Pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló la semana pasada de la “inminente” subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y que su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advirtió de que el alza se llevaría a cabo con o sin acuerdo entre los agentes sociales, el incremento tendrá que esperar aún unos días mientras el Ejecutivo, patronal y sindicatos apuran las negociaciones en busca de un pacto. Tras el fracaso este lunes de la, en teoría, última reunión entre Gobierno, sindicatos y patronal, aún está por decidir la cuantía de la subida, que no irá al Consejo de Ministros de hoy, como pretendía Trabajo. No obstante, el Gobierno mantiene los contactos y admite que hay margen para negociar.
Representantes del Gobierno y los agentes sociales concluyeron sin acuerdo el acuerdo que figuraba como definitivo para pactar el alza del SMI para este tramo de 2021. De nuevo, las diferencias entre las cantidades propuestas por el Ejecutivo para 2021 (entre 12 y 19 euros) y las de los sindicatos (entre 25 y 30) han impedido que el encuentro se cerrase con un acuerdo entre las partes. La patronal también ha mantenido su postura contraria al incremento.
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Según han señalado fuentes sindicales presentes en el encuentro, no se convocarán nuevas reuniones para abordar la subida del SMI, pero se mantendrán contactos informales a lo largo del día y de la semana para intentar cerrar un acuerdo. Desde Trabajo aseguran que “aún hay margen para negociar” y que se trata de “unas horas clave” para cerrar la cifra. Fuentes de la negociación aseguran que al finalizar la reunión Trabajo se mostró abierto a reducir la subida a cambio del apoyo de CEOE al acuerdo.
A lo largo de los dos capítulos de la negociación, la patronal ha colocado una carta más sobre la mesa: la indexación de los contratos públicos de las empresas. Aseguran que de elevarse el salario mínimo, pero no alterarse las cuantías de estos acuerdos (limpieza, catering…) estas empresas “podrían incurrir en pérdidas”. En 2017 el Gobierno del Partido Popular aprobó la Ley de Desindexación, por la cual desvinculaba los precios públicos del IPC y los asociaba a sus costes. En la práctica, una subida del SMI generaría para las empresas que tienen estos contratos públicos un aumento del coste salarial que solicitan ahora que se equipare renegociando las cuantían convenidas.
El Gobierno se dio de plazo esta segunda reunión para determinar la subida y poder refrendarla en el Consejo de Ministros del martes. Aun así, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que no sucederá finalmente. “No va a ir a Consejo de Ministros de mañana, aunque todos los trámites legales están preparados para que esto sea así”, ha afirmado la vicepresidenta tercera desde Oviedo, donde participa en los cursos de verano que organiza UGT Asturias.
“Hay un cierto distanciamiento entre las partes”, ha señalado Mariano Hoya, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. “El Gobierno no nos ha trasladado una propuesta concreta, pero no se alejan de la horquilla entre los 12 y 19 euros”, ha añadido. Esta franja es la propuesta por el comité de expertos reclutados por el ministerio de Trabajo en su informe para lograr que el salario mínimo alcance el 60% del salario medio en España al final de la legislatura (2023). Aunque desde Trabajo aseguran que seguirán manteniéndose los contactos en las próximas horas, la potestad de decidir incrementar el SMI recae exclusivamente en el Gobierno, por lo que llegado el momento podría establecer unilateralmente la cuantía final.
“Pese a que hoy no ha habido posibilidades de cerrar esto, vamos a seguir hablando y a ver cómo transitamos por esta senda, de manera que podamos ponernos de acuerdo a la mayor brevedad posible para que podamos cerrar un acuerdo de todas las partes”, ha indicado, por su parte, Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CC OO.
A lo largo del encuentro de este lunes los sindicatos han flexibilizado sus peticiones para 2021, aceptando rebajar la cantidad final por debajo de los 25 euros, siempre y cuando esta merma se recupere en las próximas subidas para 2022 y 2023. Además, esta subida para el próximo año debería situar el SMI en los 1.000 euros.
Tras haber permanecido congelado durante ocho meses ―como consecuencia de los tira y afloja entre las dos sensibilidades del Gobierno de coalición―, el objetivo de Trabajo y su ministra, Yolanda Díaz, era tratar de poner en marcha esta subida lo antes posible y que pudiera entrar en vigor en el mes de septiembre. Algo a lo que, según fuentes sindicales, se ha comprometido el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, durante el encuentro de esta mañana. Sin embargo, existen discrepancias entre la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Trabajo al respecto de la fecha de aplicación del nuevo salario mínimo ―actualmente de 950 euros mensuales en 14 pagas―. Calviño ha adelantado este lunes en una entrevista en La1 que el SMI tendría efecto en los meses de “octubre, noviembre y diciembre” de 2021, y no antes. Fuentes gubernamentales aseguran que la subida “está negociada desde septiembre” y se agarran a las palabras de Pedro Sánchez en las que calificaba de “inmediata”.
Acabe produciéndose en septiembre o en octubre, esta subida no tendrá carácter retroactivo ―esto es, no afectará a las nóminas del periodo entre enero y agosto―, por lo que solamente estará vigente en el tramo final del año. La voluntad del Ejecutivo es acordar un nuevo incremento para enero de 2022.
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