México es un país que vive todas las caras de la migración. Expulsión, recepción, tránsito, retorno y desplazamiento interno. Las medidas tomadas para detener el flujo hacia Estados Unidos, aunado a las numerosas caravanas que el año pasado atravesaron el territorio nacional y a las peticiones de Trump a Centroamérica y al país para que no lleguen migrantes, ha visibilizado la frontera sur como nunca. Sin embargo, la discusión mediática ha dejado de lado dos temas fundamentales por considerar en la política migratoria contemporánea: los deportados y los migrantes del programa gubernamental Permanece en México.
Considerando los cambios del fenómeno migratorio y las dinámicas de inseguridad que actualmente vive el norte de México, los retos no son menores. La capacidad de varias ciudades fronterizas ha llegado al límite. El número de deportados se mantiene en un promedio de 200.000 cada año desde la llegada a la presidencia de EE UU de Trump. Hoy, todos llegan por la frontera norte debido a que Estados Unidos decidió cancelar de manera unilateral los tres vuelos que llegaban a la Ciudad de México, que transportaban alrededor de 500 deportados por semana. La principal diferencia con los retornados durante la Administración de Barack Obama estriba en el perfil. Hoy hay más deportaciones “tierra adentro”, de gente de mayor edad, con arraigo y familia del otro lado, lo que hace más compleja su reintegración.
Asimismo, desde hace cinco meses se ha puesto en marcha el programa Permanece en México, que se traduce en más de 50.000 personas de otros países de Centroamérica esperando en territorio mexicano los procesos de sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. El Gobierno de este país anunció hace algunos días que aceptará un máximo de 18.000 personas este año. Además, en los siguientes años se pueden esperar más deportados debido al aumento en el número de casos en las cortes de inmigración norteamericanas, que ya han sobrepasado el millón, un récord sin precedentes.
El programa Permanece en México viola los derechos relacionados al debido proceso de las personas que huyen de sus países por persecución y riesgo de perder la vida. Las víctimas están forzadas a permanecer de este lado, en suelo mexicano, imposibilitando o complicando su defensa legal para tramitar un posible asilo en el vecino del norte. Lograr el asilo, una figura humanitaria compleja, requiere un minucioso trabajo de evidencia, testimonios y reportes.
Permanecer en México y otras opciones deplorables de procesos que se dan en las carpas fronterizas llamadas Cortes de casa de campaña —carpas en las que ocurren los citatorios a los migrantes— dificultan la situación. Muchos migrantes han desistido y solicitado su deportación o vuelta voluntaria a su país de origen en el que lo único que les espera es peligro e, incluso, una sentencia de muerte. Según la ley estadounidense, las cortes de inmigración deben ser abiertas y permitir el acceso al público. Las carpas contravienen dicho principio al estar en territorio del Departamento de Seguridad Nacional. El acceso y la observación de estas audiencias han sido limitados, según lo reportado por grupos de abogados de la Oficina del inspector general en el área de Texas. Todo con el objetivo de vulnerar al migrante que, en muchos casos, busca salvar su vida.
Retornar a solicitantes de asilo a sus países de origen viola el artículo 33 de la Convención de Refugiados, que prohíbe regresarlos y exponerlos a amenazas o peligros. La reciente decisión de la Suprema Corte de EE UU, que le permite a la Administración de Trump negar la entrada a solicitantes de asilo en caso que hayan cruzado por otro país, en este caso México, sin el permiso correspondiente, tiene dos efectos. Por un lado, afecta la medida de provisión temporal puesta en marcha por una corte federal en julio del presente año, que protegía y permitía a dichos solicitantes ingresar a territorio norteamericano sin importar que cruzaran por otro país. Por el otro, pone de manifiesto una presión adicional para México.
La capacidad y recursos de México para organizar, absorber y atender a los migrantes está sobrepasada. Además, las nuevas dinámicas tienen un impacto en la reconfiguración de los mercados ilegales, el tráfico de armas y la integración de nuevos actores. El crimen organizado no tiene tregua, ha aprovechado el fenómeno para reclutar personas y engrosar sus filas. Especialmente entre los más vulnerables: la niñez migrante, que ha aumentado un 52% y suma más de 76.000 detenciones de menores no acompañados reportadas por la Patrulla Fronteriza. México requiere actuar rápido, repensar sus acuerdos internacionales y poner en marcha esquemas de colaboración, reactivación económica e integración en la frontera norte antes de que el caos sea irreversible.
Eunice Rendón es coordinadora de Agenda Migrante, experta en Seguridad y Migración y PhD por la universidad Sciences Po de París.
Janeth Moreno es abogada experta en migración, Moreno Law en Boston, MA.
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