El pulso del sector eléctrico con el Gobierno sigue vivo. Las compañías eléctricas Iberdrola, Endesa y Acciona Energía decidieron no acudir este martes a la subasta de renovables que organizaba el Ministerio para la Transición Ecológica. Naturgy se ha desmarcado y se ha presentado la puja que repartió 3.123 megavatios de potencia de energía eólica y fotovoltaica a un precio medio de 30,56 euros megavatio hora (MWh). Con esa excepción, las grandes eléctricas mantienen así la distancia con el Gobierno tras el decreto para recortar los beneficios extraordinarios que obtienen por vender energía más barata al precio de la más cara.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no ha pasado por alto esa actitud. “A pesar de que ha habido poca presencia de las grandes compañías clásicas”, llama la atención sobre el apetito de los participantes. “El país sigue generando un enorme atractivo para desarrolladores de plantas renovables, esto no hace sino confirmar la necesidad de seguir perseverando en la transformación del sistema energético”. Al respecto ha dejado un mensaje a las eléctricas, sin citarlas expresamente: “La energía no es una cuestión de electrones, hay una cadena industrial importante y una demanda social que requiere respuestas, participación y responsabilidad, y es clave que la Administración y los promotores sigamos mejorando cada día”.
Iberdrola ha razonado su decisión en la inseguridad regulatoria que ha hecho replantearse sus inversiones en España mientras las potencia en el Reino Unido. Este mismo martes ha anunciado una inversión de 7.200 millones de euros en un parque eólico marino adicionales a los cerca de 12.000 anunciados en el plan estratégico 2020-2025. Además, la firma que preside Ignacio Sánchez Galán distribuyó una foto con Boris Johnson, de cuyo Gobierno ha alabado precisamente esa seguridad jurídica que no vislumbra en España.
Por su parte, Endesa, filial del grupo italiano Enel, se basa en que tiene otras prioridades, aunque fuentes del mercado lo atribuyen a esa sensación de inseguridad tras las medidas del plan de choque aprobadas por el Gobierno. Parecidos argumentos utiliza Acciona Energía, que nunca se ha mostrado muy convencida de las subastas.
Estas empresas han mantenido un pulso con Ribera desde que el 14 de septiembre se anunció el plan de choque de medidas eléctricas y recientemente sus responsables mantuvieron reuniones por separado con ella para sondear posibles matizaciones. Posteriormente, tanto la vicepresidenta como el presidente, Pedro Sánchez, anunciaron en el Congreso de los Diputados con motivo de la convalidación del real decreto-ley que se eximirá de la obligación de devolver esos beneficios para los contratos bilaterales firmados al precio que estaba antes de dispararse los precios. Las empresas recibieron con alivio ese anuncio, pero las tensiones permanecen en alto.
Precio “razonable”
En total se han adjudicado 3.123 MW de potencia, un 95% de la subastada, 3.300 MW, a un precio medio de 30,56 euros MWh, el 15% del marcado por el mercado mayorista de la electricidad y un 60% inferior a la cotización media de los futuros de los próximos cinco años. La subasta se ha repartido en cupos de potencia y se ha producido un trasvase entre ellos, de modo que la eólica se ha adjudicado 2.258 MW y la fotovoltaica 866 MW. Los resultados de esta subasta, unidos a la de 26 de enero de 2021, suman un total de 2.902 MW asignados a la fotovoltaica y 3.256 MW a la eólica. Con una primera estimación, la ejecución de las instalaciones adjudicadas en esta subasta canalizará una inversión de unos 3.000 millones de euros y creará más de 30.000 empleos, muchos de ámbito local, según estimaciones del Ministerio para la Transición Ecológica.
Ribera considera “razonable” el leve incremento de precio sobre la primera subasta (una media de 25 euros) por el “momento especialmente delicado y complejo en el panorama europeo” y la tensión inflacionista actual en los bienes de equipo y las materias primas. La vicepresidenta enfatiza que el “el precio resultante muestra hasta qué punto hay una distorsión clarísima en el precio del mercado mayorista en estos momentos: frente a los 30 euros MWh que marca la adjudicación media de esta subasta hay una distancia grande con los más de 200 euros MWh que se pagarán mañana en el mercado mayorista español”. Asimismo, ha reseñado que la subasta presenta dos novedades la incorporación temprana al sistema de las plantas que estén avanzadas y un cupo para pequeños instaladores, sobre el que la ministra ha reconocido que “no ha logrado asentarse”, pero asegura que se mantendrá en futuras subastas.
En esas condiciones, Capital Energy y Forestalia, las firmas que coparon el protagonismo de las anteriores subastas de renovables, han vuelto a convertirse en las compañías que más potencia han conseguido en el concurso energético celebrado este martes por el Gobierno. Capital Energy, propiedad del empresario madrileño Jesús Martín Buezas, ha resultado adjudicataria de 1.548 megavatios (MW) –1.540 eólicos y 8 solares– en la subasta de energías renovables celebrada esta mañana, según los resultados preliminares notificados a la empresa. El precio medio de adjudicación ha sido de 28,6 euros megavatio hora (MWh), más de cuatro euros por encima del precio medio obtenido en la subasta de enero de este año.
Forestalia, la empresa que irrumpió en el sector eléctrico en la primera subasta que se hizo en enero de 2016, también se ha llevado un buen pellizco de la puja. La firma aragonesa se ha adjudicado 562 MW de eólica y 215 MW de fotovoltaica. Fuentes del mercado avanzan que Repsol se ha hecho con 138 megavatios de energía eólica y Naturgy con 221 MW fotovoltaicos. Los resultados definitivos se conocerán tras la comprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Capital Energy ratifica “su compromiso con la transición energética ecológica y justa” en la segunda subasta de renovables en la que participa. En la primera, celebrada el pasado 26 de enero, ya resultó vencedora en el apartado eólico, tras adjudicarse 620 MW. Para la empresa supone “la credibilidad de su proyecto empresarial, que ya acumula 20 años de experiencia en el ámbito de las energías renovables, y su vocación industrial de largo plazo”.
La empresa zaragozana Forestalia, por su parte, se llevó 408,5 MW entre eólica y biomasa en la primera subasta hecha por el Gobierno del PP en 2016 sorprendiendo a las grandes eléctricas, que entonces no se llevaron ningún MW de los 700 subastados. En la segunda volvió a ganar un total de 1.200 MW, esta vez con gran presión competitiva, pero fue la que ofreció un descuento máximo —hasta un mínimo del 63,43%— sobre el precio del megavatio. El resultado final fue que hubo subvenciones cero para los participantes, es decir, que las empresas garantizan la instalación de potencia renovable sin ayudas oficiales. La totalidad de los megavatios adjudicados fueron proyectos eólicos. En la de julio de 2017, en la que ACS se llevó la mayor parte de los 5.000 MW, este grupo se adjudicó 316 MW.
Forestalia, promovida por el empresario procedente del sector cárnico Fernando Samper, era una firma ajena al sector que logró firmar el apoyo tecnológico de General Electric para la fabricación de aerogeneradores necesarios. La sociedad forjó su negocio vendiendo gran parte de los MW recibidos a terceros en diferentes operaciones, como la venta de 2.000 MW a Bruc y 300 MW a BP. Asimismo, desarrollo un proyecto para construir parques eólicos en 50 municipios de Teruel.
La anterior subasta, el pasado enero, subastó 3.034 MW eólicos y fotovoltaicos a un precio de 25,31 y 24,47 euros MWh de media. Ahí fueron Capital Energy, que se hizo con 620 MW de 1.000 MW de eólica, y X-Elio, con 315 MW, e Iberdrola, con 243 MW los que triunfaron en fotovoltaica, una energía que fue más repartida.
El Gobierno cambió el formato de las subastas de manera que se orientan al menor precio. Estas subastas establecen un nuevo marco retributivo, denominado Régimen Económico de Energías Renovables (REER), según el cual los participantes pujarán ofertando el precio que están dispuestos a cobrar por la energía que genere la instalación. Antes de la celebración de la subasta, se establece el cupo de energía y potencia máxima que se subasta. Cada subasta se realizará a sobre cerrado y adjudica el producto subastado a las ofertas de menor cuantía hasta alcanzar el cupo establecido. El precio para cada adjudicatario coincidirá con el precio por el que pujó (pay as bid, por su denominación en inglés) y no será objeto de actualización.
La segunda ronda del año
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha convocado esta subasta de 3.300 MW eólicos y fotovoltaicos con plazos de ejecución acelerados como medida adicional para lograr rebajar los precios de la electricidad, que llevan ya meses en cotas históricas. Toda la potencia subastada tendrá que estar en funcionamiento antes del 30 de junio de 2024, con un cupo especial de 600 MW de disponibilidad acelerada que debe estar operativo el 30 de septiembre de 2022. Adicionalmente, se destinan 300 MW para pequeñas instalaciones fotovoltaicas con relevante participación local.
Esta subasta es la segunda con el sistema establecido por el departamento dirigido por Teresa Ribera y fija plazos más ajustados que la primera para que las instalaciones ganadoras estén operativas, así como distintas reservas de potencia para obtener un mix equilibrado. La anterior se llevó a cabo en enero, por 3.000 MW, y fue la primera en realizarse desde 2017.
Junto con la reserva de disponibilidad acelerada, la subasta prevé una reserva de 1.500 MW para eólica terrestre, otra de 700 MW para fotovoltaica y otra de 300 MW para instalaciones fotovoltaicas de generación distribuida con carácter local, quedando, por tanto, 200 MW sin reserva tecnológica.
Pequeñas instalaciones
En cuanto a las pequeñas instalaciones, los 300 MW están dirigidos a plantas fotovoltaicas de potencia menor o igual a 5 MW, con fuerte carácter local, y en la adjudicación se tienen en cuenta elementos como la población próxima al emplazamiento o la participación ciudadana en las instalaciones. Tras el trámite de audiencia se han introducido más facilidades para que participen los habitantes cercanos a las instalaciones.
El apoyo específico a los pequeños sistemas de generación distribuida responde a que aportan una mayor eficiencia porque precisan menos infraestructuras de red y reducen las pérdidas de energía en ellas. También se ha considerado la necesidad de democratizar el sistema eléctrico, buscando la participación activa de los ciudadanos, así como de otros agentes, como pymes y entidades locales, en el despliegue de las tecnologías renovables.
Durante 2021 también está prevista la celebración de otros procedimientos de concurrencia competitiva para un mínimo de 200 MW de energía solar termoeléctrica, 140 MW de biomasa y 20 MW para otras tecnologías. La incorporación de la generación renovable resultante de esta subasta tiene el objetivo de reducir el precio de la electricidad al desplazar la energía producida con centrales más caras y contaminantes.
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