Las mujeres agraviadas consideraron que el acto estuvo incompleto pues mandos militares no asumieron su responsabilidad.
Ocosingo, Chiapas.- Los militares las reconocieron cuando el 4 de junio de 1994 Ana, Beatriz, y Celia González Pérez, y su madre Delia Pérez, intentaron cruzar el retén que el Ejército mexicano colocó en el ejido Jalisco, del municipio de Altamirano.
Incluso a una de ellas la llamaron con el sobrenombre con el que la conocían en su comunidad. Para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ellas eran integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y las castigaron por ello, violándolas.
Las detuvieron y durante dos horas, mediante la tortura sexual, intentaron obligarlas a que se declararan integrantes del grupo armado y que delataran a otras personas. Eran los meses en los que el Ejército mexicano ocupaba las zonas indígenas de Chiapas, para desarticular el movimiento insurgente.
Ellas resistieron y, al ser liberadas, denunciaron penalmente los hechos, se sometieron a los exámenes que demostraban la violación tumultuaria, pero el caso fue asumido por la justicia militar y ésta lo cerró, negando la justicia.
Recurrieron entonces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que en 2001, luego de analizar el caso, presentó un informe de fondo, declarando la responsabilidad del Estado mexicano, exigiendole castigo a los responsables y la reparación de daño a las agraviadas.
La CIDH concluyó que los actos de tortura contra las hermanas González Pérez “fueron cometidos con el fin de amedrentar a las tres mujeres por sus presuntos vínculos con el EZLN”. Sin embargo el Estado mexicano evadió su responsabilidad por 25 años, hasta que este 18 de octubre, inició el proceso de justicia.
En la plaza pública del municipio de Ocosingo, en voz de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el gobierno mexicano les pidió disculpas a las hermanas González Pérez, ante medio millar de personas, entre ellas funcionarios públicos y habitantes de la región.
“Hoy, a nombre del Estado mexicano, pido una disculpa por la falta de investigación y de búsqueda de justicia (…) es fundamental reconocer el impacto de la guerra en los cuerpos de las mujeres, agravios directos que atraviesan una triple violencia estructural por este caso: por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres”, dijo Sánchez Cordero.
En el evento de disculpa pública, también estuvo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien sostuvo, “no se puede ignorar el contexto en el que suceden los terribles agravios de este caso. Parten del conflicto armado de 1994 en contra de las comunidades y pueblos indígenas, quienes exigían el reconocimiento de los derechos más básicos: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. No bastaron los 500 años de explotación y marginación: la voz de los pueblos fue acallada a toletazos (…) la tortura sexual cometida por parte del Estado contra las hermanas González, tuvo el objetivo de reprimir, intimidar y humillar”, reconoció.
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Ejército mexicano, el gran ausente
La disculpa pública tuvo un gran ausente, a los representantes de la Sedena, institución a la que pertenecían los hombres a los que las hermanas ubican como sus torturadores. Ana, Beatriz, Celia y su madre Delia, exigieron durante todos estos años, que fueran mandos militares los que reconocieran los hechos, los que se disculparan y a quienes se lleve ante la justicia.
“Los que en realidad cometieron el daño, no vinieron. Lo que queremos es una justicia verdadera, yo quiero exigir justicia, que nos pidan perdón público los militares. Cuando pasó lo del zapatismo en 1994, nos castigaron, para castigar al zapatismo”, señaló Celia, quien tenía solo 16 años cuando sucedieron los hechos.
Su hermana Ana, añadió, “este acto de disculpa pública en realidad no es un acto de disculpa pública porque dijimos claramente que queríamos que representantes de la Sedena estuvieran presentes para que ellos nos pidieran la disculpa pública, porque ellos fueron los que cometieron los agravios. Esta disculpa pública no está completa”.
“¿Dónde está Sedena?”, gritaron las demás mujeres indígenas asistentes al acto público.
En el sistema normativo indígena, es el responsable del agravio quien debe pedir el perdón, porque es la identificación de éste ante la comunidad. Ana insistió en que rechazan la presencia de militares en la zonas indígenas. “Nosotros no queremos a los militares en nuestros pueblos, porque el gobierno dice que son quienes nos protegen, pero es todo lo contrario, son los que nos hacen daño”.
“Esto que nos pasó a nosotras, las violaciones, sucede en muchos lados en Ocosingo y Altamirano (regiones indígenas de Chiapas donde tiene presencia el EZLN), y nunca nadie lo da a conocer”, subrayó Celia.
“Esto que está sucediendo hoy, es como si viniera un carro de basura, y viniera a colectar toda la basura. Les digo a todos que cuando el gobierno les haga un abuso o una violación, hablen y no se queden callados”.
Las hermanas Gozález Pérez también hablaron a nombre de quienes murieron en 1994, a manos del Ejército mexicano. “La razón y la causa por la que murieron los zapatistas, fue porque hay mucha pobreza, mucho olvido hacia los indígenas, y luchaban contra esto”.
Entre los acuerdos que este día firmaron Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas y las mujeres indígenas, está el proseguir la investigación para llevar a proceso a los militares implicados. Sin embargo, ellas insistieron en que este proceso no se individualice, y se asuma que la violación no fue un acto independiente o autónomo que cometieron los soldados, sino una acción institucional que obedeció a una estrategia de guerra contra el EZLN.
La disculpa, reivindicación de su dignidad
Para las hermanas González Pérez y su madre, el acto de perdón tuvo un significado mas allá de su persona, fue la reivindicación de su dignidad frente a su comunidad. Por ello, pidieron que este acto se llevara a cabo en el municipio de Ocosingo, la ciudad más importante en la zona indígena tzeltal a la que pertenecen.
Luego de la violación, cuando su familia y la comunidad a la que pertenecían lo supieron, ellas fueron rechazadas y se vieron obligadas a abandonar el lugar. “Fue por una parte el miedo de la comunidad a la represión por parte de los militares a quienes se les estaba ocupando, pero también por la forma en como se configura la mujer en comunidades indígenas y el valor que le dan a la virginidad. Al perderla en la violación, ellas fueron vistas como ´mujeres de militares´o prostitutas”, explicó Gloria Flores Ruiz, abogada de las indígenas.
Sin embargo, las tres hermanas y su madre entendieron que en la violación también fueron agraviados los integrantes del EZLN y las comunidades indígenas en su conjunto. “El perdón lo viven no solo hacia su persona, sino como un perdón que merecen las mujeres que fueron agraviadas, y también las mujeres zapatistas. El perdón se vive en un sentido individual, comunitario y político”, explicó.
Por ello, en el acuerdo con el gobierno mexicano, las agraviadas también pidieron del gobierno mexicano, una disculpa pública a favor de la comunidad en su conjunto y de las poblaciones zapatistas.