No es una alianza política habitual la del Govern, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el Ayuntamiento de Barcelona. Fueron de la mano para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital, que veta a los vehículos más contaminantes; y ahora están cerrando filas en un frente común que defiende su efectividad en la lucha contra la contaminación y para afrontar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que la anulan.
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Este martes por la tarde, los servicios técnicos y jurídicos de las tres administraciones, más los de los cuatro ayuntamientos que forman parte del ámbito de la ZBE (L’Hospitalet, Cornellà, Esplugues y Sant Adrià), se reunieron para analizar cómo dar respuesta a las sentencias. Está previsto que este miércoles desvelen detalles del recurso de casación que tienen 30 días para presentar ante el Tribunal Supremo para evitar que la sentencia sea firme.
Antes, a mediodía, el Govern fue claro y tras su reunión semanal la portavoz, Patrícia Plaja, defendió las ZBE como un “modelo de éxito de control de la contaminación atmosférica” que funciona en grandes ciudades europeas. “El Govern sigue defendiendo que las ZBE son una herramienta positiva y necesaria, y mantiene que el despliegue debe hacerse de forma equilibrada, atendiendo a criterios socioeconómicos y sin dejar a nadie atrás” apuntó. Y remarcó que la de Barcelona fue fruto el consenso institucional.
Plaja también dejó claro que la Generalitat mantiene la voluntad de que los 67 municipios de más de 20.000 habitantes tengan zonas de bajas emisiones vetadas a los coches más contaminantes antes de 2025, tal y como se acordó hace solo cinco días en la tercera cumbre de la calidad del aire. El lunes, al conocerse las sentencias, también la consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, puso en valor el “consenso político en Cataluña” que hizo posible la ZBE.
Desde el Ayuntamiento de Barcelona, fue la teniente de alcalde de Urbanismo Ecología y Movilidad, Janet Sanz, quien en sucesivas entrevistas defendió con vehemencia la zona de bajas emisiones como fórmula para proteger la salud ante la contaminación que, recordó, provoca mil muertos al año en la ciudad. Sanz defendió que la ZBE “no se hizo de un día para otro” y que “legalmente se la miró todo el mundo”. Y puso en valor que tiene el “aval” del Gobierno y de la Unión Europea. Del ejecutivo español, aseguró, porque la pone de ejemplo en el despliegue de la Ley de Cambio Climático, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener espacios vetados a los vehículos más contaminantes.
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Y sobre las instituciones europeas entendió que avalan la ZBE de Barcelona cuando le otorgan fondos Next Generation; y recordó que la ciudad se expone a una multa de 1.600 millones de euros si no cumple con los niveles máximos de contaminación. Sanz, con todo, se abrió a introducir mejoras o nuevos elementos en la ordenanza tumbada por el TSJC.
Patronales y asociaciones aguardan el recurso del Ayuntamiento para pedir la ejecución de la sentencia
Las asociaciones, gremios y patronales del transporte que presentaron los seis recursos contra la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones que desembocaron en su anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, están pendientes de que el Ayuntamiento presente su recurso de casación ante el Tribunal Supremo para pedir la “ejecución provisional” de la anulación: que no se multe a los vehículos sin etiqueta si circulan dentro de su perímetro.
“En el momento legal en el que podamos, pediremos la ejecución de la sentencia de forma inmediata”, asegura el abogado de ASOPARC, la asociación de afectados por las restricciones de circulación, David Neila. La entidad celebra que la sentencia “entre en el fondo” y lamenta que el consistorio no escuchara las alternativas que proponían, como “restricciones graduales”, cambios en los motores con filtros, o ayudas para la renovación del parque circulante.
El Gremio de Talleres, que también impugnó, está pendiente del recurso del consistorio, explica su secretario General, Ramon Casas, que celebra que la sentencia “reconozca las deficiencias del expediente que acompañaba la ordenanza”. También pedirá “la ejecución provisional de la sentencia” la asociación de transporte discrecional Audica. Su presidente, Toni Serrat, recuerda que el Ayuntamiento no escuchó sus argumentos cuando defendieron que un autocar transporta a tantos pasajeros como 30 turismos.
Quienes apenas han podido estudiar la sentencia son las patronales del transporte presentaron conjuntamente un recurso. La secretaria general de Transcalit, Yolanda Redondo, explicó en nombre del resto que afrontan “días muy complicados” por la huelga de transportistas, lo que ha impedido sentarse a analizar los textos y su respuesta. Sí tienen claro que pedirán la ejecución de la anulación.
La Asociación de Familias Numerosas descarta pedir la ejecución inmediata, porque, apunta su director, Raúl Sánchez, deberían depositar una fianza.
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