El Gobierno de Argentina solicitó a las fuerzas de seguridad que determinaran cuáles fueron los gastos del despliegue policial activado frente a las protestas, con vistas a que sean las organizaciones convocantes quienes se hagan cargo de estos costos.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, suscribió una resolución para que la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Política de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y el Servicio Penitenciario Federal plantearan una estimación conjunta, teniendo en cuenta gastos como el combustible utilizado o la remuneración de los efectivos.
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El protocolo impulsado por el Ejecutivo de Javier Milei abrió la puerta a emprender acciones legales contra organizaciones sociales o personas a título individual a las que se les pudieran atribuir las protestas si se entendieran como “actos ilegítimos”, según la agencia de noticias Télam.
“Sería conveniente que esos recursos ingresaran en el Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurría para el mantenimiento del orden público ante la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables”, señaló el texto.
El portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, también confirmó la disposición de las autoridades para que las organizaciones se hagan cargo del coste que implicaba “lograr que el país esté en paz y con las vías de circulación liberadas”, después de que Argentina viviera la segunda jornada consecutiva de protestas tras el decreto de desregulación económica anunciado por Milei.
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“El operativo tuvo un costo importante y cuando se termine de cuantificar se le pasará la factura a las organizaciones que participaron“, explicó Adorni.
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