Evento 1. Uno de los narcotraficantes está molesto. El cocinero de uno de sus subalternos está hablando de más y haciendo demasiados comentarios sobre las operaciones que el jefe está supervisando. “¿Cómo se atreve un pinche cocinero a opinar de lo que yo hago?”, reclama. En el parte sobre las escuchas, el analista de inteligencia anota que “cocinero” es como se le llama a los encargados de preparar la droga sintética, ya sea fentanilo o metanfetamina. El lugarteniente sigue con la reprimenda: “Tienes que estar atento a todo lo que pasa en tu área. ¿Pasaste el reporte que te mandé? ¿Te imaginas qué le voy a decir al jefe si me llama y le digo que no tengo una actualización de lo que está pasando?”. En medio del regaño, el subordinado le dice que hay que tener cuidado porque los militares están en la zona.
Evento 2. Un grupo de halcones identificó “una blanca”, como los informantes del cartel llaman en clave a las avionetas. El capo a cargo ordena que todos estén atentos a sus radios para monitorear “cómo el pájaro entra y sale del área”. La aeronave es de una facción del Cartel de Sinaloa, se dedica a dar protección a los narcotraficantes y a supervisar las entregas de la droga. Evento 3. Uno de los miembros de la organización solicita reunirse con “el patrón”. Evento 4. Un mando informa de que va entregar un cargamento de “aparatos”, el código para las armas largas como rifles y fusiles antiblindaje. Evento 5. Un grupo de kaibiles, como se conoce a las unidades de élite del Ejército de Guatemala, se encuentra con miembros del cartel. Hay informes de las Fuerzas Armadas de que los antiguos soldados dan entrenamiento a varios grupos criminales en México.
Señales interceptadas, códigos desencriptados, marcaje permanente con fotografías y coordenadas en tiempo real. Así trabajan las Fuerzas Armadas de México y personal de la Embajada de Estados Unidos contra los carteles más poderosos. Archivos a los que ha tenido acceso , parte de la masiva filtración de correos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) atribuida al grupo de hackers Guacamaya, revelan cómo ha funcionado el intercambio de inteligencia en el combate contra el narcotráfico en los últimos meses. También confirman que la colaboración con Washington se ha mantenido, a pesar de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que las autoridades estadounidenses no han participado en los golpes más recientes al crimen organizado. Este reportaje omite información sensible sobre los blancos específicos y las zonas de vigilancia para no perjudicar el desarrollo de estas operaciones. La representación diplomática de EE UU ha declinado hacer comentarios. Este periódico envió una solicitud de prensa a la Sedena por correo electrónico y mensajería instantánea, pero aún no ha recibido un posicionamiento oficial de la Secretaría.
Informes de inteligencia intercambiados entre los Gobiernos de México y EE UU, se omite información sensible.
“[El blanco] tiene reportes de que un ‘mosquito’ está operando en el área y comenta que estarán atentos”. Tras interceptar la frecuencia, el analista militar anota que “mosquito” es un nombre en clave para un helicóptero. Los narcotraficantes sospechan que son vigilados. En efecto, los militares los están vigilando y saben que también son espiados: “Reportan la localización de la Guardia Nacional. Hacen referencia a que personal militar ingresó”.
Uno de los objetivos de las operaciones es desnudar las estructuras jerárquicas y los canales de comunicación utilizados por los criminales, desde la juerga de los narcotraficantes hasta los dispositivos con los que buscan no ser detectados, se lee en uno de los informes filtrados. La información, “exclusiva para el uso oficial”, se recolecta durante semanas y pasa por varios filtros de análisis, tanto en el terreno en México como en oficinas en Estados Unidos adscritas a cuerpos de seguridad nacional y control de fronteras. Es un monitoreo clave para fijar las estrategias de contención del crimen organizado, así como para actualizar la lista de “blancos” y sus ubicaciones, se explica.
Algunas de las métricas utilizadas para evaluar los resultados de estas operaciones son las incautaciones y las detenciones de los capos. En una de estas operaciones, en la que prácticamente toda la información se transmite en inglés, se refiere que en un lapso de dos años se han logrado decomisos de más de un centenar de toneladas de metanfetaminas y decenas de toneladas de químicos precursores, utilizadas en la fabricación de drogas sintéticas, y que se han desmantelado una veintena de laboratorios clandestinos. Uno de los focos más importantes en estas evaluaciones está en el fentanilo, un opioide sintético que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, y cuya ingesta en dosis muy pequeñas puede ser mortal.
Las autoridades sanitarias calculan que dos miligramos de fentanilo bastan para ser letales, aunque el efecto de la dosis depende de la complexión de la persona que lo tome. Bajo esa regla de tres, la DEA estima que un kilo tiene el potencial para matar a medio millón de personas. En esa operación conjunta entre ambos países, por ejemplo, se logró requisar más de 100 kilos de fentanilo a partir del seguimiento a los carteles. Estados Unidos está en alerta por una crisis de salud pública cada vez más profunda: más de 70.000 personas murieron el año pasado por sobredosis de opioides sintéticos, principalmente fentanilo, según datos oficiales. En México es una amenaza a la seguridad: los narcos se han dado cuenta de que pueden multiplicar sus ganancias con cargamentos muy pequeños de narcóticos sintéticos, que son más fáciles de esconder y se venden más caro que las drogas “tradicionales” como la cocaína y la mariguana.
A primera hora de la mañana, antes de las conferencias matutinas de López Obrador, el Gabinete de Seguridad se reúne para dar seguimiento a las cifras de homicidios y crímenes de alto impacto en el país. En un informe filtrado con corte al pasado 1 de septiembre, la Sedena da cuenta de que durante esta Administración, que inició en diciembre de 2018, ha incautado más de 15,3 millones de pastillas de fentanilo, lo que equivale a más de dos toneladas si se suman las incautaciones en otras presentaciones. Es la única droga que se reporta en un apartado por separado en los documentos de incidencia delictiva que recibe a diario el secretario Luis Cresencio Sandoval para informar al presidente.
En la última semana de agosto, se da cuenta en el informe, se decomisaron en la ciudad fronteriza de Tijuana 70.000 pastillas de fentanilo, que pesaban unos siete kilos. La incautación más reciente que la Sedena dio a conocer públicamente fue el pasado 1 de octubre: casi 103.000 pastillas en el Estado de Sonora, también limítrofe con EE UU. Cada kilo tiene un precio al mayoreo de 80.000 dólares y puede venderse hasta por 1,6 millones de dólares al llegar a las calles, según cálculos de la DEA publicados en The New York Times. Ese punto de referencia permite dimensionar que todo el fentanilo incautado por las Fuerzas Armadas de México en casi cuatro años hubiera alcanzado un valor de casi 3.400 millones de dólares si hubiera sido comprado por los consumidores finales y da una idea también del enorme mercado que hay en Estados Unidos.
Seguimiento diario de incautaciones a cargo de la Sedena, con corte al 1 de septiembre de 2022.
La Casa Blanca ha intensificado la guerra contra el fentanilo que cruza desde México y en los últimos cuatro meses ha asegurado más de 10 millones de pastillas, anunciaron las autoridades la semana pasada. Los dos principales grupos mexicanos en la mira son también los más poderosos: el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación. “La amenaza más urgente a nuestras comunidades, para nuestros hijos y nuestras familias son estas dos organizaciones, que están produciendo en masa en fentanilo que está envenenando y matando a los estadounidenses”, declaró Anne Milgram, la directora de la DEA.
La participación de agentes estadounidenses en labores de inteligencia en México, ya sea de forma directa o indirecta, no ha estado exenta de polémica en las casi dos décadas que ha durado la llamada guerra contra el narco. En diciembre de 2020, el Ejecutivo impulsó una ley de Seguridad Nacional que estrechó el control sobre los agentes antidroga extranjeros. Ese año también se cerró una unidad de la DEA en el país latinoamericano, que recibía información desde los noventa y que López Obrador acusó de estar “infiltrada” por la delincuencia. Pese a los recelos y los conflictos que se han ventilado, la seguridad se mantiene como un tema central en las negociaciones entre ambos países. Y la colaboración ha sido ineludible entre varias dependencias.
En los papeles de la Sedena hay listas intercambiadas de aviones sospechosos en el espacio aéreo, personal que recibe entrenamiento del otro lado de la frontera y manuales comunes para el uso de herramientas de vigilancia e inteligencia, por citar algunos ejemplos. Es un signo también de cómo la guerra contra las drogas se libra también en frentes más discretos. En medio del escándalo por las acusaciones de espionaje a periodistas y activistas, en el primer comunicado que la Defensa mexicana publicó tras el ciberataque, el Ejército sostuvo que el “monitoreo remoto” ha llevado a la captura de “13 operadores relevantes” y “115 generadores de violencia” de diferentes organizaciones delictivas. Las Fuerzas Armadas atribuyen un tercio de los resultados en materia de seguridad al trabajo táctico de seguimiento a blancos prioritarios.
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