LONDRES (AP) — Gran Bretaña avanzó el lunes con sus planes de echar por tierra las normas comerciales posteriores al Brexit en Irlanda del Norte, lo que corre el riesgo de un enfrentamiento con la Unión Europea, una ruptura con la vecina Irlanda y tensiones con Estados Unidos.
Pero la legislación tan esperada puede ser más reveladora por lo que dice sobre el panorama político alterado desde que el primer ministro Boris Johnson sobrevivió a un voto de censura en su Partido Conservador la semana pasada.
Johnson enfrenta un camino complicado al navegar el proyecto de ley a través de un Parlamento envalentonado por la revuelta en su contra. Se espera que algunos de los rebeldes conservadores se opongan a la legislación alegando que viola el derecho internacional. Eliminaría unilateralmente los controles fronterizos de las mercancías que fluyen desde Gran Bretaña continental a Irlanda del Norte.
El primer ministro aceptó un enfoque más agresivo impulsado por su secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss. Ella, dicen los analistas, está puliendo sus propias credenciales con partidarios del Brexit de línea dura en el partido para un posible desafío futuro de liderazgo contra él, y Johnson no puede permitirse el lujo de antagonizar aún más a su flanco de derecha.
Para una disputa que tiene repercusiones internacionales tan amplias para Gran Bretaña, es notable cuánto ha sido teñida por la política interna. Pero los sucesivos gobiernos británicos han visto durante mucho tiempo a Irlanda del Norte a través de una lente principalmente doméstica, y ninguno más que el de Johnson.
“Se trata de esta lucha dentro del Partido Tory”, dijo Jonathan Powell, quien se desempeñó como jefe de gabinete de Tony Blair, el ex primer ministro, y trabajó extensamente en Irlanda del Norte. “Están poniendo los intereses de un hombre por encima de los intereses de la paz en Irlanda del Norte y los intereses de nuestras relaciones con la UE y los EE. UU.”
Los funcionarios británicos argumentan que la legislación se necesita con urgencia para solucionar la interrupción del comercio y la parálisis política que resultó de su acuerdo con Bruselas sobre Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido pero comparte una frontera abierta con la vecina Irlanda, miembro de la Unión Europea. .
Para mantener esa frontera abierta, el Sr. Johnson había aceptado controles de mercancías que fluyen desde Gran Bretaña continental a Irlanda del Norte. Pero el acuerdo, conocido como el Protocolo de Irlanda del Norte, alienó al principal partido unionista del Norte, que se ha negado a participar en un gobierno de poder compartido hasta que Gran Bretaña lo reforme.
Según la legislación publicada por el gobierno el lunes, los bienes se dividirían en carriles verdes y rojos. Aquellos con destino a Irlanda del Norte desde Gran Bretaña ya no se someterían a controles, mientras que aquellos con destino a la República de Irlanda estarían en el carril rojo y continuarían sujetos a controles.
La legislación tampoco reconocería la autoridad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver disputas, una de las principales manzanas de la discordia en meses de negociaciones infructuosas entre Londres y Bruselas para renovar el protocolo.
Habiendo fracasado en llegar a un compromiso, Gran Bretaña esencialmente está diciendo que ya no cumplirá con el acuerdo. Su enfoque unilateral fue condenado por la Comisión Europea y el gobierno irlandés y ha recibido advertencias de la administración Biden. Estados Unidos teme que pueda poner en peligro el Acuerdo del Viernes Santo, que puso fin a décadas de violencia sectaria en Irlanda del Norte.
Tampoco está claro que acabe con la parálisis política en el Norte. Los legisladores del Partido Unionista Democrático dijeron que esperarían a ver cómo se implementaba el proyecto de ley antes de decidir si volver a unirse al gobierno de poder compartido allí.
“La acción unilateral está dañando la confianza mutua”, dijo en un comunicado Maros Sefcovic, vicepresidente de la Comisión Europea, que ha liderado las negociaciones con Gran Bretaña sobre el protocolo. Bruselas, dijo, consideraría reanudar las acciones legales contra Gran Bretaña que había suspendido durante las negociaciones.
Johnson negó que la legislación violara el derecho internacional y argumentó que, lejos de socavar el acuerdo del Viernes Santo, Gran Bretaña estaba cumpliendo con su obligación legal superior de preservar el acuerdo. Los funcionarios británicos también invocaron la doctrina de la necesidad, un principio del derecho internacional que permite a un estado ignorar temporalmente sus obligaciones si se enfrenta a un “peligro grave e inminente”.
Y, sin embargo, a pesar de todos los reclamos de una crisis en ciernes en el Norte, el Sr. Johnson también trató de minimizar el significado de la legislación en el mundo real.
“Es un cambio burocrático que debe hacerse”, dijo en una entrevista con LBC, una emisora de radio británica, antes de que Truss presentara el proyecto de ley. “Francamente, es un conjunto de ajustes relativamente trivial en el gran esquema de las cosas”.
Los expertos legales señalaron que la legislación le daría al gobierno el poder de anular todas menos tres de las 19 disposiciones del acuerdo comercial, que se negoció minuciosamente con la Unión Europea.
“Eso me parece más que trivial”, dijo Catherine Barnard, experta en derecho de la Unión Europea en la Universidad de Cambridge. “Existe una preocupación real por el hecho de que el Reino Unido parece estar tratando de desmantelar sus compromisos bajo el protocolo”.
Pocos abogados o académicos del derecho, agregó, han argumentado que la medida de Gran Bretaña no es una violación del derecho internacional.
Si bien las tácticas de Gran Bretaña han enojado a la Unión Europea, los funcionarios en Bruselas se han resistido a permitir que la disputa se convierta en una guerra comercial en toda regla. En parte, eso refleja el reconocimiento de que la legislación tardará un año, o más, en entrar en vigor. Incluso si se aprueba en la Cámara de los Comunes, es probable que la Cámara de los Lores lo modifique de manera que pueda diluir parte de su efecto. En parte, refleja el deseo de Bruselas de no romper la alianza occidental en defensa de Ucrania por un tema no relacionado.
Como Secretaria de Relaciones Exteriores, la Sra. Truss ha estado profundamente involucrada en forjar esa alianza. El hecho de que ella también sea la persona que impulsa de manera más visible la legislación sobre Irlanda del Norte, dijeron los analistas, ilustra la ventaja política que cree que se puede obtener al adoptar una línea dura hacia Bruselas en el protocolo.
Al endurecer la legislación, particularmente en temas como la corte europea, Truss podría ganarse la lealtad del Grupo Europeo de Investigación, un grupo de legisladores fervientemente pro-Brexit. Varios de esos legisladores rompieron públicamente con Johnson tras el escándalo por las fiestas ilícitas celebradas en Downing Street durante la pandemia.
Si bien la victoria de Johnson en la moción de censura significa que probablemente esté a salvo por ahora, la perspectiva de más reveses electorales, así como un redoble de noticias económicas miserables, sugiere que podría enfrentar otro desafío de liderazgo en los próximos meses. La Sra. Truss encabeza la mayoría de las listas de posibles rivales.
“Este es el resultado de un agudo cálculo político de su parte”, dijo Mujtaba Rahman, analista de la consultora de riesgo político Eurasia Group. “De lo contrario, hay desventajas bastante grandes en lo que está haciendo el gobierno”.
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