La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, encargado de investigar el caso Púnica de corrupción, un informe pericial en el que constata la “manifiesta ilegalidad” de la cláusula del 1% que los ejecutivos de Esperanza Aguirre incluyeron en las licitaciones de obras y servicios de cerca de medio centenar de hospitales y centros de salud. La IGAE analiza en su informe el porcentaje del contrato que las empresas adjudicatarias debían reservar para publicidad de las obras -lo que encarecía el coste para la Administración- y que luego supuestamente terminó total o parcialmente desviado a la caja b del PP madrileño y de sus dirigentes. Los expertos de Hacienda concluyen que la cláusula supuso para las arcas públicas un perjuicio directo de 2,2 millones de euros, al que suma otro millón de euros en facturas pagadas por trabajos nunca justificados.
La IGAE ha elaborado el informe a instancias del juez, que solicitó a la Consejería de Sanidad los expedientes completos de los contratos de construcción y explotación de 46 hospitales públicos y centros de salud que incluyeron el 1% en publicidad. Más de 3 millones del dinero desembolsado por esa cláusula se lo terminaron embolsando las sociedades Over Marketing Comunicación, Traci Comunicación, Abanico de Comunicación y Marketing, y Link América, todas ellas propiedad del empresario Daniel Horacio Mercado, encargado de organizar numerosos actos de las campañas electorales del PP madrileño para las autonómicas de 2003, 2007 y 2011 en las que Aguirre encadenó tres mayorías absolutas.
El propio Mercado aseguró al juez cuando declaró como imputado en diciembre de 2017 que dirigentes del PP le indicaron que las facturas por sus trabajos para el partido las girase a “cuatro o cinco empresas”. En aquella comparecencia señaló como implicados en estas supuestas irregularidades al gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez, y a los dirigentes populares Francisco Granados e Ignacio González, todos ellos encausados. En el auto por el que decreta la imputación de Aguirre como supuesta ideadora y supervisora de la financiación ilegal del PP regional, el magistrado ya destacaba que el 1% fue, en realidad, “un mecanismo para desviar fondos públicos a favor del Partido Popular”.
En sus conclusiones, Hacienda señala al entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, y a la que fuera directora general del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Almudena Pérez, ambos imputados en la causa, como presuntos responsables de incluir la cláusula bajo sospecha en los contratos de obras del Plan de Infraestructuras Sanitarias. El documento de la IGAE concluye que lo hicieron “para eludir los principios de publicidad, transparencia, libertad de acceso, salvaguarda de la libre competencia y selección de la oferta económicamente más ventajosa” que deben regir las contrataciones públicas. También recalca que “las empresas [que se hicieron con estos contratos de publicidad] fueron seleccionadas por la vía de hecho, esto es, con omisión total del procedimiento, y de manera arbitraria”. En una primera declaración como testigo ante la Guardia Civil, Lamela aseguró que en una reunión en la que participó Aguirre y el empresario Horacio Mercado “se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over [una de las sociedades de Mercado] en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación”. El entonces consejero admitió ante los agentes que, tras recibir estas indicaciones, dio instrucciones en ese sentido.
Hacienda también implica en las supuestas irregularidades a Germán Rasilla, mano derecha de Lamela entre 2004 y 2007 y también imputado, al que acusa tanto de elegir directamente las empresas de publicidad que se hicieron cargo de los contratos “con omisión total del procedimiento de selección” como de certificar trabajos de los que no había soporte documental. “Germán Rasilla conformó las facturas y ordenó a las empresas adjudicatarias de las obras que pagasen [a las empresas de publicidad bajo sospecha]”, recalca la IGAE. En su declaración en la Audiencia Nacional, el pasado septiembre, el asesor afirmó que recibió la orden de que todos los contratos de publicidad pasaran por la Consejería de Presidencia, aunque incidió en que los que se firmaron se ejecutaron realmente.
El documento también denuncia que la Consejería de Sanidad no hizo “ninguna actuación tendente a determinar si el precio [que se pagó por los trabajos de publicidad] era el adecuado”, y concluye que la inclusión de la cláusula del 1% provocó a las arcas de la Comunidad de Madrid “un perjuicio económico directo de 2.273.582 euros”. Además, destaca que en facturas que suman otros 923.185 euros “no consta el servicio que se prestó” ni tampoco hay constancia documental de que se hubiera realizado, por lo que los expertos de Hacienda concluyen que estos pagos “deben considerarse carentes de justificación”. Una parte de estas facturas supuestamente irregulares fueron emitidas también por sociedades de Daniel Horacio Mercado. “Nosotros el servicio lo hicimos para el PP de Madrid, solo que lo facturamos a un listado de empresas que ellos nos dieron”, declaró en su día Mercado ante el juez.
Las subvenciones sin justificar de Fundescam
Hacienda ha presentado al juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, un segundo informe en el que cuestiona, en este caso, la legalidad de las subvenciones que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre entregó entre 2006 y 2011 por un importe superior al millón de euros a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (Fundescam), vinculada al PP madrileño. Los investigadores sospechan que esta fundación fue utilizada por los populares para recibir donaciones ilegales de empresarios y financiar de manera irregular parte de sus campañas electorales.
El documento de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) destaca la presencia tanto en el patronato de la fundación como en el órgano del Gobierno regional que decidía la entrega de estas subvenciones del que más tarde sería presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, imputado tanto en el caso Púnica como en la Operación Lezo, también de corrupción. Hacienda destaca que Fundescam nunca justificó convenientemente que el destino de los fondos públicos que recibió fueran destinados a los cursos, conferencias o edición de libros para los que se concedieron: “No hay constancia de dónde y cuándo se han impartido y quiénes han sido los asistentes a los citados cursos. Además, al desconocer el contenido de los cursos y el contenido y destinatario de las publicaciones, tampoco se acredita el cumplimiento del objetivo para el que fue concedida la subvención”, añade. Un informe de la Guardia Civil ya apuntaba en 2017 que al menos una parte de las subvenciones recibidas por la fundación del PP fueron desviados para gastos electorales como encuestas y sondeos.
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