Grupo Salinas acusó al Gobierno de México de ejercer una “persecución de Estado” en su contra, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informara sobre una investigación por presunto lavado de dinero que involucra a diversas casas de apuestas, entre ellas Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, ambas subsidiarias del conglomerado.
En un comunicado titulado “El acoso del gobierno en contra de Grupo Salinas debe cesar”, la corporación calificó la acción como “una nueva muestra del uso faccioso del aparato del Estado para asediar a Grupo Salinas por todos los frentes”, señalando directamente a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por anunciar la investigación.
“En Grupo Salinas siempre hemos sido respetuosos de la ley. Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, al igual que todas nuestras empresas, cumplen cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativas aplicables al sector”, afirmó la compañía.
El conglomerado, encabezado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, sostuvo que ha cumplido con los más altos estándares internacionales de prevención de lavado de dinero, “en conjunto con nuestros socios internacionales, en particular del Reino Unido”. Asimismo, aseguró que está preparado “para demostrarlo ante cualquier instancia competente”.
Grupo Salinas acusó directamente a la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, de encabezar “una acción arbitraria” que confirmaría, según su versión, “una campaña sistemática del gobierno” en su contra.
“Está en marcha una campaña sistemática del gobierno en contra de nuestro fundador y presidente, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, y de las empresas del grupo, que constituye una persecución de Estado, en la que se utilizan las instituciones públicas para intimidar, presionar e intentar someter a quienes piensan distinto, al tiempo de que permite distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas del país”, señaló el texto.
El grupo empresarial aseguró que defenderá sus derechos “con la ley y la razón ética y jurídica” de su lado. “No nos van a callar. No nos van a doblar. Aquí estamos y aquí seguiremos”, señaló.
Hacienda investiga 13 casinos por presunto lavado de dinero
Más temprano, la Secretaría de Hacienda informó que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, investiga a 13 casinos por operaciones sospechosas de lavado de dinero, algunas presuntamente vinculadas con grupos del crimen organizado.
Entre los hallazgos, la dependencia reportó “operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas”, así como transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
Por estos motivos, las sociedades fueron “listadas como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado”.
La UIF identificó “conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero” y detectó que algunas plataformas digitales utilizaban personas con perfiles económicos no acordes a los montos recibidos, como amas de casa, estudiantes o jubilados, para transferir fondos a los verdaderos beneficiarios, legitimando los recursos ilícitos.
Señaló que la Unidad presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el fin de dar seguimiento a posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos fiscales.
La Secretaría de Hacienda señaló que las acciones emprendidas forman parte de un esfuerzo de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en coordinación con FinCEN y la OFAC, ambas dependencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo internacional encargado de establecer estándares globales en el combate al lavado de dinero.
Además, aseguró que estas acciones buscan “impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizadas por presuntos grupos de la delincuencia organizada, así como para proteger a los usuarios y a la población”.