Frontex estaba en su derecho de no divulgar información sobre los barcos europeos desplegados en el Mediterráneo para controlar la migración. Así lo ha dictaminado este miércoles el Tribunal de Justicia de la UE en el primer litigio al que se enfrenta la agencia europea por un caso de derechos civiles. La española Luisa Izuzquiza había sentado a Frontex en el banquillo por presunta falta de transparencia en una de sus operaciones marítimas, como avanzó EL PAÍS. Casi cinco meses después de presentar el recurso, la justicia europea desestima esas alegaciones.
“Nos resulta inverosímil y francamente preocupante que Frontex no tenga siquiera la obligación de publicar los nombres de los barcos con los que opera en el Mediterráneo”, lamenta Izuzquiza, que añade: “Este es un estándar mínimo de transparencia, que otras misiones europeas en el Mediterráneo cumplen incluso por iniciativa propia”. Esta experta en transparencia se refiere a Sophia, la operación militar que la UE mantiene desde 2015 —hoy en vías de desmantelamiento— para identificar a las mafias que trafican con migrantes y que sí ha ofrecido información más precisa sobre la actuación de sus buques.
En la decisión, publicada este miércoles por la mañana en su web, el tribunal comunitario considera infundados todos los argumentos que exponían los demandantes (la española Izuzquiza y su colega alemán Arne Semsrott) contra la restricción de datos que defendía Frontex. Ambos ciudadanos reclamaban información precisa sobre los barcos participantes en la operación Tritón, que operó en las costas mediterráneas para supervisar las llegadas migratorias —y asistir a posibles náufragos— entre 2017 y 2018.
Más allá del caso particular —la agencia rechazaba ofrecer los nombres y otros detalles de los barcos desplegados en las costas italianas—, el fallo refuerza la posición de Frontex a la hora de denegar acceso público a información sensible. La agencia, que desde 2005 se dedica al control de las fronteras exteriores de la UE, ha visto reforzados sus poderes a raíz de la crisis migratoria (inicialmente crisis de refugiados) que vivió el club comunitario en 2015 y 2016. Algunas ONG y representantes de organizaciones civiles habían cuestionado sus prácticas y le afeaban la falta de transparencia en sus operaciones. Frontex apela a la seguridad para alejar algunos detalles del escrutinio público. El argumento resulta ahora validado por la justicia europea.
La agencia con sede en Varsovia aludía, entre otros factores, al supuesto beneficio que podía rendir a las redes que trafican con migrantes desvelar detalles (incluidos la bandera y el modelo) de los barcos europeos que supervisaban las costas mediterráneas. El tribunal lo da por válido. “Al ofrecer esas explicaciones […] se crearía una situación en la que, a través de su conducta, se pusiera en riesgo la seguridad pública que debe protegerse”, concluye el texto.
Los demandantes estudian ahora si recurren el veredicto. “Frontex tiene una enorme responsabilidad a la hora de salvaguardar los derechos humanos en las fronteras, y una mayor transparencia debería ser un requisito indispensable para una agencia como esta”, defiende Izuzquiza. La decisión se puede apelar ante la instancia superior del tribunal europeo.
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