Tras hacer un llamado a reconsiderar y dejar sin validez la orden que prohibe el transporte terrestre de ciertos migrantes en Texas, el Departamento de Justicia entabló una demanda contra el estado y pidió una restricción que frene su aplicación. Esta orden restringe los traslados de aquellos que han sido detenidos en cruces ilegales o que tengan orden de deportación, bajo la premisa de que pudiesen ser un foco de contagio de COVID-19.
El fiscal general Merrick Garland había exhortado el jueves al gobernador de Texas, Greg Abbott, para que desechara la orden ejecutiva y dejó claro que de no haber cambios ejercería medidas legales.
De acuerdo al comunicado de Garland del jueves, la orden pone en riesgo la salud del personal de custodia y sus familias ya que podría prolongar y exacerbar el hacinamiento que ya existe en ciertos albergues y centros de detención de migrantes.
Además dijo que la decisión de Abbott atenta contra la aplicación de la ley ya que está estipulado que las personas que son inicialmente fichadas y liberadas comparezcan luego ante cortes de inmigración.
“Texas no puede aplicar la orden ejecutiva a ningún funcionario federal o entidad privada que trabaje con el gobierno de Estados Unidos”, dice el comunicado que enfatiza que con ella se viola la legislación federal en un numerosos aspectos.
Además resaltó que el estado “no tiene autoridad para interferir con el poder amplio e indebatible” del gobierno federal al impedirle la posibilidad de liberar a ciertos migrantes para que estos a su vez cumplan con la legislación federal.
LA RESPUESTA DE ABBOTT
Tras el llamado del fiscal Garland, Greg Abbott dijo el jueves que estaba claro que “el gobierno de Biden no entiende lo que está pasando en la frontera de México y Estados Unidos” y que esta es una creación de la gestión demócrata y sus políticas migratorias.
Además acusó al gobierno federal de ser quien pone en riesgo la salud pública de los texanos “al negarse a cumplir la ley” y dijo que el peligro no solo atañe a su estado sino a muchos estadounidenses e incluso a los inmigrantes indocumentados.
Finalmente reafirmó que tomará “cualquier medida disponible y consistente con la ley para cumplir mi deber de proteger la salud y seguridad de los texanos”.
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