Sandra Ortega, primogénita de los cofundadores del imperio Inditex, Amancio Ortega y Rosalía Mera, se ha visto este miércoles las caras con el exgestor de su fortuna al que acusa de apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental. Ortega y José Leyte han acudido al Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña, que investiga una de las dos querellas que la empresaria ha interpuesto contra el que fue hombre de confianza de su madre, Rosalía Mera. Estaba previsto que declarase el investigado y también la denunciante como testigo, pero lo que Leyte ha contado sobre la supuesta falsificación de la firma de quien fue su jefa ha dado un giro al caso. Ortega se ha quedado a las puertas de la sala sin poder dar su versión, ya que corría el riesgo de que sus palabras tuvieran consecuencias penales y no estaba asistida por un abogado.
Leyte ha admitido ante la jueza que la empresaria no es la verdadera autora de varias de las firmas con su nombre que rubrican los documentos con los que accedió a avalar préstamos a Room Mate, la firma hotelera del madrileño Kike Sarasola en la que Ortega tiene una participación del 30% a través de Rosp Corunna, el gran holding familiar que en 2019 cuantificaba su patrimonio neto en 6.300 millones de euros. Se trata de diversas cartas de garantía con las que Ortega se ofreció a responder con su fortuna a los eventuales impagos de los créditos bancarios solicitados por Room Mate. Según explican fuentes de su defensa, el exgestor ha desvelado que algunas de las imitaciones las hizo él y otras, un empleado de Rosp Corunna. Pero, ha subrayado, siempre lo hizo con la “autorización” de Ortega.
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El abogado de Leyte sostiene que diversa jurisprudencia establece que “una firma imitada con autorización no es falsificación”. En el interrogatorio ante la jueza, el exgestor de la fortuna de la fallecida Rosalía Mera y de su hija y heredera Sandra Ortega ha desvelado que conserva mensajes de WhatsApp que demuestran que imitar la rúbrica de Ortega con su consentimiento era “una operativa habitual” en Rosp Corunna.
La declaración de Leyte ha puesto en guardia a los bancos que otorgaron los créditos a Room Mate con el imponente aval de la fortuna de Ortega y que se han personado en la causa como perjudicados por los impagos de la empresa de Sarasola. Sus letrados han pedido la suspensión de la vista porque, según varias fuentes presentes en la sala, han alertado de que, tras las palabras del exgestor, podrían derivarse responsabilidades penales de algunas de las preguntas que iban a plantearle a la hija de Amancio Ortega. Por una cuestión de garantías procesales, se ha decidido que la multimillonaria, que esperaba su turno para intervenir como testigo y, por tanto, sin abogado, no debía declarar. Los bancos estudiarán ahora si emprenden acciones legales contra ella.
La vista se ha suspendido, pues, sin que Ortega pudiera exponer su versión y desde Rosp Corunna también han declinado valorar lo ocurrido. La jueza ha abierto ahora un plazo para que las partes presenten alegaciones y los bancos personados decidan si dirigen o no acusaciones contra la empresaria. La defensa de Leyte estudiará qué pruebas aportan para demostrar que la también accionista de Inditex autorizó la imitación de su firma en los documentos que se remitieron a las entidades financieras para que Room Mate accediese a créditos. El exgestor de la fortuna de Ortega niega que ella desconociese la existencia de esas cartas de garantía como esgrime en su querella contra él.
La denuncia penal por el apoyo financiero que durante 12 años dio Rosp Corunna a la fallida Room Mate no es la única que afronta Leyte. Ortega ha presentado contra su exgestor otra querella por apropiación indebida. Lo acusa de cobrar a sus espaldas más dinero del debido. La defensa de Leyte replica que su remuneración estaba especificada claramente en la memoria de las cuentas anuales de la sociedad.
Las dos querellas las interpuso Ortega después de que Leyte, despedido en noviembre de 2020, presentase una demanda contra ella por el finiquito. El juicio se celebró el pasado junio, pero aún está pendiente de sentencia. La batalla judicial entre quienes manejaron juntos durante siete años uno de los mayores patrimonios de España va para largo.
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