Genaro García Luna se ha declarado inocente en su primera comparecencia ante la Corte federal de Nueva York. Detenido hace apenas un mes por las autoridades estadounidenses, acusado de hasta cuatro cargos por corrupción y crimen organizado, la declaración exculpatoria del máximo jefe de la policía mexicana y señor de la guerra contra las drogas durante el Gobierno de Felipe Calderón, abre la puerta a un inminente juicio que se antoja de alto voltaje por los nombres de pesos pesados que pueda sacar a la palestra el exsecretario de Seguridad (2006-2012) en su estrategia de defensa.
Fue precisamente en este mismo juzgado de Nueva York donde sonó públicamente su nombre por primer vez durante el proceso contra Joaquín Guzmán, El Chapo. El hermano de Ismael El Mayo Zambada, Jesús El Rey Zambada, socio de Guzmán, declaró en una audiencia en febrero del 2018 que el cartel de Sinaloa había sobornado con pagos millonarios a García Luna al menos en dos ocasiones.
Acostumbrado a los trajes caros, las Harley Davidson y los Mustangs, García Luna escuchó este viernes con grilletes en los tobillos, pálido y desaliñado, los cargos que le imputa el Departamento de Estado estadounidense. Está acusado de ser el brazo del Gobierno que facilitó al cartel más poderoso del mundo operar con impunidad en México, incluyendo los cargos contra el alto funcionario de distribución y posesión de cocaína, además de declaraciones falsas ante agentes del Servicio de Aduanas e Inmigración.
El primer soborno, según Zambada, fue de tres millones de dólares y se produjo en un restaurante en 2005. Por entonces, García Luna ya ocupaba un cargo de alta responsabilidad: director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) durante el Gobierno de Vicente Fox (de 2000 a 2006). Dos años después, ya al frente de la secretaria de Seguridad Pública, se produjo otro pago de entre tres y cinco millones de dólares.
Los sobornos tenían como propósito, siempre según la versión de Zambada en el juicio, conseguir que se nombrara como jefe de la policía en Culiacán a una persona de confianza del cartel, para así “tenerlo en su bolsillo”. Una versión que fue confirmada por la investigación policial estadounidense centrada en García Luna, al detallar que el pago de sobornos fue confirmado por “muchos testigos”, además de constatar que la relación criminal entre el político y el cartel se prologó en el tiempo: fueron “decenas de millones de dólares en sobornos durante varios años”.
Como secretario de Seguridad Pública, García Luna fue uno de los máximos responsables de la estrategia emprendida en 2006 por el Gobierno de Calderón para combatir al narcotráfico. La llamada guerra contra las drogas, la salida de los militares de los cuarteles para patrullar las calles mexicanas, se ha cobrado más 200.000 muertos y 40.000 desaparecidos.
Durante años, García Luna mantuvo línea directa con EE UU. Fue el artífice de la financiación estadounidense de la militarización de la seguridad pública mexicana. Bajo su dirección la Policía Federal creció de 5.000 a más de 35.000 agentes. Y llego a ser confidente de los embajadores de Washington. Todo con el objetivo de hacer frente a los delincuentes de los que hoy está acusado de amparar.
Al terminar el Gobierno de Calderón García Luna se mudó junto a su esposa a Miami, donde dirigía varias compañías de consultoría sobre seguridad junto a antiguos exfuncionarios del FBI, la CIA o la DEA. Hasta había comenzado los trámites para obtener la nacionalidad estadounidense. La Fiscalía estadounidense señala sin embargo que “informes financieros relacionados con el acusado que reflejan que al momento de su llegada a Estados Unidos, en 2012, había amasado una fortuna personal que era incompatible con el salario de un funcionario público en México”.
En México, de momento, el caso comienza a tener ramificaciones. La policía financiera de Hacienda investiga la transferencia de 2.000 millones de pesos (105 millones de dólares) desde la Secretaría de Gobernación (Segob) hacia una empresa relacionada con Genaro García Luna. Cinco funcionarios de su círculo cercano también están siendo investigados.
El juicio que se avecina, la próxima vista es el 21 de enero, quizá no vaya a ser tan mediático como el de El Chapo, pero puede arrojar nueva luz a la corrupción política de México y escribir una nueva narrativa sobre los años de plomo en el país.
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