En un encuentro con la madre y uno de los hermanos de Victoria Salazar, migrante salvadoreña que perdió la vida en Tulum a manos de policías municipales, las autoridades mexicanas se comprometieron a garantizar que todos los procedimientos jurídicos se lleven a cabo con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Vía telefónica, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, prometió a la madre de Victoria Salazar, Rosibel Arriaza, sumar esfuerzos para la atención integral de la familia de la mujer fallecida.
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, también se comunicó telefónicamente con la madre de Victoria y con la abogada de la familia, quienes les expresaron sus inquietudes.
La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, y funcionarios de dependencias federales y estatales, recibieron a Rosibel Arriaza en Quintana Roo, a donde llegó el miércoles por la noche en un vuelo comercial procedente de El Salvador, para recuperar el cuerpo de su hija y ver las situación de sus nietas. También acudió a la Fiscalía del Estado para conocer los avances de la investigación.
Victoria Salazar, refugiada en México desde 2018 y madre de dos menores, falleció tras ser sometida por agentes municipales, quienes la detuvieron por supuestamente alterar el orden.
Según imágenes difundidas en medios y redes sociales, los policías la tiraron al suelo, donde uno de ellos la inmovilizó colocando la rodilla sobre su espalda hasta que murió.
La autopsia concluyó que la víctima presentaba una fractura en la parte superior de la columna vertebral, lo que le provocó la muerte. Los policías enfrentan cargos por feminicidio, pero será el sábado 3 de abril cuando sean vinculados a proceso.
Este martes también se informó de la detención de la pareja sentimental de Salazar, por violencia de género, así como del abuso de una de las hijas.
Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, se instaló una mesa de trabajo interinstitucional, con participación estatal y federal, para que en el caso de Victoria no haya impunidad, se llegue a la verdad, se haga justicia y no se repita.
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