La primera gran oleada migratoria de 2021 en América Latina, miles de hondureños que huyen de la violencia y de la miseria, ha quedado cercada este domingo por militares y policías a su paso por Guatemala. Las fuerzas armadas del país centroamericano detuvieron por la fuerza, con gases lacrimógenos y cargas, a los migrantes que se dirigen hacia México y buscan llegar a Estados Unidos con la esperanza de que la Administración de Joe Biden, que tomará posesión el miércoles, dé un giro a sus políticas de acogida. El viernes salió de la ciudad de San Pedro Sula, donde los huracanes Eta e Iota tuvieron efectos devastadores, un grupo de unas 3.500 personas. Con el paso de las horas se sumaron otras columnas hasta llegar a 9.000 aproximadamente, según las estimaciones de las autoridades.
“Estamos viendo que esta gente que integró a esta caravana realmente está en una situación totalmente irregular y muy difícil de manejar. Sin embargo, tenemos la coordinación con PNC [Policía Nacional Civil], el Ejército y todas las instituciones de apoyo”, afirmó Guillermo Díaz, director del Instituto Guatemalteco de Migración. El eufemismo choca con las escenas de represión que se vieron en los alrededores del kilómetro 177 en el Departamento de Chiquimula, en Vado Hondo, según los vídeos difundidos por los reporteros y el personal de organizaciones humanitarias desplegado en la zona. “Estamos muy preocupados porque viene otro grupo de la misma proporción que está saliendo de El Florido esta misma mañana”, agregó Díaz. “Esperamos que la situación se detenga y este flujo termine”.
Una de las razones que alegan las autoridades de Guatemala para detener a la caravana es la pandemia de coronavirus. “Estamos preocupados con esta situación que de alguna manera pone en riesgo a la población en términos de salud”, argumenta el responsable de Migración. México también advirtió de que todo migrante que quiera cruzar la frontera con el Estado de Chiapas deberá someterse a los controles y a los protocolos contra la covid-19. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador redobló con efectivos militares el blindaje del Puente Internacional Rodolfo Robles entre Ciudad Hidalgo y Tecún Umán y en Tapachula.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos llevan días alertando sobre la exposición de los migrantes y las posibles vulneraciones. “Muchas personas sufren accidentes y amputaciones, enfrentan extorsiones y violencia sexual, o desaparecen y son separadas de sus familias. Algunas son asesinadas o mueren a causa de enfermedades o inclemencias del tiempo”, declaró Lorena Guzmán, coordinadora de Migración del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Centroamérica y México. A esos peligros se añaden ahora los riesgos de la pandemia: la escasez de agua o acceso al lavado de manos y las aglomeraciones.
Esta oleada migratoria tiene especial trascendencia política porque se da en una coyuntura crucial. El demócrata Joe Biden está a punto de asumir el cargo de presidente de Estados Unidos y tiene en sus manos dar un giro a las decisiones adoptadas por Donald Trump en los últimos cuatro años. El mandatario saliente y López Obrador llegaron a cooperar para contener las caravanas y ante las amenazas del magnate, que agitó el fantasma de una guerra arancelaria a las exportaciones, México se avino a militarizar la frontera sur y endurecer los controles de los migrantes que ingresan desde Guatemala.
En una conversación telefónica entre López Obrador y el presidente electo Biden días antes de Navidad ambos acordaron iniciar un nuevo camino en materia de política migratoria y, al menos sobre el papel, se comprometieron a promover la “cooperación entre EE UU y México para garantizar una migración segura y ordenada, contener el coronavirus, impulsar las economías de América del Norte y asegurar la frontera común”. Eso supondrá también, según informaron ambos Gobiernos, “lidiar con las causas fundamentales de la migración en El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur de México, para construir un futuro de mayor oportunidad y seguridad en la región”. Biden admitió en la recta final de la campaña electoral que durante los mandatos de Barack Obama, cuando él ocupó la vicepresidencia, no se atendió esta emergencia con la urgencia que merecía. Ahora planea regularizar a 11 millones de personas que se encuentran en Estados Unidos sin papeles en los primeros días de su Administración.
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