El Censo Nacional de Derechos Humanos 2020, realizado por el Inegi, reportó 5 mil 551 detenciones arbitrarias y 5 mil 12 tratos crueles inhumanos o degradantes durante el año.
Durante 2019 se sancionó a 786 servidores públicos de los cuales el 68.3% provenía de las instituciones encargadas de la función de seguridad pública y/o vialidad en el ámbito municipal y de la seguridad pública en el ámbito estatal, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el Censo Nacional de Derechos Humanos 2020 en los ámbitos federal y estatal realizado por el Inegi, también informaron que a nivel nacional se reportaron 140 mil 486 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos.
“De éstos, se registraron 5,551 detenciones arbitrarias, 5,012 tratos crueles inhumanos o degradantes, 2,143 hechos de tortura, 281 hechos por desaparición forzada, 68 ejecuciones extrajudiciales y 22 hechos por tolerancia u omisión de la autoridad para la protección contra la trata de personas o explotación con fines sexuales atribuibles a las instituciones de seguridad y justicia de los ámbitos federal, estatal y municipal” revela el estudio.
El Censo Nacional de Derechos Humanos es un programa estadístico que ofrece información relevante sobre la estructura organizacional, recursos y ejercicio de la función de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los Organismos de Protección de Derechos Humanos de las entidades federativas (OPDH).
Específicamente está enfocado en funciones de gobierno y capacitación, difusión, defensa y protección de los derechos humanos, con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.
La cifra de víctimas registradas en los expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos fue de 110 mil 864, repartidos 27 mil 850 en la CNDH y en los OPDH 83 mil 014.
“Los hombres representaron 53.4%, las mujeres 43.5% y los grupos vulnerables 1.4%; para el resto (1.7%) no fue posible identificar el sexo y el tipo de víctima”.