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Gobierno de Biden rechaza intención de Texas de bloquear suspensión de deportaciones


HOUSTON – La administración Biden rechazó el intento del estado de Texas por poner un freno al decreto que suspende las deportaciones durante los primeros 100 días de gobierno del actual mandatario.

En un memorando radicado en la Corte Federal del Sur de Texas, el Fiscal General encargado, Bryan Boynton, señaló que el Memorando de Entendimiento firmado por la administración Trump con el estado de Texas 12 días antes de la posesión de Joe Biden “es inválido y de no obligatorio cumplimiento”.

Según el Departamento de Justicia, la rama ejecutiva y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) “no pueden ceder el control sobre las leyes federales de inmigración a Texas”.

El gobierno federal agrega -en un memorando enviado a la Corte- que tiene la amplia potestad “para determinar sí y cuándo deportar a determinados inmigrantes”.

La semana pasada, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, radicó la demanda con la que busca frenar el decreto emitido el primer día del gobierno Biden.

Uno de sus argumentos es el memorando de entendimiento firmado con el gobierno Trump que señala que cualquier cambio a las normas de inmigración deben ser consultadas con las autoridades en Texas y debe ser bloqueada por un lapso de 180 días si el estado no está de acuerdo con ellas.

Según el Departamento de Estado, “esta Corte debe rechazar este intento de debilitar el poder pleno del gobierno federal con respecto a la inmigración y debe negar la Orden de Restricción Temporal” que busca Texas.

Este lunes, el juez federal Drew Tipton, del Distrito Sur de Texas, llevó a cabo una teleconferencia en la que le pidió al gobierno del presidente Biden más información que argumente el decreto presidencial antes de tomar una determinación sobre la procedencia de la Orden de Restrición Temporal solicitada por Paxton.

Esta medida es apoyada, también por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ha dicho que se opondrá a cualquier decisión de la nueva administración que ponga en riesgo a los ciudadanos de su estado.


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