hecho una gran apuesta por las renovables y cree que esta iniciativa “mandaría señales erróneas para la transición ecológica en el conjunto de la UE”—, o como Austria, tradicionalmente opuesta con firmeza a la energía nuclear.
La iniciativa actual de la Comisión considera a la altura de las renovables las centrales atómicas cuyo permiso de construcción se expida antes de 2045 y las de gas en funcionamiento que emitan menos de 100 gramos de dióxido de carbono (CO₂) por kilovatio hora (KWh) o las de nueva construcción, cuyo permiso se haya expedido antes de 2030, que emitan menos de 270 gramos de CO₂ por kWh, siempre que esa necesidad energética no pueda cubrirse con fuentes renovables y la instalación sustituya otra contaminante.
Tras un período de consultas que expira el 21 de enero, Bruselas tiene previsto presentar “lo antes posible”, pero sin fecha concreta, su propuesta final mediante un acto delegado, según explica un portavoz de la Comisión. Este tipo de decisiones no legislativas, de carácter técnico, pueden salir adelante incluso sin la unanimidad de los Estados miembros: solo puede ser vetada con el rechazo de una mayoría cualificada en el Consejo (55% de países que agrupan a un 65% de población) o la Eurocámara.
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