La agencia europea de fronteras, Frontex, ha concluido este viernes la investigación interna sobre su presunta implicación en la devolución ilegal de migrantes en la frontera de Grecia con Turquía. El informe, elaborado por un grupo de trabajo creado expresamente para verificar las sospechas sobre devoluciones en caliente, no ha logrado despejar las dudas sobre cinco de los 13 incidentes analizados. “No ha sido posible resolver por completo los incidentes más allá de cualquier duda razonable”, reconoce el informe del grupo de trabajo, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
La evaluación tiene un claro tono de exculpación hacia la labor de la agencia y hacia su director ejecutivo, Fabrice Leggeri, cuya dimisión reclaman varios grupos políticos, con los socialistas al frente en el Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo (PPE) se ha apresurado a darse por satisfecho por el informe, dado que no se han hallado pruebas de que Frontex haya violado los derechos fundamentales de los migrantes.
El grupo de trabajo, en un claro movimiento de intentar exculpar a Leggeri, reclamó a la Comisión Europea que aclarase la aplicación en el caso del Egeo de la reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideró legal la devolución inmediata de personas que habían irrumpido por la fuerza en territorio español en Ceuta y Melilla.
Pero los expertos jurídicos del departamento de Ylva Johansson, comisaria europea de Interior, han rechazado en un informe cualquier extrapolación de la sentencia sobre España. Ese documento señala que el veredicto de la corte europea no tomaba en cuenta la normativa de la UE sobre el derecho de asilo y las posibilidades de retorno y que se trataba de un incidente en una fronteriza terrestre y no marítima como la de Grecia con Turquía.
La batalla política sobre el futuro de Leggeri parece, por tanto, todavía abierta, aunque el PPE parece dispuesto a defender su continuidad a pesar de las críticas recogidas en el informe interno. El grupo de trabajo reconoce que la imposibilidad de clarificar los incidentes se debe a las carencias en los sistemas internos de control de la agencia, que no han sido ajustados al nivel requerido por la normativa comunitaria vigente.
El borrador de conclusiones del consejo de administración señala la “preocupación por la falta de aplicación sistemática de los sistemas de verificación [de posibles violaciones] y no permiten a la Agencia tener claridad sobre los hechos relacionados con potenciales incidentes graves”. El consejo reclama “mejoras urgentes” en los sistemas de control interno de la agencia, como un claro reparto de responsabilidades en cada operación, mejorar la cualificación de sus equipos y garantizar que se informa de todos los incidentes graves.
El grupo de trabajo también incluye entre sus recomendaciones la necesidad de que los drones o barcos de Frontex permanezcan en la zona de los operativos donde se detecte un incidente y documenten (vía vídeo, por ejemplo) la actuación de las guardias costeras nacionales. En algunos de los casos sospechosos en el Egeo, los activos de Frontex se alejaron de la zona cuando se lo pidieron las autoridades griegas.
Refuerzo tardío de agentes
El informe publicado es el nuevo capítulo de una saga iniciada en 2020 cuando varios medios de comunicación revelaron detalles sobre varias operaciones de Frontex en las que presuntamente se había devuelto a Turquía a migrantes que ya se encontraban en aguas griegas, violando así la obligación de no devolución fijada en las normas europeas sobre el derecho al asilo.
Johansson exigió la inmediata aclaración sobre los casos denunciados y en el Parlamento Europeo algunos grupos, con los socialistas al frente, pidieron la dimisión de Leggeri. La batalla abierta ha provocado varias reuniones extraordinarias del consejo de administración de Frontex. Y ha sorprendido a la agencia en plena crisis de crecimiento, porque a partir de este año debe crear una guardia europea de fronteras que llegará a tener 10.000 efectivos.
El consejo de administración también ha analizado la evolución en la creación de esa fuerza y ha constatado que Frontex no podrá contar con los primeros 700 agentes hasta 2022, un año más tarde de lo previsto.
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