El Grupo de Investigadores Expertos Independientes (GIEI) se irá definitivamente de México el próximo mes, según la postura de sus dos integrantes, Carlos Beristáin y Ángela Buitrago, informó el diario español El País.
Con esto, dejarán el caso Ayotzinapa tras varios desencuentros con el Ejército y luego de haber presentado su quinto informe sobre la desaparición de los estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos.
En ese informe, los expertos señalaron que el Ejército esconde información de manera deliberada sobre el caso. Durante la presentación de sus hallazgos, los expertos reafirmaron que las fuerzas castrenses les habían dicho que ciertos documentos y registros no existían, incluso después de que el GIEI los hubiera obtenido.
En un caso, el Grupo comentó que había encontrado las transcripciones de las llamadas telefónicas interceptadas en los archivos militares. Cuando se le preguntó por ellas, dijo que la Sedena había respondido que no interceptaba ni controlaba las llamadas y que la información no existía.
De acuerdo con El País, el equipo del GIEI denunció que, en mayo de 2022, alguien al interior del Ejército concentró esta información y la movió de los archivos donde el GIEI pensaba que podría encontrarlos.
Tras la presentación del quinto informe, el grupo de expertos señaló que acordaron con el gobierno federal extender la función del GIEI tres meses más.
“Beristain y Buitrago acaban mandato el 31 de julio y no tienen intención de volverlo a renovar, según fuentes cercanas al grupo”, señaló el diario.
Las relaciones entre el GIEI y el gobierno federal se han desgastado desde por lo menos agosto del año pasado. En ese entonces, las presiones del fiscal general, Alejandro Gertz, para que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) acelerara sus trabajos, provocó un enfrentamiento con el entonces titular de la unidad, Omar Gómez Trejo, recordó El País.
Gómez Trejo encabezó la UEILCA desde junio 2019 y dejó el puesto en septiembre de 2022 luego de que la Fiscalía General de República (FGR) se desistiera de 21 de las 83 órdenes de aprehensión solicitadas por la unidad que estaba a su cargo.
En una conferencia de prensa, el 29 de septiembre de 2022, los integrantes del GIEI afirmaron que existe una intromisión de Alejandro Gertz Manero en el trabajo de la unidad especial, violando la autonomía de quien fue su titular, Omar Gómez Trejo, y pasando por encima de los derechos de al menos tres mujeres que estaban llevando el caso con profesionalismo en su calidad de ministerios públicos.
Angela Buitrago explicó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) y la Visitaduría Interna de la propia FGR, despojaron a la UEILCA de varias carpetas de investigación relacionadas con la desaparición de los normalistas y las irregularidades que se habían cometido para construir la “mal llamada verdad histórica”.
En noviembre, tras sostener dos reuniones con el presidente López Obrador, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes hizo un llamado urgente al gobierno federal y a la Fiscalía General de la República para “reconducir y fortalecer la investigación” sobre el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
En conferencia de prensa en la que confirmaron las inconsistencias detectadas en el informe que presentó la Comisión para el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) el 18 de agosto de 2022, el GIEI anunció que dos de sus integrantes se retirarían del caso, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox; mientras que los otros dos, Angela Buitrago y Carlos Martin Beristain se quedarían para dar seguimiento a las investigaciones y seguir buscando la verdad para las familias.
En este marco, los expertos del GIEI defendieron las judicializaciones que promovió el ex fiscal del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, contra presuntos implicados en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas, ya sea por acción u omisión.
En mayo de 2023, se dio a conocer que Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, fue espiado con Pegasus durante la actual administración.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificó como hechos gravísimos la intercepción de comunicaciones de personas vinculadas con el caso Ayotzinapa.
Los investigadores independientes afirmaron que las instituciones del Estado siguen permitiendo la utilización del programa espía.
Esto se suma, recordó el GIEI, a la “ya conocida interceptación y espionaje de las comunicaciones de los padres de los 43 desaparecidos, y de las víctimas del caso, de abogados representantes de las víctimas del PRODH y de otras personas”.
Concluyeron que la evidencia apunta que hay un interés para afectar a las “personas que representan los derechos de los padres y madres, y la esperanza de la justicia”.
Source link