El gobierno federal informó este jueves que busca llegar a un acuerdo con el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, “que sea satisfactorio para ambas partes”, luego de que comenzaran una huelga por desacuerdos sobre el nuevo contrato colectivo, que los directivos defienden con el argumento que evitará la quiebra.
El Nacional Monte de Piedad es la mayor casa de empeños de México y la institución financiera más antigua de América.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad de Empresas de Préstamo Prendario y Servicios Financieros, están agremiados alrededor de 2 mil 500 personas.
La huelga estalló en las 300 sucursales del Nacional Monte de Piedad. Esto dentro del contexto de un conflicto iniciado en 2021 en el que, a pesar de los avances obtenidos con la intervención solicitada a las autoridades laborales, las partes no han podido acordar una solución definitiva.
Durante la revisión salarial de 2021, la institución manifestó estar experimentando una crisis económica que amenazaría su viabilidad en el mediano plazo por lo que, como condicionante para obtener viabilidad económica y para poder otorgar un incremento salarial, impulsó la terminación individual y colectiva de las relaciones de trabajo y de las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo de trabajo.
Luego de diversas pláticas conciliatorias, el sindicato manifestó que no existía información fiable que indicara que la Institución atravesara por una crisis financiera y optó por desistir del emplazamiento a huelga presentado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), renunciando con ello a la demanda de aumento salarial.
En el año 2022, la institución promovió ante la JFCA un conflicto colectivo de naturaleza económica, sustentando su reclamación en peritajes propios, por lo que insistió en modificaciones sustantivas a las condiciones laborales además de iniciar el cierre de múltiples sucursales, lo cual resultó en más de 300 trabajadores rescindidos.
Por su parte, el sindicato presentó un emplazamiento a huelga por revisión integral, mismo que fue archivado por la Junta. Con todo ello, se acumularon 2 años sin aumento salarial como resultado del conflicto.
Nuevamente para el año 2023, la institución y el sindicato solicitaron la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). En esta fase se buscó contar con mejor información sobre la situación financiera que vive la institución, misma que se obtuvo a través de despachos contratados por cada una de las partes.
Con los escenarios financieros definidos, en agosto de 2023 se acordó iniciar una ronda intensa de mesas de diálogo en la que se buscó acercar las posturas de las partes en una agenda de 13 temas del contrato colectivo de trabajo.
En el transcurso de las mesas de diálogo, se alcanzaron importantes acuerdos como un reajuste a 1,950 plazas mediante mecanismos de jubilaciones y liquidaciones potenciadas voluntarias, respetar las jornadas de 40 horas semanales previstas en el mismo Clave de Centro de Trabajo (CCT), abrir sucursales en domingo bajo acuerdo con el sindicato, modificaciones al régimen de pensiones, aumento salarial del 18%, mantener intactas la mayoría de prestaciones, reinstalación de despedidos, propuestas de convenios para rescindidos, etc.
Sin embargo, a pesar de los múltiples intentos para seguir avanzando, conflictos ajenos a la mesa y la distancia de las posturas de la institución y el sindicato dificultaron el diálogo y la toma de acuerdos; por lo que, de manera voluntaria, las partes solicitaron en noviembre a la STPS dar por concluidas las mesas de negociación y realizar una propuesta de convenio, misma que sería llevada a votación ante sus respectivos órganos de decisión.
Durante este periodo, las partes habían acordado ante el Tribunal Federal de Asuntos Colectivos solicitar diversas prórrogas al emplazamiento a huelga por revisión salarial de este mismo año en vista de los avances conseguidos con apoyo de la STPS. La última prórroga de 2023 se otorgó a solicitud del sindicato el 20 de diciembre, la cual tenía el primer minuto del 30 de enero de 2024 como fecha del estallamiento.
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El mismo 30 de enero, la STPS entregó la propuesta de convenio de manera formal al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y al Tribunal Laboral; quienes iniciaron nuevas sesiones de conciliación que han buscado concretar finalmente un acuerdo. Durante esta nueva etapa de negociación se han otorgado nuevas prórrogas, la última de ellas hasta el pasado 15 de febrero de 2024 como fecha de estallamiento.
A pesar de intensos meses de negociación y de haberse alcanzado acuerdos en temas sensibles, el sindicato y la institución no alcanzaron un acuerdo, lo que llevó al estallamiento de la huelga.
La STPS y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral manifestaron su voluntad para dar continuidad a los esfuerzos de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes, y que le dé viabilidad a una institución de asistencia privada con más de 246 años de historia y con una presencia y significado tan relevante en la vida de las y los mexicanos.
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