El presidente López Obrador ha manifestado su desacuerdo con la operación de grupos de autodefensas, pero el Estado mexicano aún no cuenta con la capacidad para garantizar la seguridad ciudadana.
A pesar de la desaprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador a la operación de los grupos de autodefensas en el país, su existencia obedece a una incapacidad del Estado mexicano de brindar seguridad a sus ciudadanos en algunas áreas del territorio nacional, coincidieron Ana Lilia Pérez y Fabrizio Mejía.
Durante su participación en la Mesa de Análisis de Aristegui en Vivo, los periodistas señalaron que, las autodefensas, en sí, no debían de existir, porque el Estado debe de garantizar la seguridad en el país.
“Pero si existen es es por esa falta de operatividad del Estado, por esos vacíos de poder que dejó el Estado, y que fueron cubiertos, de alguna manera, por las propias comunidades en modelos de civiles armados para defenderse”, dijo Ana Lilia Pérez.
La periodista expresó que es incuestionable que algunos de estos grupos han sido cooptados por crimen organizado. Por ese motivo el gobierno federal no debería pedir un desarme de estos grupos civiles armados en este momento, como sugirió esta semana la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sin un análisis previo, basado en informes de inteligencia.
“El propio Estado, con sus áreas de inteligencia, es quien debería de estar haciendo esa revisión, esa evaluación de quiénes se armaron para defender su territorio, sus comunidades, como un acto de desesperación a los que los llevó la criminalidad, y quiénes han participado en las filas del crimen organizado con cara de autodefensas”.
Para Fabrizio Mejía, resulta válido el planteamiento del fundador del grupo de autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mireles, de desarrollar comunidades para disuadir la delincuencia, presentado esta semana durante la colocación de la primera piedra de la primera piedra de un parque agroindustrial en La Huacana, Michoacán.
“De lo que se trata aquí es de pacificar al país, pero con un plan muy distinto al punitivo de Calderón, que no sirvió, que dejó -entre Peña y Calderón- más de 200 mil muertos, desplazados y 30 mil desaparecidos”.
Consideró que se tiene que desarrollar un nuevo plan para que los jóvenes no vean como una única alternativa el ingreso a las filas del crimen organizado.
Sin embargo, la respuesta inmediata no puede el simple despliegue de elementos de la Guardia Nacional en zonas conflictivas del territorio nacional.
Caso Nayarit
Los periodistas coincidieron en la gravedad de los casos como el del exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, acusado de operar a favor de la delincuencia organizada para controlar el tráfico de drogas y el despojo de propiedades.
¿A quienes iban a denunciar, si la autoridad era la que participaba en estas torturas para despojos?, preguntó Ana Lília Pérez.