La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) vigiló a los normalistas de Ayotzinapa y a las organizaciones que colaboraron en el caso, al tiempo que obstaculizó las investigaciones y realizó una campaña en contra de quienes cuestionaron la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes, reveló la organización civil National Security Archive.
De acuerdo con la investigación, el Ejército mexicano mantuvo bajo vigilancia a la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” desde por lo menos 2007, años antes de la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
Esto tras analizar 20 documentos filtrados por el hackeo a la Sedena por parte del grupo de hacktivistas Guacamaya en septiembre de 2022, la organización también encontró que la corporación castrense también vigiló desde 2015 a las organizaciones de defensa de los derechos humanos que colaboraron en el caso.
Uno de los oficios obtenidos muestra un “diagrama de enlaces de Ayotzinapa” en el cual se identifican grupos armados, periodistas, organizaciones, políticos locales y miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD), como partidarios del caso.
Entre ellos se encuentra Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los jóvenes, y Abel Barrera Hernandez, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Asimismo, monitorearon a los voceros de los familiares de los desaparecidos, Melitón Ortega Carlos y Felipe de la Cruz Sandoval.
National Security Archive también reveló que la Sedena orquestó campañas en redes sociales y medios de comunicación para atacar a quienes cuestionaron la “verdad histórica”. Uno de los textos clasificados, revelados el pasado 10 de marzo, estipula como estrategia “interactuar con usuarios simulados en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram”.
A esto se suma la instrucción de “insertar mensajes contra las acciones realizadas por los dirigentes de los padres de los normalistas desaparecidos”, Vidulfo Rosales Sierra, Felipe de la Cruz Sandoval y Omar Vázquez Arellano.
Además, considera “conveniente filtrar una narrativa a los líderes de opinión afines, con el objeto de ratificar la postura emitida” por la Sedena.
Por último, se instruye “realizar campañas de propaganda, insertando líneas de comunicación contra” los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).
En otro de los oficios obtenidos, se afirma que “la “verdad histórica” debe sostenerse, incluso contratando a otros peritos que puedan validarla”.
Ante esto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) sostuvo que la información confirma “la obstaculización castrense en Ayotzinapa y los riesgos de la militarización”.
“Urgen controles sobre las FFAA (Fuerzas Armadas). Por eso deben sancionarse en instancias civiles las ejecuciones de Nuevo Laredo y el uso de Pegasus”, concluyó.
6. Individuos que con frecuencia comparecen ante los medios de comunicación como “especialistas en fuerzas armadas” están en realidad en nómina del #Ejército y desde ahí influyen en campañas de denostación contra víctimas, defensores de #DerechosHumanos y expertas internacionales pic.twitter.com/T0TMdleah5
— Centro Prodh (@CentroProdh) March 13, 2023
Igualmente, denunció que, de acuerdo con los documentos de National Security Archive, individuos que con frecuencia comparecen ante los medios de comunicación como “especialistas en fuerzas armadas” están en realidad en nómina del Ejército.
Además, generales con señalamientos de corrupción sobre compras de armas asesoraron a la Sedena, “proponiendo abiertamente que se les mintiera a las familias”, subrayó. Según la organización, tal sería el caso del general Humberto A. Guillermo Aguilar, quien escribió una recomendación sobre el proceder de la institución en el caso.