Por Agencias
Ciudad de México, 6 de julio de 2020.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 24 y 27 meses e impuso sanciones económicas por poco más de dos millones de pesos a Cyber Robotics Solutions S. A. de C. V., propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.
En un comunicado, la dependencia informó que también solicitó la suspensión de cuatro funcionarios del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo, quienes fueron los que participaron en el proceso de adquisición de 20 respiradores a la empresa ahora inhabilitada.
La SFP afirmó que durante el proceso de adquisición se registraron distintas irregularidades, entre ellas, que no se justificó el carácter urgente que se utilizó para adjudicar de manera directa la compra y no se garantizó el mejor precio para el Estado.
“La supuesta urgencia para adquirir los ventiladores en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento durante las fechas de la contratación. De hecho, los equipos jamás fueron utilizados en la entidad, así que la justificación de ‘entrega inmediata’ resultó insostenible”, advirtió.
El precio ofrecido, añadió la SFP, estuvo fuera del rango del mercado, tal como se demostró en adquisiciones posteriores de equipos similares, incluidos los que se compraron a través de la intermediación de la Cancillería.
“La empresa proporcionó información falsa con respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos adjudicados. Los equipos se entregaron tarde, en abierto incumplimiento de las bases de adjudicación, y desmintiendo de nuevo la supuesta urgencia”, detalló.
“Ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado: 11 estaban rotos y totalmente inservibles, tal y como ahora lo reconoce el propio IMSS”.
En el caso de los funcionarios que participaron en la contratación, añadió la SFP, se les suspendió de sus actividades, se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa y pronto se emitirán las sanciones correspondientes.
Desde que inició la emergencia sanitaria, la SFP ha recibido 722 denuncias ciudadanas por posibles irregularidades administrativas en distintas instituciones, las cuales está tramitando e investigando.
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