Nueva york.- Más de 318,000 titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) y sus familias están en la cuerda floja, pues el 5 de marzo de 2021 se avecina una posibilidad aterradora luego de que el mes pasado, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito avaló al el plan de la Casa Blanca de deportar a los inmigrantes que recibieron el beneficio migratorio.
Los portadores del TPS a quienes afecta el fallo son padres o tutores de al menos 280,000 niños estadounidenses, lo que pone en riesgo su bienestar, según los defensores de los inmigrantes.
Los seis estados con las mayores poblaciones de titulares del TPS se concentran en California (55,000), Texas (45,000), Florida (45,000), Nueva York (26,000), Virginia (24,000) y Maryland (23,000).
Ese programa, creado en 1990 por el Congreso estadounidense, concede permisos para permanecer en el país a ciudadanos procedentes de naciones afectadas por conflictos bélicos, víctimas de violencia o desastres naturales.
Esa protección, concebida en un principio como un alivio temporal, se ha extendido con el paso de los años, dejando a sus beneficiarios bajo una condición migratoria que les impide solicitar la residencia o la ciudadanía estadounidense.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó la semana pasada que los salvadoreños y otros beneficiarios del TPS que se queden en el país sin autorización una vez que el programa expire estarían en riesgo de ser deportados.
En una conferencia de prensa telefónica el pasado jueves, el director asistente de ICE, Tae Johnson, indicó que por ser la agencia encargada de ejecutar las órdenes de deportación, esta en efecto se centraría de hacer cumplir el retorno de aquellos que opten por permanecer en los Estados Unidos una vez que expire el alivio temporal.
“Algunos serán deportados, otros puede que decidan irse por su propia cuenta una vez que el TPS sea rescindido, pero sí, en algún punto esos individuos serán deportados de los Estados Unidos”, expresó Johnson.
Sin embargo, los inmigrantes, la mayoría de ellos centroamericanos, estiman que el 3 de noviembre sería un día decisivo para su futuro y el de sus familias, pues un posible cambio de la administración no solo podría concederles más tiempo en el país, sino una vía a la residencia permanente.
El expresidente Joe Biden plantea revertir las políticas que llevaron a la separación de familias inmigrantes -que considera “una vergüenza nacional”- a la vez que procura distanciarse la elevada cifra de deportaciones que realizó el gobierno de Barack Obama. Para entonces los defensores y activistas llamaron al presidente el “deportador en jefe”.
Biden expresó en el último debate que proyecta proponer al Congreso una reforma migratoria que abra el camino a la ciudadanía a inmigrantes que han vivido durante años en el país como parte de una plataforma para lograr que el país restaure su “posición moral en el mundo y (su) papel histórico como lugar seguro para refugiados y solicitantes de asilo”.
Asimismo, el exvicepresidente propone limitar el uso de programas que fuerzan a las autoridades dentro de cada estado a cooperar con la policía migratoria.
Si el presidente Donald Trump gana la reelección, los activistas y defensores vaticinan que los ‘tepesianos’ permanecerán en los Estados Unidos como inmigrantes indocumentados, algo que los llevará a sobrevivir en las sombras y al borde de deportación. O bien, algunos optarán por retornar a los países en los que no han estado desde hace décadas y que, en muchos casos, se encuentran empobrecidos y a merced de la violencia.
Pero también la economía de los estados se vería golpeada. Según New American Economy (NAE), los titulares del TPS pagaron más de $ 891 millones en impuestos y tenían casi $ 6 mil millones en poder adquisitivo para 2017. Además, como la mayoría de los inmigrantes, emprendieron negocios a tasas más altas que los estadounidenses nativos. Asimismo, representan la fuerza laboral de industrias clave, desde la construcción hasta la hostelería. Aproximadamente 130,000 titulares de TPS son trabajadores esenciales, solo 11,600 de ellos trabajan en el cuidado de la salud.
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