Indicó que la actual administración necesita encarar el problema, “repartiendo menos culpas y asumiendo más responsabilidad”, precisó la académica.
Si bien era evidente que la Policía Federal necesitaba una limpia, desaparecer esa corporación de tajo es un error, por lo que urge que el Ejecutivo Federal atienda el problema y deje de escudarse en el discurso de que hay “mano negra” entre los inconformes, afirmó la politóloga Denise Dresser.
En Mesa Política con la periodista Carmen Aristegui, consideró que es una lástima que el expresidente Felipe Calderón se haya incorporado a la discusión de la extinción de la Policía Federal para fortalecer la Guardia Nacional, ya que “no tiene autoridad moral”, dado que es el principal responsable de la militarización del país.
La politóloga observó que el gobierno de Andrés Manuel Lopez Obrador tiene un problema político, laboral y administrativo que necesita encarar, “repartiendo menos culpas y asumiendo más responsabilidad“.
Aunque señaló que algunas de las peticiones de los policías federales están relacionadas con sus salarios y prestaciones, afirmó que hay otras demandas que son cuestionables como querer eliminar las pruebas de confianza y el polígrafo.
En ese sentido indicó que si hay elementos corruptos que “se les investigue y se les sancione, y si hay mano negra detrás de sus protestas, que se les compruebe, pero el conflicto político no exime al gobierno de la responsabilidad de proteger los derechos laborales de todos, no sólo de los miembros de la Guardia Nacional”.
Por su parte, el analista político Sergio Aguayo dijo que estamos ante un movimiento laboral, que se originó de la transferencia de policías federales a la Guardia Nacional.
“Sin negar la posibilidad de que algunos actores intentaran meter sus cochambrosas manos en el movimiento, en esencia tenía una base legítima. Tal vez ayudó que se hizo evidente que estábamos ante un movimiento muy espontáneo, que iba brotando de uno y otro lado, sin tener en un primer momento una estrategia muy clara, lo cual significaba que no había ninguna planificación cuidadosa pensada para ‘golpear’ al gobierno de Andrés Manuel López Obrador“, agregó.
Si bien observó que al inicio de las protestas el Gobierno Federal intentó descalificar el movimiento, celebró que después mostrara disposición para llegar a un acuerdo.
En tanto, el historiador Lorenzo Meyer comentó que si el gobierno decide hacer a un lado a los policías federales, los tiene que liquidar conforme a la ley.
A pesar de considerar que es un movimiento interesante, observó que la sociedad no lo acompaña, debido a que la Policía Federal tiene una mala imagen frente a los ciudadanos.
Respecto al rechazo de los policías federales a la Guardia Nacional, Lorenzo Meyer dijo que este se debe a que “la estructura que van a encontrar ahí es diferente a la que tienen”, pues está más apegada al Ejército.
El sábado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuatro acciones de inconstitucionalidad respecto de las leyes de la Guardia Nacional, para que el máximo tribunal resuelva sobre su constitucionalidad y apego a los derechos humanos.
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Al respecto, Aguayo percibió que hay una tensión sin precedente entre el Ejecutivo Federal y la CNDH.
“En mi opinión, lo que necesitamos es un organismo que vele por los derechos pensando en la víctima. La función de la CNDH no es recibir aplausos y sonrisas del titular del Ejecutivo o de los destinatarios de las recomendaciones sino defender los derechos de las víctimas.
“En este sentido, esto lleva a la posibilidad de que estemos ante la gestación de una CNDH más combativa, más comprometida de manera cotidiana en los grandes temas. Aquí corresponderá al Ejecutivo Federal y a las otras dependencias destinatarias de las recomendaciones, entender cuál es la función del ombudsman”, abundó.
Al respecto, Lorenzo Meyer consideró que esto puede ser algo muy positivo, ya que es una posibilidad de que después de ser un organismo para legitimar al gobierno, la CNDH tome su papel de defender a las víctimas.
Respecto a la propuesta de López Obrador de dejar de normalizar la corrupción y comenzar a estigmatizarla, Meyer dijo que si bien “quitar esa parte de la cultura cívica dominante en México no es fácil, deberíamos de intentar hacerla parecer como algo no natural, y considerarlo como algo que destruye la convivencia, las formas civilizadas y humanas de vivir, y que hay algo en ella de degradante para todos”.
En este tema, para Aguayo “la mejor forma de predicar será metiendo a la cárcel a los corruptos, y creo que en este terreno la Fiscalía General de la República me está sorprendiendo con la solidez con la cual va encajonando presuntos corruptos en el caso (Emilio) Lozoya”.
Respecto a la Cartilla Moral que será distribuida por las iglesias evangélicas, Meyer y Aguayo consideraron que esta propuesta no encaja con la laicidad del Estado.
“Da más problemas hacia el futuro que soluciones”, agregó el historiador.