Dos integrantes del círculo de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador fueron detenidos en el sexenio del ex mandatario Felipe Calderón bajo señalamientos de presuntos vínculos con el narcotráfico, pero fueron absueltos por jueces y tribunales federales por falta de pruebas, así como por las contradicciones e inconsistencias de las acusaciones en su contra.
Además, fuentes cercanas a la defensa de los dos ex escoltas revelaron en 2013 que el gobierno de Felipe Calderón intentó convencerlos de vincular a López Obrador con el narcotráfico mediante las declaraciones de testigos protegidos como “Jennifer” y el ofrecimiento de esa misma figura jurídica para declarar en contra del actual mandatario.
Sin embargo, ambos colaboradores se negaron a colaborar con la Procuraduría General de la República (PGR) y rechazaron incriminar a López Obrador con el narcotráfico con declaraciones falsas o fabricadas, por lo que ambos fueron procesados por cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud.
Sin embargo, el Ministerio Público no logró comprobar sus imputaciones, por lo que al final ambos fueron liberados y absueltos de forma definitiva e inapelable.
Se trata del Teniente Coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y del civil Marco Antonio Mejía López, mismos que fueron escoltas de López Obrador en su campaña presidencial del 2006.
Hernández Soto formó parte de la escolta militar que comandaba el General Audomaro Martínez Zapata en la campaña del 2006, actual titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen) y su detención en el año 2012 ocurrió en el contexto de las acusaciones fallidas contra el General Tomás Ángeles Dauahare.
En tanto, Mejía López formaba parte del equipo de logística que dirigía Nicolás Mollinedo también en 2006, mismo que fue capturado en 2009 en el marco del asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones, el primer general asesinado en México por órdenes del crimen organizado.
Los dos ex escoltas de López Obrador fueron liberados en los primeros meses del 2013, derivado de múltiples inconsistencias en los testimonios de los testigos protegidos que declararon en contra de ambos.
En un reportaje del medio de investigación ProPublica, el periodista Tim Golden revela que según un testigo protegido de la DEA, el ex titular de Logística y ex chófer de Andrés Manuel López Obrador en las campañas presidenciales del 2006 y 2012, Nicolás Mollinedo, estaría vinculado con un posible financiamiento del narcotráfico a la primera campaña electoral del tabasqueño.
En el reportaje se señala que Mollinedo se reunió en abril y mayo de 2011 con Mauricio Soto Caballero, un operador financiero que era testigo protegido de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y que durante el encuentro el chófer de AMLO le expresó su preocupación por la detención de dos escoltas que habían estado en la campaña electoral del 2006 y de las presiones para que hablarán del financiamiento ilícito de esa época.
Sin embargo, en ese momento el único detenido era Mejía López, ya que la captura de Hernández Soto ocurrió hasta junio del 2012, una inconsistencia en la línea del tiempo trazada en la investigación de la DEA.
ProPublica también refiere que el gobierno de México decidió que un caso contra López Obrador “sería demasiado sensible políticamente antes de las elecciones de 2012”, pero fuentes cercanas a Marco Antonio Mejía López y Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto señalan que la PGR les pidió firmar declaraciones falsas contra el actual presidente de México, a lo cual se negaron.
La información de la que dispone Aristegui Noticias no indica si la averiguación previa en la que se pretendían incluir los testimonios contra López Obrador se referían al supuesto financiamiento ilícito de su campaña electoral en 2006 o a una imputación diferente relacionada con otro caso del crimen organizado.
Marco Mejía López, ‘El Puma’
El primer escolta de Andrés Manuel López Obrador en ser detenido fue Marco Antonio Mejía López, también conocido en el equipo de López Obrador como “El Puma” o ‘Puma,’ cercano en su momento a Nicolás Mollinedo.
Su captura se registró el viernes 20 de febrero del 2009 bajo los cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud, acusado de participar en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones, apenas unos días de haber sido nombrado asesor del alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez.
El asesinato del general y de dos personas más que lo acompañaban al momento de ser agredido se registró el 3 de febrero del 2009 en el estado de Quintana Roo y la PGR le imputó a Mejía López de trabajar para el grupo delictivo “Los Zetas”.
Sin embargo, la Jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede Nayarit, Laura Serrano Alderete, lo absolvió de manera definitiva el 31 de julio del 2013, por lo que fue liberado.
La sentencia del caso establece que la PGR no pudo demostrar la participación de Marco Antonio Mejía en el asesinato del general Tello Quiñones, ya que el Ministerio Público Federal no acreditó los supuestos vínculos del ex colaborador de López Obrador con el grupo delictivo “Los Zetas”.
El fallo señala que la acusación presentada por la PGR se construyó únicamente con en el testimonio de testigos protegidos, principalmente “Pitufo” y “Paco”, los cuales sólo aportaron datos sobre la existencia del grupo delictivo “Los Zetas”, pero sin vincular directamente a Mejía López con dicha organización criminal.
De hecho, el abogado de Mejía López, Rodolfo de la Guardia destacó que en el fallo, “la jueza determinó que los testigos colaboradores no mencionan directamente a Marco Antonio en ninguna de sus declaraciones y que tampoco se probó que él se haya incorporado o haya tenido un pacto con ese grupo criminal.
La PGR tampoco pudo acreditar que el ex escolta de López Obrador, en la calidad de director del penal municipal de Cancún que tenía al momento del crimen, haya permitido a “Los Zetas” tomar el control de dicho centro penitenciario y que dejó salir de la cárcel a una célula de presos vinculado a ese grupo delictivo para participar en el asesinato del General de Brigada, ocurrido en la carretera Cancún-Mérida.
“Hay señalamientos de la PGR en el sentido de que habría permitido el egreso de personas sujetas a proceso o internas en esa cárcel municipal, mismas que después de cometer ciertas conductas habrían regresado a la cárcel municipal, pero contrario a lo señalado en la acusación, mi cliente Marco Antonio probó de forma fehaciente que ninguna persona salió de forma ilegal mientras era director del penal y mucho menos que hubieran generado la comisión de un delito”, sostuvo.
Además, la defensa de Mejía López probó que uno de los testigos protegidos mintió, ya que dijo que su hermana había sido detenida y vejada dentro del penal, pero finalmente con papeles del registro civil se demostró que no tenía una hermana con el nombre dicho durante su declaración ministerial.
Silvio Isidro de Jesús, Teniente Coronel
El Teniente Coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto fue detenido el viernes 22 de junio del 2012, acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud por presuntos vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva que habrían ocurrido en marzo del 2007.
Al momento de su detención, el militar retirado estaba comisionado en la extinta Policía Federal en la que tenía grado el grado de Subinspector y fue procesado junto con los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, así como con el mayor Iván Reyna Muñoz.
La averiguación previa contra los mandos y oficiales castrenses se abrió el 17 de marzo del 2010 con una llamada anónima a la PGR, de un número que no se volvió a utilizar.
Las imputaciones contra los generales, el teniente coronel y el mayor se basaron en esa llamada anónima y en los testimonios de dos testigos protegidos: el abogado Roberto López Nájera, con nombre clave “Jennifer”; y el narcotraficante confeso, Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, a quién se le asignó el nombre de “Mateo” para proteger su identidad.
Los testimonios de “Jennifer” fueron presentados en una Zona Militar de Baja California el 2 de marzo de 2010 y el 23 de julio de 2011, es decir, cuando la DEA ya había logrado atrapar a Mauricio Soto Caballero para tratar de infiltrar la segunda campaña presidencial de López Obrador en 2012.
Ambos testigos manifestaron que los militares presuntamente sostuvieron reuniones con Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, del Cártel de los Beltrán, para dar protección a los cargamentos de droga que ese grupo delictivo traía a México por avión en vuelos provenientes de Centro y Sudamérica.
Sin embargo, de las declaraciones presentadas por “Mateo” y “Jennifer” no se desprendía que los militares hubieran aceptado los sobornos que supuestamente ofreció el Cártel de los Beltrán Leyva para que los generales y el teniente coronel les brindarán protección en el aeropuerto de Cancún.
En el caso de Hernández Soto, uno de los testigos en su contra, Leopoldo Vázquez o Polo Vázquez, jamás apareció.
Dicho testigo era el presunto enlace entre el Cártel de los Beltrán Leyva con el Teniente Coronel retirado, ya que Polo Vázquez habría sido la persona que puso en contacto al Teniente Coronel Hernández Soto con el testigo colaborador “Jennifer”.
En el testimonio de “Jennifer” contra el que fuera escolta de Andrés Manuel López Obrador en el 2006 se decía incluso que Leopoldo Vázquez o Polo Vázquez era un ex integrante del Ejército Mexicano, pero en las constancias del caso tampoco se encontraron registros en la Sedena de una persona con este nombre.
Además, la “La Barbie” negó dichos encuentros y posteriormente la propia PGR reconoció que no contaba con ninguna prueba para respaldar los dichos de sus testigos colaboradores, por lo que finalmente se desistió de las acusaciones penales en contra de todos los militares procesados.
Por todo lo anterior, todos los elementos castrenses, incluyendo al Teniente Coronel de Caballería Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, fueron liberados la madrugada del 5 de julio del 2013.
El Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México los absolvió de forma definitiva, por lo que quedaron libres de cualquier cargo.
El nexo con Nicolás Mollinedo
En su reportaje de ProPublica, el periodista Tim Golden revela que uno de los testigos principales del caso, el abogado Roberto López Nájera, conocido como “Jennifer” logró acercamientos con un integrante del equipo de campaña de López Obrador, Mauricio Soto Caballero.
Según la investigación periodística, “Jennifer” le dijo a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), que le entregó 2 millones de dólares a Soto para la campaña presidencial de López Obrador en 2006.
El capo de 28 años también reveló que el propio Soto Caballero le habría dicho que ese dinero se le entregó al entonces chófer y jefe de logística de López Obrador, Nicolás Mollinedo Bastar.
Por esa razón, la DEA quiso explorar a fondo dicha acusación y buscó infiltrar la segunda campaña presidencial del político tabasqueño en 2012.
Para cumplir con su plan, la DEA le tendió una trampa a Soto Caballero, quien aceptó resguardar cocaína para López Nájera, por lo que fue detenido en un viaje a Estados Unidos y aceptó convertirse en testigo protegido de las autoridades estadounidenses.
Tras comenzar a colaborar con la DEA, Soto Caballero aceptó reunirse con el chófer y jefe de logística de López Obrador, Nicolás Mollinedo Bastar, en dos ocasiones, para ofrecerle un soborno de 5 millones de dólares a cambio de incidir en los nombramientos de mandos policiacos y ministeriales. Ambos encuentros fueron grabados.
En la segunda reunión celebrada en mayo del 2011, Golden señala que Soto Caballero conversó más de una hora con Mollinedo. En la grabación del encuentro, Mollinedo aparentemente acepta estar al tanto de la entrega de los 2 millones de dólares y también expresó su preocupación “por la suerte de dos antiguos miembros del equipo de seguridad de la campaña, que habían sido encarcelados recientemente y podrían ser presionados para revelar lo que sabían de las contribuciones de los traficantes”.
La DEA también reportó que Mollinedo y Soto hablaron de las supuestas donaciones ilícitas del 2006 y que en ningún momento, el ex jefe de logística de López Obrador negó los hechos. “Nunca dijo, ‘No sé de lo que estás hablando,’ o ‘No conozco a ninguna de esas personas. Sin embargo, Golden también reconoce que tampoco dijo algo que fuera contundente para autoincriminarse.
No se dijo nada que lo exculpara, pero tampoco nada que ayudará a confirmar la conspiración para que el grupo delictivo fuera protegido.
En entrevista con ProPublica, Nicolás Mollinedo “negó haber aceptado jamás donaciones de narcotraficantes y rechazó la idea de que López Obrador toleraría nunca semejante corrupción”.
“No manejábamos dinero,” dijo Mollinedo, quién también dijo que los fondos del equipo de logística se reducían a gastos de transporte, gasolinas y otros pagos menores.
Ve la entrevista completa de Tim Golden:
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