Representantes del gobierno y la oposición de Venezuela iniciaron la tarde del viernes una ronda de diálogos en Ciudad de México con el objetivo de superar la aguda crisis por la que atraviesa el país sudamericano.
A diferencia de intentos previos que fracasaron, las conversaciones, que se extenderán hasta el domingo, cuentan con la participación de un nutrido grupo de garantes. Noruega actúa como facilitador, Países Bajos y Rusia serán acompañantes y una docena de otros países, como Bolivia y Turquía, forman parte de un “grupo de amigos”.
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“Estamos seguros que bajo los auspicios de la paz construiremos un acuerdo para las venezolanas y venezolanos, para la convivencia pacífica (…) para mirar, como debemos mirar todos, al futuro”, dijo antes del inicio de las pláticas Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano y enviado plenipotenciario del presidente Nicolás Maduro.
Para avanzar en un eventual acuerdo, el gobierno de Maduro exige el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa a funcionarios e instituciones de su país, señalándolas como responsables de la crisis económica que azota a la nación petrolera.
Por su parte, la coalición opositora pide el ingreso de ayuda humanitaria, -incluyendo vacunas contra el Covid-19-, la excarcelación de decenas de partidarios a los que considera “presos políticos” y garantías para participar en las elecciones regionales de noviembre, luego de haberse retirado de los comicios parlamentarios de fines del año pasado.
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El regreso a la mesa de negociaciones representa un cambio de rumbo para la oposición, que en el pasado acusó a Maduro de utilizar el diálogo para ganar tiempo y aplacar la presión internacional. El gobierno venezolano abandonó el diálogo de 2019, que se hizo en Barbados y Noruega, luego de que Estados Unidos endureciera las sanciones en su contra.
La administración del presidente estadounidense Joe Biden no ha relajado las medidas a los sectores financiero y petrolero de Venezuela y ha mantenido el apoyo a Juan Guaidó, quien declaró una presidencia interina en enero de 2019 tras calificar la reelección de Maduro en 2018 como un “fraude”.
“Estamos dispuestos a revisar las políticas de sanciones sobre la base de un progreso significativo en la negociación. Pero eso es lo que necesitamos ver: un progreso significativo”, aseguró el jueves el vocero del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.
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La crisis venezolana ha salpicado a la región, generado un éxodo masivo que la Organización de Estados Americanos (OEA) calculó recientemente que alcanzará los siete millones de personas para 2022, por encima de países en guerra como Siria. (Rts)
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