Ana Lanz se muestra alarmada y temerosa después de que el Congreso de Guatemala aprobara un paquetazo legislativo que castiga con penas más severas el aborto, prohíbe la educación sexual en las escuelas y echa llave a cualquier iniciativa que incentive el matrimonio igualitario. Esta activista guatemalteca, presidenta de Visibles —una organización que promueve los derechos de la comunidad LGBTI—, describe como peligrosa la nueva legislación, en un país donde hasta octubre pasado se registraron 28 crímenes de odio contra personas sexualmente diversas y sigue siendo uno de los más violentos para las mujeres. “Es una ley intencionalmente violenta, que se aprueba en el marco del Día Internacional de la Mujer, lo que envía un mensaje claro desde el Gobierno. Es una ley de odio, de retroceso de derechos humanos”, afirma, indignada, Lanz. Desde las iglesias cristianas, firmes promotoras del nuevo decreto legislativo, han hecho manifestaciones de júbilo y han declarado a este país centroamericano como “Capital Iberoamericana Provida”.
Han sido semanas intensas para las organizaciones que defienden los derechos humanos en Guatemala e intentan frenar la deriva reaccionaria del Gobierno que lidera el conservador Alejandro Giammattei. Estos organismos civiles califican de “talibana” la nueva legislación, porque violenta los derechos de las mujeres y borra de un plumazo el reconocimiento del Estado a personas sexualmente diversas, que desde el texto legislativo son consideradas “grupos minoritarios incongruentes con la moral cristiana”. La ley también golpea con fuerza al Estado laico, al darle un enorme altavoz al mensaje de las religiones cristianas pentecostales, que han avanzado como un tsunami con su prédicas conservadoras en la mayoría de los países centroamericanos. Algunos de estos movimientos satanizan a la mujer, como ocurrió en una comunidad rural de Nicaragua, donde una joven de 26 años fue quemada en una hoguera después de que el pastor del poblado afirmara que estaba “poseída por el demonio”.
“Desde la comunidad [LGBTI] hemos visto como otros países de Latinoamérica, como Colombia y Chile, avanzan con legislaciones que promueven derechos para las mujeres y parejas del mismo sexo. Es una burla para nuestra comunidad que en pleno siglo XXI el Congreso de Guatemala apruebe este decreto legislativo. Es una ley intencionalmente violenta, que nos niega recuperar la autonomía de nuestros cuerpos, el derecho de vivir en libertad e incita al odio”, afirma Lanz.
La arremetida contra los derechos de mujeres y comunidad LGBTI ha encontrado un firme impulsor en el presidente Giammattei, quien participó en un congreso cristiano organizado en la sede del Gobierno, en el que afirmó que “hará todo lo posible por respetar la vida desde su concepción”. El mandatario dijo en el evento que se trataba de un “día especial” para Guatemala. “¿Qué pasaría si nos uniéramos? Hoy este evento es una invitación a unirnos en proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural en sus cinco etapas”, dijo el mandatario. “Mientras en otros países ahorita se están tirando bombas, nosotros aquí le decimos sí a la vida, alto a la guerra, sí a la paz”, agregó en referencia a la ofensiva rusa contra Ucrania.
Giammattei celebraba de esta manera un triunfo legislativo que sella su política conservadora. La ley, que aumenta hasta diez años las penas de cárcel por abortar, fue aprobada por 102 votos, principalmente de la bancada oficialista, Vamos, y sus aliados. En la actualidad, en Guatemala solo está permitido el aborto terapéutico —cuando la vida de la madre está en peligro—. El hecho de que solo ocho congresistas votaran en contra del decreto legislativo da una idea del retroceso que sufre este país, donde además son perseguidos activistas de derechos humanos, fiscales y jueces que encaran la corrupción e impunidad, dos de los cánceres que carcomen a Guatemala. El Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas, ha instado al Gobierno a vetar el decreto que considera que viola los derechos humanos y “contraviene lo establecido en leyes y convenciones internacionales aprobadas por el Estado de Guatemala”.
Por su parte, la activista Lanz insiste en que el decreto añade tensión a la comunidad LGBTI. “Se han activado todas las alarmas y también los miedos que tenemos porque históricamente hemos sido rechazados”, afirma. “Es preocupante que desde el Estado se nos etiquete como amenaza y peligro para la paz. Estas narrativas promueven la violencia y crímenes de odio hacia nosotras y principalmente contra las mujeres trans”, agrega.
Los organismos que defienden los derechos humanos en el país centroamericano se movilizan para intentar frenar el último paso para que la ley entre en vigencia, que es el visto bueno de la Corte Constitucional. Tienen pocas esperanzas, porque tachan a los jueces de “corruptos” y de bailar al son que se toca desde la Presidencia. “Vamos a presentar un amparo y una iniciativa por inconstitucionalidad”, dice Lanz, quien además informa que se organizan movilizaciones desde las redes sociales para manifestarse contra la legislación. Si el proceso legal falla en Guatemala, estas organizaciones llevarán el caso a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La lucha no termina, aquí nadie se cansa”, dice Lanz. “No podemos permitirle al Estado que legisle sobre nuestros cuerpos e identidades en nombre de Dios y la familia tradicional. Las familias diversas existimos, quiera o no verlas el Gobierno. Siempre hemos resistido, aunque el Estado trate de invisibilizarlos”, concluye la activista.