El Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara pidió que las autoridades hagan del caso Teuchitlán, “un parteaguas” en la historia de la violencia y desapariciones en Jalisco y México.
Mediante un comunicado en redes sociales, el Comité lamentó que la tragedia de Teuchitlán, revelada por el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el pasado 5 de marzo,”revela el horror cotidiano” que se vive en la entidad y que “no siempre ha merecido la atención nacional e internacional.”
El Comité mencionó que, desde su constitución en agosto del 2019, ha denunciado y alertado públicamente sobre la crisis de desaparición de personas en Jalisco.
“Es mayor a la, ya de por sí inadmisible, cifra oficial de 15 mil 426 denuncias; la conexión estructural que tiene esa crisis con el crimen organizado y la corrupción policiaca y judicial; la incapacidad de las autoridades tanto federales como estales para contenerla”.
Además, sostuvo que existe una permanente disposición “de los sucesivos gobiernos municipales y de toda la entidad a no registrar todas las víctimas, desinformar sobre sus verdaderas causas, menospreciar las demandas de colectivos de víctimas y no alertar a la sociedad de su tamaño y gravedad”.
Expuso que la desaparición de personas es una forma extrema de violencia que interactúa con otras expresiones de violencia y las facilita.
El Comité dijo que el caso de Teuchitlán reveló cómo la desaparición de personas, a menudo con fines de reclutamiento forzado, sostiene el crecimiento de las organizaciones criminales.
Sobre el hallazgo, el comunicado señaló que los indicios hallados en el lugar, como restos óseos calcinados y otros, “hacen evidente que en ese lugar se cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos, algunas de ellas constitutivas de crímenes de lesa humanidad.
Se discute si se trata de un centro de adiestramiento criminal, de un centro de exterminio o de ambos. Esta discusión no es adecuada porque oculta toda la violencia ejercida, sus diversas modalidades y los procesos de victimización que generaron.
Además, denunció la respuesta deficiente de las autoridades en el resguardo de evidencias y en la conducción de las investigaciones.
“Según lo informado hoy por la fiscalía general, el desastre podría ser mayor a lo que hasta ahora se sabe”, agregó.
El Comité también criticó que el caso se haya convertido en parte de disputas políticas y se deje de jugar con etiquetas sobre los delitos.
Exhortamos a las autoridades a que dejen de jugar con las etiquetas y se comprometan a reconocer e investigar todos los delitos cometidos en ese lugar.
También, exhortó a las autoridades a que se evite medir el significado de Teuchitlán por su número de víctimas fatales.
“Las autoridades están obligadas a investigar todos los homicidios que se perpetraron, la identidad de las víctimas y quiénes dieron la orden de ejecutarlas”.
Asimismo, pidieron a las autoridades “garantizar el derecho de las víctimas indirectas a participar en el proceso”, por lo que deben bridarles seguridad y garantías para la continuidad de su trabajo.
“Debe anularse cualquier tentativa de marginación o, incluso, de represalia, y exigimos que se extremen las medidas de seguridad para proteger la integridad de todos y cada uno de sus miembros y la continuidad de su trabajo”, concluyó el Comité.
Finalmente, pidió una actuación “profesional, imparcial y expedita, libre de revanchismos, prepotencia y afán de lucro político” por parte de la fiscalía.
El Comité está integrado por la doctora Dolores del Carmen Chinas Salazar, coordinadora; la doctora Denisse Ayala Hernández, secretaria ejecutiva; del doctor Rogelio Barba Álvarez, el doctor David Coronado, la doctora Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, y el doctor Jorge Ramírez Plascencia.
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