HOUSTON – El gobierno del presidente Biden anunció este lunes una propuesta encaminada a preservar y fortalecer el programa de Acción Diferida para Menores de Edad, conocida como DACA, la cual a partir de este martes podrá ser comentada por la comunidad por un espacio de 60 días.
De acuerdo con el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, la propuesta de la “administración Biden-Harris tiene como objetivo proteger a los Dreamers y reconocer sus contribuciones al país”.
El principal objetivo de la medida es blindar a los beneficiarios de DACA de la deportación, así como responder a algunos de los cuestionamientos hechos por el juez federal de Texas Andrew Hanen, quien el pasado mes de julio sentenció que programa era ilegal y bloqueó la cobertura bajo el programa de nuevos solicitantes.
Esto llevó a que el Departamento de Justicia apelara el fallo ante una corte de mayor nivel a principios de este mes.
Otro de los principales cambios tiene que ver con la posibilidad de que los solicitantes de DACA tengan la opción de pedir o no una autorización de trabajo con el finde ser protegidos de la deportación.
Si la desean, tendrán que pagar un monto de $85. Hoy en día, el permiso de trabajo para los Dreamers no tiene costo alguno.
Según el análisis del Departamento de Seguridad Nacional, el gobierno podría recibir hasta $483 millones por concepto de las solicitudes de permiso de trabajo de los Dreamers.
Los trámites para la ciudadanía en los Estados Unidos están tomando más tiempo de lo habitual y esto ha afectado a los solicitantes que buscan completar el examen médico de inmigración requerido. De acuerdo al Departamento de Ciudadanía y Servicios Migratorios de EEUU, este es solo un cambio temporal.
Así mismo contempla que si una persona le es retirado el beneficio de DACA, automáticamente pierde su posibilidad de trabajar, un vació contemplado en la actual norma, ya que el permiso de trabajo establece una vigencia sin tener en cuenta el estatus del Dreamer.
Bajo la actual norma, el beneficiario de DACA automáticamente está sujeto a la solicitud de permiso de trabajo, hecho que fue cuestionado en el fallo de Hanen.
El juez federal de Texas criticó el hecho de que este programa tendría que haberse emitido a través de una regulación federal que contemplara la opinión del público y no de un memorando del Departamento de Seguridad Nacional tal y como fue emitida en 2012 por la administración Obama, lo cual se corregiría con la propuesta que se oficializará este martes.
El gobierno deja en claro que una solución definitiva a la situación de los Dreamers pasa por la aprobación de un estatus permanente por parte del Congreso en Washington de los cerca de 600,000 beneficiarios.
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