Un embarazo a los 10 años mata. Este mensaje, en forma de hashtag, ha tomado las redes sociales brasileñas en los últimos días, después de que saliera a la luz el caso de una niña de 10 años que se quedó embarazada tras ser violada. La víctima, que reside en la ciudad de São Mateus, en el Estado de Espírito Santo, fue al hospital el pasado 8 de agosto acompañada de su tía, que, según el informe de la Policía Militar, dijo a los médicos que creía que estaba embarazada. Después de que un análisis de sangre confirmara que estaba de tres meses, la niña les contó a los médicos y a una asistente social que su tío la violaba desde que tenía seis años y que nunca dijo nada por temor a sus amenazas de muerte. La Policía y el Consejo Tutelar investigaron el caso. La niña fue trasladada a un centro de menores mientras los médicos y la Justicia analizaban la interrupción del embarazo, garantizada por la ley en casos como este.
Un diario local anunció este sábado que el aborto fue autorizado por el Tribunal de Justicia de Espírito Santo, extremo que EL PAÍS no ha podido confirmar. El secreto de sumario que protege el proceso por tratarse de una menor es el mismo que puede limitar los ataques al juez que tomó la decisión. El tema del aborto en Brasil siempre fue delicado, y se tornó aún más difícil abordarlo con el creciente avance de conservadores radicales en la política.
“El Código Penal de 1940 ya garantiza el derecho al aborto en estas situaciones. No hay necesidad de que se haga un análisis legal, principalmente porque se trata de una situación que pone en riesgo una vida, ya que el cuerpo infantil no está preparado para un embarazo”, explica Debora Diniz, antropóloga y profesora de Derecho de la Universidad de Brasilia y columnista de EL PAÍS en Brasil. Según Diniz, el cuestionamiento se debe a que “se ideologiza la cuestión del aborto en Brasil”.
Este tipo de casos son pandémicos: cada hora, se viola a cuatro niñas brasileñas de hasta 13 años, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, y la mayoría de los delitos los comete un familiar. En abril de este año, una niña de 10 años dio a luz a un niño en una maternidad de Río Branco, en el Estado de Acre, al norte de Brasil. El embarazo se descubrió tras una denuncia realizada en septiembre de 2019 y la Justicia investigaba al padre de la víctima —que fue localizado muerto dos días después del parto— y a un vecino.
“Teóricamente, cualquier niña menor de 14 años que se quede embarazada ha sido víctima de violación, aunque diga que consintió en el acto sexual, porque el Código Penal determina que la relación sexual con una menor de 14 años se considera violación de persona vulnerable y, por la edad, se presume que hay violencia”, explica Luciana Temer, presidenta del Instituto Liberta, que actúa contra la explotación sexual de menores. “Lo único que justificaría el cuestionamiento es que la niña hubiera expresado su deseo de no abortar. En teoría, la ley garantiza que, inmediatamente después de poner la denuncia en una comisaría, la víctima puede acudir al hospital para realizar un aborto. Esta niña está siendo víctima de otra violación de derechos”, añade.
Para Diniz, el caso es un “claro ejemplo” de cómo la criminalización del aborto representa “una violación de los derechos” de niñas y mujeres. “Tiene que poder interrumpir este embarazo de manera segura, con la atención posaborto necesaria”, argumenta. Según la secretaria municipal de Asistencia Social de São Mateus, Marialva Broedel, la interrupción del embarazo depende de la autorización médica y judicial, ya que la gestación tiene 12 semanas, límite para el aborto legal en Brasil. “Tenemos que esperar la decisión del Poder Judicial, no podemos precipitarnos, por la vida de la niña. Esperamos los criterios médicos y legales para tomar una decisión con la familia”, afirmó Broedel, que añadió que la niña está recibiendo asistencia psicológica y de una obstetra.
El Tribunal de Justicia de Espírito Santo informó, por medio de un comunicado, que “se rige por el estricto y técnico cumplimiento de la legislación, sin ninguna influencia religiosa, filosófica, moral o de cualquier otra índole que no sea la aplicación de las normas pertinentes al caso”. El pasado miércoles, el juez ordenó la prisión preventiva del tío de la víctima, que se encuentra en paradero desconocido. Según la Secretaría de Asistencia Social, la niña vivía “con los abuelos” y recibía atención en el Centro de Referencia de Asistencia Social del Ayuntamiento de São Mateus. Los miembros de la familia participaban en las actividades del centro y no había indicios de que se estuviera cometiendo el crimen.
La ministra de la Mujer sigue el caso
Desde que supo del caso, Damares Alves, ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, ha utilizado las redes sociales para decir que “ayudará” a la víctima y a su familia. El miércoles, Alves, que es pastora evangélica, envió a un equipo de funcionarios de la Secretaría Nacional de los Derechos del Niño y Adolescente y la Defensoría Nacional de los Derechos Humanos para que se reunieran con las autoridades de São Mateus.
“Tengo que ver, leer e incluso mirar imágenes aterradoras. Algunos creen que estoy acostumbrada y que las noticias ya no me afectan. Al contrario, cada caso es una vida. Cada historia provoca en mí la misma reacción y siempre, entre lágrimas, me pregunto: ¿hasta cuándo?”, cuestionó la ministra en otra publicación de Facebook. “Mientras escribo estas líneas, hay niños que sufren abusos en Brasil”, escribió. Sin embargo, Alves no mencionó el aborto al que tiene derecho la víctima. La ministra es contraria a la interrupción del embarazo y ya se ha pronunciado en varias ocasiones “a favor de la vida” y en contra de las mujeres que recurren a la práctica.
Diniz critica esta postura. “Ayuda no es una categoría de un Estado democrático de derecho que protege a sus ciudadanos. Lo que necesitan las personas vulnerables, como esta niña, son garantías. Esta niña no necesita ‘ayuda’, sino un aborto legal y seguro”, afirma. La antropóloga recuerda que, históricamente, el tema del aborto siempre sale a relucir cuando los Gobiernos atraviesan situaciones delicadas —como la pandemia de covid-19— “para provocar un sentimiento de pánico moral”.
“Este caso será paradigmático del uso ideológico del aborto para suscitar emociones y posiciones polarizadas y agresivas sobre lo que debería ser, simplemente, una cuestión de salud pública. En este caso específico, debería haber una investigación criminal del agresor y debería cuidarse y atenderse la salud y la dignidad de esta niña”, dice la especialista.
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