El analista político Sergio Aguayo observó que el gobierno de López Obrador ya “le agarró el gusto a las denuncias”; sin embargo, advirtió que esto desatará enfrentamientos y antagonismos con grupos específicos, como la comunidad científica, que fue acusada de mafiosa.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe reforzar la autonomía de los órganos reguladores, en beneficio de los ciudadanos y consumidores, coincidieron la politóloga Denise Dresser y el historiador Lorenzo Meyer.
En la Mesa Política de #AristeguiEnvivo, la politóloga comentó que “hubo un momento en que los partidos empezaron a descubrir que la autonomía no les gustaba, que era muy latosa, por lo que empezaron a colonizar a los organismos reguladores con personajes que eran incondicionales, con perfiles partidistas, de cercanía”, y por eso actualmente existe “un paquete de claroscuros”.
“Vemos por un lado a un Ifetel que sí se ha enfrentado con frecuencia a Carlos Slim, vemos una mayor competencia en el ámbito de las telecomunicaciones por decisiones regulatorias, vemos a una Comisión Reguladora de Energía que sí ha buscado en diferentes instancias promover la competencia”, abundó.
En ese sentido, consideró que es cuestionable que, en lugar de fortalecer la autonomía, el gobierno de López Obrador intente acabar con los órganos reguladores, porque sería “desandar el camino” que nos ha beneficiado como ciudadanos y consumidores.
“Si había malos perfiles en la Comisión Reguladora de Energía pues a sancionarlos, excluirlos o inhabilitarlos, en función de la ley, no de un clima de linchamiento, y si vas a tratar de reformar la regulación, pues hacerla más autónoma, no subordinarla a los intereses del Estado o del gobierno, que no son necesariamente los intereses de los ciudadanos y los consumidores”, indicó.
Recordó que la semana pasada, los aspirantes a integrar la Comisión Reguladora de Energía, enviados por Rocío Nahle, no sabían lo básico sobre la entidad regulatoria de la cual iban a formar parte.
“Eso manda dos mensajes: el primero, ‘no nos interesa la regulación, no nos interesan los contrapesos, aquí las decisiones las vamos a tomar nosotros de forma centralizada y vamos a colocar a los nuestros para que firmen, para que le hagan como que regulan, pero que en realidad no van a regular’, y el segundo, es ‘no nos importa el perfil técnico de quiénes van a ocupar estas dependencias, nos importa la lealtad política, que sigan nuestras instrucciones’, y por eso ha sido tan controvertida la reforma a la ley de Pemex”, añadió.
Por su parte, el analista político, Sergio Aguayo sostuvo que a medida de que avanza este sexenio observa un regodeo con la denuncia.
“Salen, lanzan las acusaciones, se dice que se informará a alguna autoridad, no se dice cuál, y luego no pasa aparentemente nada. Vienen las declaraciones de los acusados, que tampoco presentan demasiada evidencia, dicen ‘yo no lo hice’ y se acabó, lo cual queda palabra contra palabra”, afirmó.
El también académico notó en una franja del lopezobradorismo “un menosprecio por el conocimiento, por la información que sustenta la acusación”.
Si bien señaló que millones de mexicanos están de acuerdo en limpiar la corrupción, hacer acusaciones sin mostrar pruebas es muy peligroso para un gobierno.
“Están encontrándole el gusto a la denuncia, y a este paso, va a haber enfrentamientos y antagonismos con grupos muy específicos, como la comunidad científica, por ejemplo, acusada injustamente de mafiosa”, agregó.
Mientras tanto, el historiador Lorenzo Meyer añadió que la duda que se tiene de los organismos autónomos es casi natural, “porque vienen de ese sistema donde no había espacio para la autonomía“.
En ese sentido, coincidió con Dresser en que es necesario hacerlos reales, porque una democracia necesita contrapesos.
Por otra parte, consideró que mandar a personas que no tienen el conocimiento especializado a la CRE fue un error.
“Debería de haber en ese universo de posibles personajes alguien que sí conozca de energía, de regulación y mandarlo ahí para rehacer la Comisión. Realmente es un poco penoso ver a las gentes que fueron enviadas“, abundó.
Sobre la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, de entregar los recursos del Programa Estancias Infantiles de manera directa, la politóloga dijo que siente un “déjà vu”, porque era el discurso de Carlos Salinas en los 90’s.
“Nació el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), que usaba un discurso muy similar: ‘esta va a ser la forma en que los recursos lleguen directamente a las personas y así podemos saltarnos la intermediación democrática, es una forma de combatir la corrupción’”, recordó.
En ese sentido, advirtió que existe “el riesgo de la construcción de una base clientelar, el uso politizado de los recursos, o lo que sucedió con Pronasol, que vino a ser el nuevo PRI”.
Si bien Dresser no descartó que hay madres que estén conformes con recibir el apoyo directo, “eso no debería exhimir al Estado de responsabilidad que tiene de crear instituciones para las madres o quienes no tienen el recurso de la abuela”.
Meyer opinó que las estancias infantiles son necesarias debido a que ahí socializan los niños, lo cual no pueden hacer de la misma manera en su hogar.
“No veo que se haya dicho que ‘ya no va a haber estancias infantiles’, lo que está diciendo es que esas estancias requerían que los padres pagaran al menos parte del costo, que ahora ellos tienen el dinero y van a poder elegir entre una estancia u otra ‘. ¿A la larga se necesitan? Sí, no hay realmente sustituto a una estructura que cuide a los niños mientras las madres trabajan“, sostuvo.
El miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sentencia de un tribunal federal que declaró ilegal e indebida la conclusión del contrato que MVS firmó con la periodista Carmen Aristegui, así como su salida de la radio ocurrida el 15 de marzo del 2015.
Al respecto, la politóloga refirió que a cambio del despido de Aristegui, MVS “recibieron jugosos beneficios”: renovaciones en sus concesiones, contratos de publicidad oficial y la capacidad de revender el espectro radioeléctrico que tenía sin licitarlo.
“Seis millones fue el reembolso por su cabeza. Vemos este uso de lo que es un bien público, el espectro radioléctrico, para premiar a un concesionario, por hacerle el trabajo sucio a un presidente que se sintió incomodado por las revelaciones de la Casa Blanca”, anotó.
En tanto, Aguayo cuestionó si habrá impunidad en este caso o intervendrá de oficio la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), para proceder a esclarecer y castigar a los responsables.
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