Un exfiscal anticorrupción salvadoreño dijo que el gobierno del presidente Nayib Bukele canceló la investigación de su unidad sobre sus supuestas negociaciones con pandillas para ayudar a expandir su poder, mientras Estados Unidos aumenta la presión sobre el país centroamericano por esas conversaciones.
Germán Arriaza, quien encabezó una unidad anticorrupción dentro de la oficina del fiscal general, dijo que su equipo recopiló evidencia documental y fotográfica de que el gobierno de Bukele llegó a un acuerdo con la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en 2019 para reducir las tasas de asesinatos y ayudar al partido gobernante Nuevas Ideas a ganar las elecciones legislativas en febrero.
Los comentarios de Arriaza marcan la primera vez que un exfuncionario salvadoreño acusa públicamente a la administración de Bukele de hacer un trato con las pandillas, que han plagado al país con asesinatos y extorsiones en las últimas dos décadas.
El 8 de diciembre, el Departamento del Tesoro estadounidense también afirmó que las conversaciones se llevaron a cabo e impuso sanciones a dos funcionarios del gobierno salvadoreño que, según dice, las organizaron.
Estados Unidos está aumentando la presión sobre la administración de Bukele por lo que Washington dice que son prácticas antidemocráticas, como el debilitamiento del poder judicial.
Un grupo de trabajo del Departamento de Justicia de Estados Unidos que combate el crimen de la MS-13 en Estados Unidos está preparando cargos contra los dos funcionarios salvadoreños por su presunto papel en las negociaciones, dijeron dos fuentes a Reuters este mes.
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El gobierno destituyó a Arriaza de su cargo en mayo de 2021, según su aviso de transferencia que fue visto por Reuters, luego de una purga llevada a cabo por el Congreso -donde Bukele tiene amplia mayoría- que destituyó a cinco jueces y al fiscal general, quienes fueron reemplazados por leales al Gobierno.
Arriaza, una fuente de la Fiscalía General de El Salvador y dos funcionarios de la justicia estadounidense dicen que la investigación terminó entonces. Temiendo represalias por parte del gobierno salvadoreño por iniciar la investigación, Arriaza dijo que se exilió de inmediato y los miembros de su equipo, conocido como Grupo Especial Antimafia (GEA), se exiliaron o fueron trasladados.
“Nuestras investigaciones fueron las razones que llevaron al gobierno a disolver el organismo anticorrupción”, dijo Arriaza desde un lugar fuera de El Salvador que le pidió a Reuters que no revelara.
La oficina de prensa de Bukele y la oficina del Fiscal General no respondieron solicitudes de comentarios sobre el trabajo de Arriaza y el destino de su investigación. El presidente ha negado con frecuencia los informes de los medios y las acusaciones de la oposición de que negoció una tregua con las pandillas.
La unidad de Arriaza elaboró un informe de una investigación que comenzó en 2020 a partir de escuchas telefónicas, imágenes de cámaras de seguridad, fotografías y documentos incautados que, según él, muestra cómo el viceministro de Justicia, Osiris Luna, y otro funcionario, Carlos Marroquín, ingresaron a las cárceles para negociar una tregua con las pandillas.
El Departamento del Tesoro ha hecho acusaciones similares.
Arriaza dice que su unidad encontró que Luna y Marroquín, el jefe de una agencia de bienestar social del Gobierno, ofrecieron a las pandillas mejores condiciones carcelarias, dinero y otros beneficios a cambio de que redujeran las tasas de homicidio y dieran apoyo electoral al partido de Bukele en las elecciones legislativas de febrero.
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Reuters obtuvo una parte del informe de 129 páginas independiente de Arriaza. Funcionarios estadounidenses confirmaron que el documento, publicado por primera vez por el medio de comunicación salvadoreño El Faro en agosto, es auténtico.
Luna y Marroquín no respondieron a repetidas solicitudes de comentarios y Reuters no pudo encontrar ningún representante legal suyo.
Las sanciones de Estados Unidos contra ambos aumentaron las tensiones existentes entre El Salvador y Washington, que ve a Bukele como cada vez más autoritario.
Muchos miembros de la MS-13 han sido condenados por asesinato y tráfico de drogas en ciudades de Estados Unidos y varios de los líderes de la pandilla han sido acusados de terrorismo en el Distrito Este de Nueva York.
Funcionarios estadounidenses dicen que las pandillas han ordenado asesinatos en Estados Unidos desde el interior de las cárceles salvadoreñas.
Arriaza aseguró que estuvo bajo presión en mayo después de que el partido de Bukele ganara las elecciones, reemplazara al fiscal general y destituyera a los principales jueces.
Confesó que fue citado a una reunión el 5 de mayo con el nuevo fiscal general Rodolfo Delgado, quien le preguntó qué casos estaba llevando su unidad contra el gobierno.
Horas después de detallar sus investigaciones a Delgado, incluida la pesquisa sobre negociaciones con pandillas, Arriaza recibió una notificación por escrito, vista por Reuters, de que sería trasladado a la escuela de fiscales de El Salvador para servir como asesor.
Delgado no pudo ser contactado para hacer comentarios.
Arriaza sostuvo que se le prohibió acceder a su oficina, computadora y archivos inmediatamente después de la reunión del 5 de mayo y huyó del país el mismo día para vivir en el extranjero. Confesó que temía represalias del gobierno salvadoreño por las investigaciones de su equipo.
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“Fui fiscal durante más de 18 años, he procesado casos de corrupción en todo el espectro político (políticos, jueces, policías, pandilleros, narcos), pero esta es la primera vez que sentí que tenía que irme”, relató.
Bukele, uno de los líderes más populares de América Latina, ha procesado a miembros de gobiernos anteriores por negociar con las pandillas buscando respaldo político.
Los rumores de una tregua entre el gobierno de Bukele y las pandillas comenzaron cuando la tasa de homicidios cayó alrededor del 50% en el año posterior al que asumió el cargo, en junio de 2019. Bukele atribuyó la caída a sus políticas.
El informe obtenido por Reuters presenta transcripciones de los fiscales de supuestos mensajes de audio de los teléfonos de los pandilleros, demandas escritas a mano supuestamente de las pandillas y anotaciones en el libro de registro que detallan los presos que supuestamente se reunieron con funcionarios.
También describe los supuestos intentos de Luna de destruir pruebas de las reuniones en prisión.
Incluye imágenes de cámaras de seguridad que aparentemente muestran a Luna ingresando en varias ocasiones a dos cárceles acompañado de personas cuyos rostros estaban ocultos por un pasamontañas. Los investigadores identificaron a una de esas personas enmascaradas como Marroquín, según la presentación.
El informe también detalla las investigaciones sobre la malversación de fondos penitenciarios y el gasto ilícito durante la pandemia dentro de varios ministerios del gobierno. (Rts)
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