A finales de año habrá nuevas elecciones en CEOE y su presidente, Antonio Garamendi, afronta el tramo final de su mandato con marejada interna. Disgustó su defensa de los indultos a los políticos independentistas presos y su aproximación al Gobierno en algunas temáticas más económicas, como las de la ley rider sobre el trabajo de los repartidores o el salario mínimo interprofesional (SMI). Pero el culmen de ese descontento llegó en diciembre pasado con el acuerdo de la reforma laboral cerrado junto al Gobierno y los sindicatos. Las dos mayores organizaciones territoriales, la madrileña CEIM y la catalana Foment del Treball, y la mayor sectorial, la de la industria de la automoción, mostraron su rechazo al acuerdo con una abstención. Lo mismo sucedió con la agraria Asaja, mientras que otras organizaciones como Cepyme, pese a votar a favor, han mostrado sus discrepancias sobre si era un buen acuerdo.
Desde aquel pacto el ruido interno ha ganado en intensidad e incluso se han mantenido reuniones entre representantes patronales para sopesar la posibilidad de armar una candidatura alternativa. Diferentes fuentes señalan a Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment, como el participante más activo de esa campaña, con la intención de que Miguel Garrido, presidente de CEIM, pudiera encabezar esa lista. Esos intentos no han surtido efecto y la mayoría de las voces consultadas por este diario dan por hecho que ya no habrá alternativa electoral a Garamendi, que según los actuales estatutos podría optar a un nuevo mandato. Esgrimen básicamente tres motivos: no hay tiempo para montar una candidatura alternativa; no hay suficiente consenso y, sobre todo, la constatación de que esa división debilitaría la posición de la gran patronal ante las negociaciones que se tengan que llevar adelante este año con un Gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos y los sindicatos. Sobre todo cuando algunas de las asociadas han demostrado posiciones muy liberales y críticas con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Una persona de la cúpula sindical considera que, “pese al ruido no habrá nada más” porque a la gran empresa tampoco le interesa abrir tensiones empresariales cuando “lo que tiene que primar es la estabilidad”.
Justamente, el próximo tema que está sobre la mesa es el acuerdo de la negociación colectiva y el empleo, la hoja de ruta que marca los incrementos salariales que después tienen que trasladarse a los convenios colectivos. Con una referencia de la inflación en el 6,5% en 2021, las conversaciones no serán fáciles. Pero fuentes sindicales consideran que faltan por desarrollar también otros temas de la negociación laboral, desde el despliegue de temas digitales en el empleo como el reparto de los fondos de reestructuración.
“No es oportuno en este momento montar una crisis patronal”, señala uno de los miembros de la junta directiva de CEOE consultados por este diario. En su opinión, es una decisión que está descartada a no ser que en los próximos meses se empiecen a notar efectos nocivos de la reforma laboral. “Es de la única manera de que se anime alguien a dar el paso”, remacha. Desde CEOE prefieren no entrar en la situación en la que se encuentra la organización.
La mala relación existente entre Garamendi y Sánchez Llibre es uno de los motivos que explicarían, a tenor de otros miembros presentes en CEOE, el malestar interno. “Por como se ha reaccionado a determinadas intervenciones de CEIM y Foment parece que hay algo que supura”, explica el máximo responsable de una de las grandes organizaciones sectoriales, si bien admite que en el seno de CEOE tampoco hubo mucha contestación interna a la reforma laboral. Esos dos grandes territoriales se abstuvieron, mientras que Anfac votó en contra. Su presidente hasta hace pocas semanas, José Vicente de los Mozos, no ha escondido los motivos a esa negativa: cuando se le pidió a Garamendi el articulado del acuerdo, este no lo facilitó, por lo que apostaron por no ofrecerle su apoyo al no saber qué estaban apoyando. Otra de las patronales que no ha escondido su rechazo a ese pacto ha sido Cepyme, a través de su presidente Gerardo Cuerva.
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Pero tras las críticas al acuerdo se esconden otras cuestiones vinculadas a la presidencia. No acaba de agradar el perfil presidencialista de Garamendi o el hecho de que fichara a una exministra, Fátima Báñez, como presidenta de la fundación de la patronal. Algunas territoriales han manifestado quejas porque no tienen margen de maniobra y otros miembros de la ejecutiva lamentan que el presidente responda a los matices o a las críticas de sus propuestas con cajas destempladas. “Para que CEOE funcione tiene que admitir las críticas constructivas”, señalan desde una de las asociadas.
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