La semana pasada hubo “represión policial, varias personas de edad avanzada lastimadas, cinco personas más detenidas (¡un visitador adjunto de la CNDH entre ellas!) y una lesión de por vida a Sandra Cecilia quien busca a su hermana Estela Cervantes Flores”.
Por Marcela Villalobos A.*
Guanajuato se ha convertido en el epicentro de la violencia en el país, es el estado del dolor y de la desesperanza de las víctimas que buscan verdad y justicia, de masacres en centros de rehabilitación, de detonación de bombas en casas, en coches, en comercios. Un Guanajuato con autoridades omisas e indolentes ante los reclamos de paz y seguridad por parte de las y los guanajuatenses.
Quienes han vivido más de cerca las promesas de un gobierno ausente, son las familias de personas desaparecidas. En particular los colectivos de reciente creación “Sembrando Comunidad” y “A tu Encuentro”, el primero acompaña a víctimas de la violencia en el estado; el segundo está formado por familiares que buscan a sus seres queridos. Este colectivo que pasó de estar integrado por cinco familias en octubre del año pasado, ahora alberga a más de 170 familias buscando a sus desaparecidos.
Los colectivos se reunieron por primera vez con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez el 16 de enero de este año, después de tener que realizar una manifestación pacífica ante la negativa de reunirse con ellas, y con exigencias claras como: verdad, acceso a la justicia, investigación exhaustiva, independiente e imparcial de todos los casos de desaparición asegurando la participación de familiares y una reparación integral del daño, entre otras.
Familias en reunión con el gobernador, Centro de Convenciones, Guanajuato.
En la reunión, el gobernador se comprometió a: i) disponer un fondo inicial de 10 millones de pesos no limitativo para atender a las familias; ii) instalar mesas de trabajo periódicas de búsqueda, legislación y atención a víctimas; iii) utilizar las plataformas oficiales del estado para publicar fotos de las personas desaparecidas.
Los días pasaron y los acuerdos no se cumplieron o se cumplieron a medias. En el caso del fondo, no hay transparencia en el ejercicio de ese recurso. A algunas de las familias del colectivo les llegaron despensas, que incluía la lista de artículos y el precio del producto. Cuando inició la jornada de sana distancia por la pandemia, les prometieron tres mil pesos mensuales por tres meses a 100 familias, de las cuales únicamente 60 familias del colectivo recibieron ese apoyo (a algunas les llegó incompleto) y fue hasta el mes de junio. En cuanto a las mesas de trabajo, se presentó una propuesta de metodología en febrero por parte de los colectivos para realizarlas, que no se tomó en cuenta y a lo más que llegó fue a una reunión con el Fiscal Carlos Zamarripa en donde solo justificó la falta de investigación.
Para el tema de la aprobación de la Ley de Búsqueda y la Ley de Víctimas, hubo diversos pronunciamientos desde finales del año pasado e inicios de este año para pedirle a las y los legisladores la participación de las familias en la discusión de las leyes. Las diputadas de las comisiones dictaminadoras realizaron un par de mesas de trabajo, y unas semanas antes de su aprobación (27 de abril de 2020), la diputada Libia Dennise García se comprometió con las familias a incorporar sus sugerencias, lo cual no sucedió. Aprobaron una Ley sin las observaciones de las familias simulando un proceso de diálogo y parlamento abierto.
El día que se aprobó la Ley de Búsqueda, varias de las familias del colectivo hacían fila bajo el sol esperando su turno para ingresar al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Irapuato con la esperanza de tener noticias sobre sus familiares. Esto después de insistir por varias horas que les dieran acceso, pues habían avisado con anticipación, pero eso no bastó para que las dejaran pasar. Después de esa visita, se pudo identificar a una persona, cuyo cadáver tenía semanas en SEMEFO identificada sin dar aviso a sus familiares.
Foto tomada afuera del SEMEFO, Irapuato, Gto.
En las más de siete manifestaciones y marchas que los colectivos han realizado este año, en todas hay personas ajenas tomándoles fotografías. En la marcha que realizaron en Guanajuato capital el 18 de junio, hubo policías vestidos de civil siguiendo a las familias y un grupo de policías antimotines esperando a las familias en la caseta de cobro. La imagen de las familias colocando velas en las escaleras del palacio de gobierno frente a los policías antimotines es desgarradora. En todo este tiempo las amenazas de muerte y extorsiones han sido también una constante.
Manifestación del 18 de junio afuera del Palacio de Gobierno con fotografías y velas
El colmo de la desconfianza se dio con la elección del titular de la Comisión de Búsqueda de Guanajuato, el cual se eligió en un proceso opaco, sin participación de las familias e incumpliendo la Ley, pues no se informó la justificación por la que la persona que fue electa para el cargo y que cumpliera con la idoneidad. El titular electo, Héctor Díaz Esquerra es licenciado en administración de empresas y fue director de administración de la CEAV. No existe en su expediente ninguna prueba que acredite su experiencia en búsqueda, derechos humanos ni conocimiento en ciencias forenses, requisito indispensable que marca la Ley. Y lo más grave es que no ha caminado con las víctimas del estado, a ellas ni siquiera se acercó hasta que el gobernador lo llevó de la mano. Un administrador no apto para la búsqueda, pero sí para administrar la tragedia.
Con estos antecedentes, los colectivos se organizaron para instalarse en un plantón afuera del Teatro Juárez hasta que el gobernador las escuchara y atendiera sus peticiones, que son: i) reponer el proceso de elección del titular de la Comisión de Búsqueda y hacerlas parte; ii) brindar los apoyos necesarios para que continúen con la búsqueda de sus familiares; iii) definir el cronograma y metodología para las mesas de trabajo pendientes; y iv) hacer una disculpa pública por las fallas en la investigación y la falta de resultados en las búsquedas.
Colectivos en el primer día del plantón afuera del Teatro Juárez
La Secretaría de Gobierno del estado dio una respuesta burda y mentirosa que consistió en justificar las promesas incumplidas del gobernador, por lo cual, las familias decidieron hacer una marcha pacífica y silenciosa. El resultado: represión policial, varias personas de edad avanzada lastimadas, cinco personas más detenidas (¡un visitador adjunto de la CNDH entre ellas!) y una lesión de por vida a Sandra Cecilia quien busca a su hermana Estela Cervantes Flores, desaparecida en Irapuato en enero de este año, y a quien el abuso policial la mandó al hospital para ser operada esa misma tarde.
No obstante los videos, las voces de las familias, la cobertura nacional a la represión, las condenas de la CNDH y de la ONU-DH, el secretario de seguridad, Alvar Cabeza de Vaca (quien lleva siete años en el cargo), se atrevió a mentir diciendo que las mamás fueron quienes agredieron y lastimaron a los policías rematando con una amenaza para seguirlas acosando ministerialmente: “su libertad no es absoluta” dijo después de defender el libre tránsito como no defiende el derecho a la búsqueda y a la verdad de quienes no encuentran a sus seres amados.
Al igual que Cabeza de Vaca, la clase política del partido del gobernador, y la clase empresarial, cayó ante la represión y se sumó al discurso oficialista de los intereses políticos ocultos, y claro, a su derecho a que madres, hermanas, abuelos, abuelas, buscadoras que piden justicia no se interpongan en su libre tránsito.
Fue esa misma clase política que tachó mezquinamente de una manipulación política a las víctimas. Como si la búsqueda por sí misma no fuera un acto político. Los mismos que apartaron a un pequeño grupo del colectivo para llevarlas a desayunar mientras la policía rompía la pierna de Sandra, quienes tomaron fotografías que después utilizaron para presumir un diálogo inexistente, en lugar de condenar el abuso policial y las detenciones arbitrarias.
Manifestación del 18 de junio afuera de la Fiscalía General de Justicia del Guanajuato
El domingo por la tarde, el gobernador finalmente aceptó reunirse con las familias del colectivo. En una reunión que duró tres horas, se comprometió a cumplir con los puntos que piden las familias. Sin decir cómo ni cuándo lo hará. Específicamente en el tema de la reposición del procedimiento para elegir al titular de la Comisión de Búsqueda, pues lo único a lo que se comprometió fue a revisar el procedimiento.
¿Hasta dónde tiene que llegar una madre, hermana, hija o abuelo que busca a su familiar? Esa ha sido la pregunta que los colectivos de personas desaparecidas en México se hacen todos los días ante un gobierno indolente que hace promesas al vacío a víctimas de una estrategia fallida de seguridad que no ha dejado mas que muertos y personas desaparecidas. El proceso de descomposición que ha pasado en otros estados sumidos en la violencia e impunidad, en Guanajuato lo estamos viendo en tiempo real en estos días. Incluida la descomposición de la clase política.
¡Porque vivxs se los llevaron, vivxs los queremos!
*Marcela Villalobos A. es activista, defensora de derechos humanos y presidenta de Amnistía Internacional México.