Grupos de derechos civiles entablaron una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Los Ángeles por supuestamente retener indebidamente documentos relacionados con la práctica de ICE de liberar a las personas de la custodia cuando su muerte es inminente, según documentos judiciales obtenidos el miercoles.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California presentó una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) en abril en busca de los registros después de que los medios informaron que ICE liberó a las personas en su lecho de muerte, lo que permitió a la agencia evitar informar sus muertes al público, evitar la investigación y costos médicos para las personas bajo su custodia, alega la denuncia, presentada el martes en un tribunal federal.
La solicitud de FOIA no ha recibido respuesta durante más de 60 días, según la ACLU.
El abogado Matt Adams es el director legal de Northwest Immigrant Rights Project con sede en Seattle.
ICE no proporcionó una respuesta inmediata.
“El público tiene derecho a saber acerca de las prácticas vergonzosas de ICE de deshacerse de los pacientes”, dijo Michael Kaufman, abogado senior de la ACLU del Sur de California. “El gobierno federal no puede eludir su responsabilidad por las fatales condiciones de salud que sufren las personas bajo su custodia”.
La demanda, presentada por ACLU del Sur de California, la Fundación ACLU del Sur de California y el bufete de abogados de derechos civiles Hoq Law de Pasadena, también solicitan los registros de cuatro personas que sufrieron enfermedades mientras estaban bajo la custodia de ICE y murieron poco después de ser liberadas repentinamente.
Incluyen a Martin Vargas Arellano, de 55 años, un cliente de ACLU SoCal que fue liberado tres días antes de su muerte el año pasado, según la demanda.
Después de que fue puesto en libertad, ICE no informó sobre su muerte, y la propia familia y el abogado de Vargas Arellano no se enteraron de su fallecimiento hasta semanas después, tras presentar un informe de persona desaparecida, alegan los demandantes.
“La práctica de ICE de liberar formalmente a las personas de su custodia en el último momento, antes de su muerte, es inconcebible”, dijo Eunice Cho, abogada principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU.
“Ahora, la agencia mantiene registros invaluables sobre estas prácticas a la vista del público, en consonancia con su cultura del secreto”, dijo. “El público merece saber la verdad de lo que está pasando y las personas detenidas por ICE merecen responsabilidad y cambio”.
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