Carteles de la campaña en contra de la consulta popular que se celebra el domingo en Ecuador.RODRIGO BUENDIA (AFP)
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, lleva gobernando 18 meses sin apoyo en el Congreso y con amenazas de muerte cruzada, una fórmula similar a la moción de censura, desde el inicio de su gestión, pero este domingo 5 de febrero, en las elecciones municipales, espera revalidar su aprobación a través de una consulta popular y forzar a la oposición a plegarse en algunas reformas claves. Para eso ha recurrido a la gran preocupación ciudadana -y a la vez su talón de aquiles- que es la seguridad para medir su apoyo.
Las cifras del último año son las más sangrantes de la historia del país: 4.550 crímenes, lo que ubica a Ecuador como uno de los países más violentos de América Latina con una tasa de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, y la consulta popular anunciada como una solución a los problemas de los ecuatorianos, plantea ocho preguntas de las cuales solo una trata sobre seguridad.
Históricamente en Ecuador, los referéndum han servido para capitalizar el respaldo de las gestiones de los Gobiernos, pero en esta ocasión el presidente le apuesta a hacerlo en un proceso electoral complejo. Los ecuatorianos recibirán siete papeletas porque deberán votar a alcaldes, prefectos, a consejeros del polémico Consejo de Participación Ciudadana, que es el organismo que designa autoridades claves de las instituciones del país, como fiscal, contralor, superintendente de Bancos y además, la papeleta de la consulta.
“El mayor riesgo que tiene el Gobierno es que gane la consulta popular”, dice Pedro Donoso, analista político, “por la manera en cómo han posicionado la expectativa de que con la consulta popular se acabará el problema de la inseguridad y todos sabemos que no será así”, añade. Sobre todo porque el Gobierno no logra un buen manejo de las expectativas. “Hace meses, Lasso anunció el fin de la pandemia en Ecuador y en diciembre los indicadores de contagios se dispararon. Anunció el retiro de la visa Schengen y no fue posible, anunció un Tratado de Libre Comercio con México y no se dio”, explica Donoso.
Y de ganar el sí en el referéndum, el escenario sería justamente ese, porque la mayoría de las enmiendas implica reformas legales que tienen plazos límites, entre ser tramitadas y aprobadas, algunas podrían tomar un año y otras hasta dos; es decir, cuando el presidente Lasso haya terminado su mandato.
Pero ante una Administración que acumula gran descontento y desgaste, el mandatario quiere que los ecuatorianos vayan a las urnas para decidir por ejemplo, la extradición, cambios en el sistema de justicia, la reducción del número de legisladores en el Congreso, la protección del medio ambiente.
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La pregunta enganche para motivar el sí es quitar el candado constitucional a la extradición de ecuatorianos vinculados con el crimen organizado transnacional. “De esta manera se legitima el relato de la guerra contra el narco y de que van a lograr enviar a los capos de las estructuras criminales para que otros países los juzguen”, explica Luis Carlos Córdova, director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central.
Hay 222 ecuatorianos con notificación roja de Interpol que son buscados en 17 países por haber cometido delitos relacionados con el tráfico de drogas, crímenes contra niños, lavado de dinero, tráfico de armas y explosivos. Aunque la consulta que propone el Ejecutivo limita la extradición para quienes se pruebe su vinculación con el crimen organizado transnacional.
Pero “la delincuencia no solo tiene que ver con el narcotráfico, sino con la pobreza y el desempleo y la consulta popular no lo va resolver”, precisa Donoso, y la inversión hasta ahora en lo social parece no ser suficiente, en un país donde solo tres de cada 10 personas tienen un empleo adecuado, el 25% de la población es pobre y el 8% extremadamente pobre, según datos del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) a diciembre de 2022.
Las preguntas tres, cinco y seis de la consulta popular se refieren al funcionamiento del sistema político, pero para los analistas ninguna ataca las cuestiones de fondo, por lo que muy poco cambiará el país respecto a la realidad actual. La pregunta número tres plantea la reducción del número de legisladores de 137 a 100 aproximadamente. Según Lasso, “reduciendo el número de legisladores, incrementaremos también el control, vigilancia, y exigencia sobre ellos”. Sin embargo, reducir la representación política “concentraría la representatividad en aquellos partidos con maquinarias más sofisticadas como la Revolución Ciudadana [del expresidente Rafael Correa] y una derecha emergente”, expone Córdova.
Esta pregunta también presenta contradicciones con la cinco y seis en las que el Ejecutivo entregaría más poderes a un Congreso que goza de poco prestigio y que es su principal frente de oposición. Las preguntas pretenden devolverle a los legisladores el poder de elegir a las autoridades importantes de varias instituciones del Estado, competencia que tiene ahora el Consejo de Participación Ciudadana, organismo que también quiere reformar en la consulta preguntando en las urnas que en lugar de que los consejeros sean elegidos por voto popular sea el Congreso -que critica- el que los escoja. “Este ha sido siempre un botín político, que pueden facilitar negociaciones en trastiendas”, remata Cordova.
“El Gobierno tiene la cancha muy achicada este año, por eso se arriesga con esta consulta, porque sabe que solo una victoria electoral ayudaría a barnizar de legitimidad, todo lo que ha deslegitimado en el camino del primer año de gobierno”, añade, pero así tendría oxígeno para aplicar una estrategia de seguridad que hasta ahora no ha habido y es la principal preocupación de los ecuatorianos.
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