La calle Stadiou recorre el centro de Atenas desde la plaza de Omonia a la de Syntagma. En ella se encuentra un gran edificio de ocho plantas que ocupa media manzana. A primera vista, cuesta entender si es un edificio abandonado o en uso. Las paredes, que algún día fueron de otro color, están cubiertas de polvo gris. En los bajos, las columnas han perdido parte de su revestimiento de mármol. Las persianas están abolladas y tienen restos de pintadas con spray limpiadas a medias. El edificio sí está en uso; es el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Como la mayoría de los edificios públicos, en la fachada del ministerio se acumula más de una década de falta de mantenimiento. El choque de trenes ocurrió el martes en Tempe —la mayor tragedia ferroviaria de la historia de Grecia, que costó la vida a 57 personas— ha puesto de relieve el precario estado de los servicios públicos helenos. Sindicatos y oposición alegan que el deterioro se debe a más de una década de políticas de austeridad. El Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis, por el contrario, lo define como “patologías crónicas”.
Grecia estuvo oficialmente obligada a acometer medidas de austeridad desde 2010 hasta agosto de 2022. En 2009, después de que las principales agencias de calificación degradaran la nota de solvencia de su deuda, la Bolsa de Atenas cayó en picado. En 2010, al borde de la quiebra, el país aceptó un préstamo de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de que el Gobierno griego aplicara una dura política de austeridad y grandes recortes al gasto público. Para supervisar los ajustes, se creó el grupo conocido como la troika, formado por la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo.
Las medidas dieron lugar a uno de los ciclos de movilización social más combativos del presente siglo en Europa. Infinidad de huelgas generales y plazas ocupadas por el movimiento de los indignados contestaron todos los recortes que, a pesar de su dureza, no conseguían aliviar la deuda. En 2012 el Gobierno heleno pactó con la troika despedir a 15.000 funcionarios para poder acceder al segundo rescate financiero. La deuda continuó creciendo.
En 2015, el tercer rescate
El descontento social condujo en enero de 2015 a la victoria de la formación de izquierdas Syriza, que prometió terminar con las políticas de austeridad y revertir la privatización de empresas públicas. Syriza no solo no pudo con la austeridad ni deshacer las privatizaciones, sino que solo seis meses después de ganar las elecciones, firmó el tercer rescate. En virtud del mismo, continuó recortando salarios y pensiones y concluyó procesos de privatización como el del puerto de El Pireo, el más importante del país, o la compañía pública de ferrocarriles TrainOSE, actual Hellenic Train. Los rescates concluyeron en 2018, pero hasta 2022 Grecia estuvo sometida a la “vigilancia reforzada” de la Comisión Europea.
Después de la tragedia ferroviaria de Tempe, los sindicatos del sector han publicado numerosas comunicaciones internas en las que habían alertado de que el mal estado de la infraestructura comprometía la seguridad de trabajadores y viajeros. La cadena de televisión Open TV ha revelado que la dirección de la empresa Hellenic Train amenazó con denunciar por un delito de calumnias a los representantes del Sindicato Panhelénico de Personal de Tracción, formado por los conductores de trenes. El pasado 31 de octubre, este sindicato instó un procedimiento extrajudicial para exigir a la dirección de la empresa “el restablecimiento inmediato de la infraestructura ferroviaria, los sistemas de control remoto, las señales luminosas y la seguridad de la red que se ha deteriorado durante años” para que dichas medidas garantizaran la “salud y seguridad” de los trabajadores. La dirección de la empresa afirmó que las alegaciones eran una calumnia y los autores de las mismas se enfrentarían a las consecuencias.
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El ingeniero Athanasios Ziliaskopoulos ha sido elegido por el Gobierno para formar parte del comité de expertos que debe investigar las causas del accidente de Tempe. Syriza, desde la oposición, ha afirmado en un comunicado que tal nombramiento “es una burla” porque Ziliaskopoulos fue consejero delegado de TrainOSE en el periodo 2010-2015; es decir, cuando la empresa comenzó su proceso de privatización con la venta del 49% de sus activos. Posteriormente, el ingeniero presidió el Taiped (el organismo que gestiona el programa de privatizaciones en Grecia). En su escrito, Syriza obvia que, aunque la privatización de TrainOSE comenzó en 2010, concluyó en 2016, cuando gobernaba la coalición de izquierdas.
Los sindicatos ferroviarios sostienen que bajo el mandato de Ziliaskopoulos, en la compañía de trenes se dio la orden para no construir un “centro de control remoto”; es decir, una oficina de supervisión del tráfico ferroviario que incorporara la tecnología ETCS (European Traffic Control System), un sistema automatizado que tiene por objetivo proteger la circulación de posibles errores humanos. Aunque Grecia y la Unión Europea gastaron 20 millones de euros en la modernización de los trenes y del Centro Ferroviario de Acharnes (principal nodo ferroviario cercano a la capital), dicho sistema de control nunca entró en funcionamiento. Como consecuencia, según la versión de los representantes sindicales, los jefes de estación se veían obligados a trabajar manualmente, con radio, papel y manivela, en el llamado “punto cero”, es decir, donde se cruzan las líneas ferroviarias de larga distancia con los trenes de cercanías.
Servicios públicos muy degradados
Durante los 12 años de recortes y privatizaciones, no hubo ningún mecanismo para evaluar y garantizar la calidad de los servicios públicos. En el principal centro de maternidad de la capital, en el hospital público Alexandras, las carencias son visibles a simple vista: cañerías oxidadas, pasillos sin iluminación y salas de espera que parecen más el decorado de una película ambientada en los años setenta que un hospital del siglo XXI. Durante la época más dura de la crisis, en 2012, dos millones y medio de personas se quedaron sin seguro sanitario, ni ninguna cobertura médica. Era casi el 20% de una población aproximada de 11 millones. Aunque en 2015 el Gobierno de Alexis Tsipras recuperó la universalidad de la sanidad, directivos y trabajadores del sector llevan años denunciando la falta de medios materiales y humanos.
Manifestación de sanitarios y empleados publicos de hospitales contra la degradación de sus puestos de trabajo, el 21 de octubre de 2021.Anadolu Agency (Anadolu Agency via Getty Images)
Thymios Yorgopoulos, administrador del hospital de Níkea, en la periferia de la capital, fija las necesidades urgentes en 1,5 millones de euros “para cambiar todo el equipamiento del hospital”: camas, mesillas de noche, sillones de los familiares… “También necesitamos dinero para modernizar los equipos médicos”, precisa. Vasiliki Iliopoulou, voluntaria en una “clínica social” gestionada por una ONG cuenta que, en ocasiones, pacientes con cáncer no pueden ser tratados en la primera sesión de quimioterapia porque el hospital no dispone del medicamento hasta que su ONG se lo envía.
Vasiliki Tsiftsi es maestra de primaria en Asprópyrgos, periferia de Atenas. También ha impartido clases en el centro de la capital y en varias islas. Además, es hija de maestra y maestro. “Aunque la educación en Grecia siempre tuvo grandes problemas, los últimos años claramente ha ido a peor. No hemos tocado fondo, cada curso es peor que el anterior”, asegura. En diciembre, un alumno de 11 años murió en una escuela pública de Serres (norte de Grecia) debido a la explosión de una caldera. Tsiftsi sostiene que el accidente se debió a la falta de mantenimiento. Preguntada por las carencias materiales de las escuelas en las que ha sido docente, responde que faltan cosas básicas. “No hay proyectores, los ordenadores son tan viejos que no sirven, no hay material para las clases de arte; y, sobre todo, nos falta personal, lo que repercute especialmente en los alumnos con necesidades especiales, como los que no saben escribir en griego”.
En enero de 2019, el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, admitió haber impuesto una “austeridad irreflexiva” a Grecia. “Hemos sido insuficientemente solidarios con Grecia”, afirmó ante el pleno de la Eurocámara. Tres años después, la maestra Tsiftsi proclama: “No hay buena educación, no hay buenos hospitales, no hay transportes seguros… Lo único que tenemos en este país es los unos a los otros. Si sobrevivimos es por pura suerte”.
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