SPOKANE, Washington – Greyhound Lines Inc. pagará 2.2 millones de dólares para resolver una demanda sobre la práctica de permitir que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos abordaran sus autobuses en el estado de Washington para realizar redadas de inmigración sin una orden judicial, el fiscal general del estado dijo el lunes.
“La compañía de autobuses no advirtió a los clientes sobre los allanamientos, tergiversó su papel en permitir que ocurrieran los allanamientos y sometió a sus pasajeros a discriminación basada en el color de piel o el origen nacional”, afirmó el Fiscal General Bob Ferguson.
El dinero proporcionará restitución a los pasajeros que fueron detenidos, arrestados o deportados después de que agentes de inmigración subieran a los autobuses en el Centro Intermodal de Spokane. La cantidad que reciba cada persona dependerá de la cantidad de reclamos y la gravedad del daño sufrido debido a la conducta de Greyhound, sostuvo Ferguson.
“Greyhound tiene una obligación con sus clientes, una obligación que no puede dejar de lado para que los agentes de inmigración puedan realizar expediciones de pesca a bordo de sus autobuses”, aseguró Ferguson en un comunicado de prensa.
Greyhound, con sede en Dallas, emitió un breve comunicado, diciendo que estaba satisfecho con el acuerdo.
“Al aceptar el decreto de consentimiento, comunicaremos más ampliamente a nuestros clientes las políticas y procedimientos que ya tenemos para servir a los ciudadanos del estado de Washington”, dijo la compañía de autobuses.
El acuerdo se presentó en el Tribunal Superior del condado de Spokane el lunes, el día en que estaba previsto que comenzara el juicio.
“Mi oficina insistió primero en que Greyhound hiciera estas reformas corporativas en 2019”, indicó Ferguson. “Si Greyhound simplemente hubiera aceptado nuestra petición razonable, habrían evitado una demanda”, agregó el fiscal.
Según el acuerdo, Greyhound también debe:
- Crear una política corporativa que niegue a los agentes de inmigración el permiso para abordar sus autobuses en el estado de Washington sin orden judicial o sospecha razonable.
- Emitir una declaración pública, en inglés y español, aclarando que Greyhound no da su consentimiento para que agentes de inmigración aborden sus autobuses sin una orden judicial o sospecha razonable.
- Colocar calcomanías en o cerca de la puerta principal de sus autobuses que indiquen que no da su consentimiento para que los agentes de inmigración aborden sus autobuses sin una orden judicial o una sospecha razonable.
La demanda se presentó el año pasado, alegando que Greyhound permitió los barridos a bordo de sus autobuses desde al menos 2013. La compañía reconoció públicamente la práctica en 2018.
“Durante las redadas, los hispanos y otros pasajeros de color fueron sometidos a interrogatorios invasivos por parte de agentes federales armados y a menudo se les exigía que se bajaran del autobús”, comentó Ferguson. “Los agentes de inmigración a veces detuvieron o arrestaron a los pasajeros”, añadió.
Durante años, Greyhound sostuvo que estaba legalmente obligado a permitir que los agentes de la Patrulla Fronteriza subieran a sus autobuses. Pero un memorando emitido por la exjefea de la Patrulla Fronteriza, Carla Provost, confirmó el argumento de Ferguson de que los agentes solo pueden realizar redadas de inmigración sin orden judicial a bordo de los autobuses con el consentimiento del propietario o los empleados de la empresa.
A fines de abril, un comediante nacido en Libia recibió un acuerdo de $ 35,000 del gobierno federal después de que presentó una demanda contra agentes de la Patrulla Fronteriza en Spokane en 2019 que lo detuvieron e interrogaron injustamente sobre su estado migratorio.
Mohanad Elshieky viajaba de un concierto en Pullman, Washington, a Portland, Oregon, cuando fue detenido brevemente en Spokane. Le habían concedido asilo y vivía legalmente en los Estados Unidos.
Según el Proyecto de Derechos de Inmigración del Noroeste, que representaba a Elshieky, los agentes federales subieron al autobús y caminaron antes de pedirle a Elshieky y a algunos otros que se bajaran del autobús. Interrogaron a Elshieky durante unos 20 minutos, calificaron sus papeles de falsos y de ilegal, pero finalmente lo dejaron ir.
Andrés Sosa Segura, quien demandó por separado por una experiencia similar en el Centro Intermodal Spokane en 2017, también recibirá $ 35,000, dijo el grupo de defensa.
“Las horas que pasé detenido sin ningún motivo fueron aterradoras, y todo lo que quería era estar con mi familia”, expresó Sosa Segura en un comunicado de prensa de abril del grupo que anunciaba los asentamientos. “Espero que este caso envíe un mensaje de que los agentes de CBP deben respetar los derechos de personas como yo”.
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