El presidente de Chile, Gabriel Boric, está golpeado. La propuesta de nueva Constitución que defendió como propia sufrió una derrota abrumadora en el plebiscito vinculante celebrado el domingo. El 62% de los chilenos que votaron rechazaron el texto con su papeleta y enterraron el trabajo de un año de una convención constituyente controlada por la izquierda. Boric debe ahora salvar el proceso, si pretende dejar un legado al final de su mandato, en 2026. Este lunes, convocó en La Moneda, la sede del Gobierno en Santiago, a los presidentes del Senado y Diputados para que dibujen una hoja de ruta hacia una nueva Convención.
La tesis oficial es que “el pueblo de Chile ya se definió por tener una nueva Constitución”, como dijo Boric la noche de la derrota, en referencia al consenso mayoritario de cambiarla. Si los chilenos rechazaron el texto presentado, el presidente defiende que habrá que redactar otro. Tiene para ello el apoyo de la derecha, que se avino, al fin, a enterrar la Constitución vigente, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Corre, sin embargo, con desventaja. Su derrota en las urnas ha sido tan amplia que deberá negociar cada punto del proceso.
Chile busca ahora un nuevo camino constituyente. En octubre de 2020, un 80% de los chilenos votó por redactar un nuevo texto. El país se encontraba aún encendido por las revueltas de octubre de 2109. Cuando se eligió la Convención, el resultado estuvo acorde a ese clima de agitación. La izquierda obtuvo la mayoría y la derecha quedó reducida al papel de espectadora de un proceso en el que no pudieron influir. El resultado fue un texto de perfil ecológico y feminista y una estructura institucional que reducía el poder del presidente y los organismos de control. El Senado era reemplazado por un órgano de menor jerarquía y se reconocía el carácter “plurinacional” de Chile. Los cambios fueron demasiados para una sociedad acostumbrada al centro y no tuvo el apoyo mayoritario que necesitaba.
Boric pretende ahora hacer borrón y cuenta nueva. Pero necesita convocar a la política tradicional, esa que atacó con vehemencia durante la campaña que le dio el triunfo. Cualquier propuesta de reforma debe pasar previamente por el Congreso. Son los diputados y senadores quienes definirán el perfil de la nueva Convención en asuntos como: la paridad de género, los escaños reservados a los pueblos indígenas y hasta la inclusión de independientes. “El presidente nos ha pedido que en el Congreso se inicie un diálogo que permita establecer un camino institucional para un nuevo proceso constituyente”, dijo el titular del Senado, el socialista Álvaro Elizalde. “Tenemos una segunda oportunidad; probablemente sea la última”, dijo su par de la Cámara de Diputados, Raúl Soto.
El Gobierno ya delineó cuál es el camino constituyente que defenderá. La portavoz de Boric, Camilla Vallejo, dijo que no habrá plebiscito de entrada ―se reconoce el mandato de aquel celebrado en 2020― con elección democrática de los integrantes de la Convención (es decir, descartando así un comité de expertos) y con paridad, una de las banderas de una Administración que se declara feminista. Es una apuesta tortuosa porque los partidos opositores, vapuleados por la derrota en las presidenciales del año pasado, se sienten ahora fortalecidos.
Este lunes, esos mismos partidos condicionaron su participación en el proceso a que el Gobierno, y el presidente, haga primero “una autocrítica” para “entender que el proceso de una izquierda radical ha sido rechazado”, dijo el senador Francisco Chahuán, titular de Renovación Nacional. Desde Evópoli, otra de las fuerzas de la derecha opositora, el diputado Juan Francisco Undurraga exigió “una genuina reflexión en relación a la derrota cultural que vivieron en el referendo”. “Vamos a honrar nuestra palabra, que fue dar a Chile una buena Constitución y no el texto que se puso a consideración de los chilenos” este domingo, dijo, remarcando que habría condiciones.
La autocrítica oficial no ha sido pública, pero se verá plasmada en un cambio de ministros que ya adelantó el presidente en un discurso el domingo, tras conocerse el triunfo del rechazo. Boric prometió dar “nuevos bríos” al Gobierno. En la lista de condenados hay dos figuras de su máxima confianza: la ministra de Interior, Izkya Siches, y Giorgio Jackson, el ministro a cargo de las relaciones con el Congreso y amigo de toda la vida del presidente. La dura realidad de las urnas abrirá la puerta a políticos tradicionales y con experiencia de gestión en los gobiernos de la Concertación que timonearon la transición democrática.
Los analistas políticos intentan ahora encontrar respuestas al varapalo. El debut del voto obligatorio pudo tener que ver. Cuatro millones de personas que nunca habían votado lo han hecho esta vez para evitar una multa. Ese electorado, que hasta ahora se había quedado en su casa, no confía en la política ni en los políticos y no debe sorprender que votasen por el rechazo. Sorprendente ha sido el resultado entre las comunas de menos recursos donde Boric arrasó en las presidenciales. “En los municipios populares de las grandes ciudades hubo mayor competencia entre el apruebo y el rechazo, especialmente en la región metropolitana, la de la capital”, dice Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca. “El apruebo necesitaba ganar en la región capitalina por cerca de 15 puntos y terminó perdiendo por más de 10. El voto popular le dio la espalda al texto constitucional. Las encuestas mostraban que los segmentos más pobres tenían altas tasas de indecisión, pero ahí hubo espiral de silencio: era un voto oculto para el rechazo”, explica.
El presidente chileno Gabriel Boric se reúne con su Gabinete en el palacio de La Moneda, en Santiago, Chile, el 5 de septiembre.GOBIERNO DE CHILE
Para Natalia González, directora del área constitucional del centro de pensamiento Libertad y Desarrollo, el resultado fue la derrota de “ciertos conceptos” defendidos por el arco progresista. El votante no le dijo no a un proceso de cambio ni a otros chilenos, sino que dijo, fuerte y claro, que esta propuesta constitucional ―asambleísta, que deja a las autoridades sin herramientas― no es lo que quieren”. Según González, los chilenos piden “reformismo, no una refundación”, como era el espíritu que los miembros de la convención dieron a la nueva Constitución.
La dispersión ideológica del electorado también explica parte del triunfo del rechazo. Los líderes de los partidos conservadores no participaron de la campaña y la dejaron en manos de movimientos ciudadanos. “Hay que dejar claro que esto no es un triunfo de la derecha, que aparece recién el domingo, una vez conocido el triunfo”, defiende Octavio Avendaño, académico de la Universidad de Chile. “El rechazo provino de sectores de centro y centroizquierda, que cuestionaron cómo se estaba conduciendo la convención. Son sectores que advertían de los riesgos de la eliminación del Senado o la extensión del texto con muchos flancos débiles. Todos tenían reparos, y eso jugó en contra de la promoción del nuevo texto”, explica.
Los promotores del apruebo tuvieron problemas para transmitir los contenidos del nuevo texto. La desinformación convenció a muchos votantes de que con la nueva Constitución perderían sus casas y hasta sus ahorros. La defensa del aborto legal caló entre los sectores católicos y el reconocimiento de los pueblos mapuches espantó el voto en el sur del país, donde arde el conflicto mapuche por el control de las tierras. En la Araucanía, epicentro de esa pelea, el voto por el rechazo rozó el 80%.
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