Boris Johnson se dedicó durante años a cultivar una imagen de bufón bienintencionado, simpático y excéntrico, como si de un personaje procedente de las páginas de una novela de Agatha Christie se tratase. Junto con su pelo desaliñado y sus desajustados trajes, sus frecuentes (e inapropiados) comentarios se convirtieron en parte esencial del personaje. En lugar de restarle importancia a la educación privilegiada que había recibido, la mostró siempre que pudo.
A lo largo de su carrera (y con su naturaleza de Lázaro puede ser prematuro hablar en pasado), Johnson ha demostrado, de manera consistente, una ambición desmedida y una gran capacidad para sacrificar tanto la lealtad como sus supuestos principios en el altar de su ambición. Poco tiene esto que ver con el modelo de caballero inglés.
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La ironía es que este político populista alcanzó el poder bajo la promesa de otorgar al pueblo lo que merecía. Con una habilidad incuestionable, elaboró un relato en el que tanto el Parlamento como el poder judicial habían conspirado contra la ciudadanía, robándoles su voto en el Brexit. Su estrategia no solo ignoró las funciones de los demás poderes del Estado, sino que persiguió socavarlos.
Como primer ministro, sus intentos por silenciar al legislativo colisionaron con la soberanía parlamentaria, principio constitucional fundamental británico. Aun cuando teóricamente respetó al poder judicial, en la práctica se enfrentó con él. Por ejemplo, con la sentencia Miller II del Tribunal Supremo, que impidió al ejecutivo suspender el Parlamento en 2019, no tuvo pudor en reavivar el sentimiento antijudicial, que la prensa amarilla había instigado durante la saga del Brexit con aquel infame titular “Enemigos del pueblo”. Recientemente, su Gobierno ha abogado por una posible sustitución del Human Rights Act, norma que incorpora la Convención Europea de Derechos Humanos en la legislación nacional, por una Bill of Rights (británica), caracterizando tácitamente a los jueces como intrusos. Huelga decir que ningún Estado democrático comprometido con los derechos fundamentales se puede permitir tal desprecio.
La indiferencia de Johnson hacia el principio de legalidad no culminó aquí. Tampoco tuvo reparo en comentar que el respeto al Derecho Internacional (por ejemplo, el protocolo de Irlanda del Norte) podía dispensarse. Tales declaraciones provocaron un rechazo unánime de cuatro jefes de Gobierno anteriores: Major, Blair, Brown y May, evidenciando la gravedad de las declaraciones, y aglutinando a la clase política más allá de diferencias ideológicas.
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En cualquier caso, sus decisiones en el ámbito doméstico fueron las que finalmente propiciaron su caída. El impacto de los escándalos de las fiestas celebradas en 10 Downing Street durante la pandemia condujo a un rechazo frontal de muchos ciudadanos que confiaron en él en 2019. Igualmente, su conocimiento de posibles alegaciones sobre el comportamiento sexual inapropiado del parlamentario Chris Pincher, con anterioridad a la incorporación de éste al Gobierno, fue letal. A pesar de que Johnson seguía aduciendo que era la voz de los ciudadanos, la indignación frente a estas prácticas no se ha circunscrito a los muros de Westminster. Hasta tal punto este clamor ha sido poderoso que cabe la posibilidad de que no se le permita continuar como primer ministro interino y que la oposición lidere un vote of no confidence.
Además de este escenario, Johnson podría ser expulsado por sus propios compañeros antes de septiembre (cuando se calcula, aproximadamente, que el nuevo líder de los tories sea nombrado). Su incapacidad para asumir su responsabilidad y dimitir, escándalo tras escándalo, así como para exigir la salida de sus acólitos cuando incumplieron los estándares requeridos en la vida pública, ha llevado inevitablemente al anuncio del pasado jueves.
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