El Gobierno de Veracruz acusó a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos (OACNUDH) de intromisión por solicitar observar a audiencia por la detención de la jueza Angélica Sánchez.
“El Mandato de la OACNUDH establecido en el Acuerdo firmado con el Gobierno de México no establece su intervención directa ni indirecta en los casos que se llevan en el sistema judicial mexicano”, sostuvo en un comunicado difundido en redes sociales.
Asimismo, acusó a sus miembros de “ignorar la Constitución del país, sus leyes reglamentarias, y en particular el Código Nacional de Procedimientos Penales”, después de que integrantes de la ONU acudieran al juicio debido a que el caso ha causado preocupación entre organizaciones a favor de los derechos humanos.
“No es mandato de la OACNUDH en México participar u observar los procesos penales y las audiencias de casos individuales lo cual corresponde únicamente a las partes legítima y legalmente establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, sentenció.
“Acuerdo que además fue firmado con el Gobierno de México en la administración pasada”, agregó.
El gobierno veracruzano argumentó que la petición de la Oficina de las Naciones Unidas pudo “violentar” la audiencia.
“Exhortamos a los integrantes de dicha representación a no romper con la legalidad constitucional de un país libre, soberano, democrático, humanista, pacifista”, concluyó.
La segunda parte de la audiencia iniciada el pasado 16 de junio se llevó a cabo este miércoles en el Juzgado Penal Oral del XI distrito judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo.
Previo al inicio de la sesión, el juez que llevó la audiencia no permitió que la acusada fuera representada por sus abogados, informó el Instituto de la Defensoría Pública.
Además, declaró la audiencia como privada, lo que no permitió la presencia de medios de comunicación ni del Alto Comisionado de Naciones Unidas que solicitó observar el proceso.
Ante esto, la OACNUDH denunció que no se le permitió asistir y pidió que “con respeto a la independencia judicial y bajo la premisa del principio de publicidad”, se le permitiera observar el proceso. Sin embargo, esto no sucedió.
Al finalizar, la jueza Angélica Sánchez Hernández fue vinculada a proceso, acusada de haber cometido tráfico de influencia y gestionado liberación de una persona privada de su libertad. Asimismo, se le dictó un año de prisión preventiva justificada.
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