Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron mas de 17 años en la cárcel sin sentencia, exigieron al presidente a Andrés Manuel López Obrador que no haya “más penas sin culpa”, ante el apoyo del mandatario por la prisión preventiva oficiosa.
“Nosotros tampoco creemos ni confiamos en jueces, pero siempre será mejor la prisión preventiva revisada y establecida en audiencia pública, con pruebas, que en la oscuridad de galeras o en la barandilla del Ministerio Público”, declararon en un videomensaje emitido en conjunto.
García Rodríguez y Alpízar Ortiz denunciaron este viernes que la prisión preventiva oficiosa “es un gran negocio para policías y fiscales corruptos” y recalcaron que la medida ha colocado a los detenidos y sus familias en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Igualmente, reiteraron que fueron víctimas de la prisión preventiva oficiosa y aseguraron que les “fabricaron delitos”. Por último, solicitaron al presidente López Obrador que se convoque a una consulta con especialistas, legisladores y familiares de víctimas.
“Compartimos su preocupación por la inseguridad que se vive en el país, pero nos preocupa también que casi 100 mil mexicanos se encuentren en prisión preventiva sin sentencia”, señalaron a López Obrador.
García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz permanecieron detenidos en prisión preventiva por más de 17 años, antes de que recibieran una sentencia. Ambos fueron detenidos sin una orden judicial y solo conocieron los cargos que se les imputaban 45 y 34 días después de estar privados de su libertad, respectivamente.
El pasado 26 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) comenzó el análisis de su expediente por el uso indiscriminado de la prisión preventiva oficiosa o automática contra personas imputadas por un delito y la violación a los derechos humanos. Luego de la audiencia pública, la CoIDH podría tardar hasta ocho meses en emitir una sentencia.
La prisión preventiva oficiosa fue establecida en 2008 y es una medida cautelar que estipula que toda persona que sea vinculada a proceso por alguno de los 16 delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución, deberá de ser privada de su libertad, con el objetivo de que no se dé a la fuga y se pueda garantizar su comparecencia ante un juez.
El 24 de agosto, el gobierno mexicano solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener la figura de prisión preventiva oficiosa, ya que aseguró que generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura.
El ministro de la SCJN, Luis María Aguilar, presentó un proyecto que se discutirá este mes, para revertir una reforma aprobada por el Congreso en 2019 y anular la prisión preventiva oficiosa en el país, ya que considera que se viola el principio jurídico de presunción de inocencia.
Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que tienen como fondo preservar la impunidad y la corrupción. Consideró que permitirán la liberación de criminales con argumentos legalistas, pero sin tomar en cuenta la impartición de justicia.
Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró este viernes durante la conferencia de prensa matutina que la medida protege a la víctima y a su familia del agresor, evita que presuntos delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia y que amenacen o atenten contra testigos.
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En contraste, las periodistas Analucina Garza y Patricia San Juan, del Programa Prensa y Democracia (Prende) de la Universidad Iberoamericana, sostuvieron durante entrevista en Aristegui en Vivo que han incrementado las personas en la cárcel a raíz de la ampliación el catálogo de delitos por los que se impone esta medida.
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La discusión sobre prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte de Justicia está agendada para el próximo lunes 5 de septiembre.
De acuerdo con el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta junio de 2022 había más de 92 mil personas en las cárceles sin sentencia.
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