Por Brandon J. Celaya Torres
A pesar de que tres relatorías de la ONU han exigido su libertad inmediata, la activista Kenia Hernández Montalván lleva más de 20 meses en prisión, luego de que fuera detenida y condenada a 21 años 9 meses de cárcel.
La activista indígena amuzga acumula siete carpetas de investigación en su contra por múltiples cargos, además de las dos por las cuales fue sentenciada.
Entre las acusaciones se encuentran: robo con violencia y ataque contra las vías de comunicación por cerrar y liberar casetas como forma de manifestación.
Para la Red Nacional de Defensoras de DDHH, el caso de Kenia es el emblema de cómo el Estado criminaliza la protesta y a las mujeres en resistencia.
“Estamos hablando de que en este acoso judicial contra Kenia, es de llamar la atención que acumule siete causas penales. Hablamos que la toma de casetas no debería constituir un delito, es el ejercicio de un derecho (a la libre manifestación), pero ahora este tipo de protesta ya está planteada como un delito”, explica Aurora de la Riva, codirectora de incidencia de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), en una entrevista con Aristegui Noticias.
Toma de la caseta de la carretera México-Cuernavaca para exigir la liberación de Kenia Hernández. Foto: Archivo Cuartoscuro.
El 22 de febrero de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a Ley de Vías Generales de Comunicación, que sanciona con hasta siete años de cárcel a quien tome casetas y cobre ilegalmente los servicios de peaje.
Para organizaciones defensoras de Derechos Humanos, esta reforma funciona para criminalizar la libre manifestación de ideas a través de la protesta en casetas. Así sucedió con Kenia Hernández, según denuncia la RNDDHM y sentencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha exigido la liberación inmediata de la activista amuzga.
El 19 de agosto de este año, la relatora especial de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, demandó la liberación de Kenia luego de que esta última recibiera su segunda condena en menos de un mes.
In May, I wrote to the authorities of 🇲🇽#Mexico expressing concern about the 11 year, 3 month prison sentence handed down to Woman Human Rights Defender, Kenia Hernández.
On Monday, she will be appealing that sentence. My thoughts below.https://t.co/vcgJewhl8N
— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) August 19, 2022
En total son tres relatorías de la ONU las que se han pronunciado por la libertad inmediata de la activista indígena: la de Personas Defensoras de Derechos Humanos, la de Pueblos Indígenas y el Grupo Especial de Detenciones Arbitrarias.
A pesar de estos pronunciamientos, en el proceso de liberación de Kenia “no ha habido ningún avance”, denuncia la Red de Defensoras de Derechos Humanos.
La condena doble: el encierro y ser mujer
Desde joven, Kenia se involucró en la defensa del territorio de su natal Guerrero. Su activismo también consistía en acompañar a mujeres víctimas de violencia de género en sus procesos de denuncia, así como dar seguimiento y exigir justicia por los presos políticos en el país.
Así, ella se volvió coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive y parte del Movimiento Nacional por la Libertad de Presos Políticos.
“Ella se volvió líder con otros movimientos para demandar la liberación de presos políticos. Recurrió frecuentemente a la toma y liberación de casetas. El cierre de caminos, eso fue lo que le produjo ser detenida”, explica Aurora de la Riva.
Kenia Hernández, en conferencia en julio de 2019, habla sobre la situación de presos políticos de Guerrero y Oaxaca. Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro
En el proceso judicial en contra de Kenia existen múltiples vicios, desde detenciones arbitrarias hasta la falta de perspectiva de género en el tratamiento de su caso por parte de las autoridades.
“Durante una audiencia ella solicitó que fuese juzgada desde los lineamientos de la perspectiva de género. Y de manera literal, la autoridad le dijo que a ella no se le podría tomar en cuenta un proceso con perspectiva de género, ya que ella era una mujer empoderada y que ese criterio sólo se aplicaba para mujeres sumisas y maltratadas”, explicó de la Riva a este medio.
“Hay una doble vulneración de derechos en el caso de las mujeres defensoras; quienes no solo son discriminadas y violentadas por el simple hecho de ser mujeres, sino también por el hecho de ser defensoras”, agregó.
El encierro no ha sido sencillo para Kenia. A pesar de esto, su actitud de resistencia y su fortaleza la han llevado a protestar dentro del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 16 en Coatlán del Rio, Morelos. Kenia inició una huelga de hambre al interior de este penal, el único de máxima seguridad para mujeres que hay en el país.
La defensora amuzga ha tenido que soportar enfermedades mientras se encuentra privada de su libertad. Recientemente, una emergencia sanitaria puso en riesgo su vida y la de aproximadamente 700 reclusas más, según denunciaron varios colectivos de defensa e los derechos humanos.
Las organizaciones que apoyan y acuerpan a Kenia dijeron a Aristegui Noticias que la activista ya se encuentra estable de salud.
Foto: Archivo Cuartoscuro
La cárcel ha traído momentos de incertidumbre a la activista. Según la apreciación de Aurora de la Riva, lo que más le preocupa a Kenia es el bienestar de sus dos hijos.
“Tiene dos hijos pequeños. No es tan fácil que ellos se trasladen y tampoco es tan fácil lograr el acceso de los familiares. Está muy limitada en su contacto hacia el exterior. Incluso, solamente tiene derecho a una llamada de 10 minutos cada 8 días y que pueden ser o a su familia o a sus representantes legales. Es una condición carcelaria extrema”, explicó la codirectora de impacto de RNDDH.
“Ella era el sostén de su familia. Y, ahora, lo que ella hacía ya no está”, dijo.
Para Aurora de la Riva, no se puede señalar a un solo actor, “sino a una articulación de diferentes actores que confluyen en la criminalización de una defensora. Han intervenido el poder judicial y las fiscalías. Y también han intervenido quienes la están acusando. Es un entramado complejo”.
Las acusaciones que mantienen en prisión a Kenia vienen de dos entidades principales: la transnacional Aleatica y la agencia de gobierno Caminos y Puentes Federales (Capufe).
El caso de Kenia no es el único en que la constructora atribuiría delitos a activistas. El abogado Paulo Díez Gargari ha documentado el presunto entramado de corrupción con el que esta empresa se habría beneficiado al explotar ilegalmente vías federales.
El abogado Paulo Díez Gargari. Foto: Archivo Cuartoscuro
Como respuesta a una manifestación del abogado en el Viaducto Bicentenario, la empresa acusó a Díez Gargari de ataques a las vías de comunicación e intentó llevarlo a la cárcel.
El caso de OHL-Aleatica documentado por el abogado Díez Gargari llega hasta las más altas esferas del poder federal, pues el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Shcerer Ibarra, se ha visto señalado en la presunta trama de corrupción.
“En México es conocido y documentado que la concesión de casetas resulta en negocios en los que hay fuertes ganancias económicas”, detalla Aurora de la Riva sobre de la acusación de Aleatica contra Kenia Hernández.
“El gobierno federal ha mencionado que actualmente ya ha liberado todas las casetas y dentro de estas acciones de liberarlas está la criminalización de Kenia para enviar un mensaje de advertencia al resto de colectivos que pretendan recurrir a estas acciones”, advirtió.
Para la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, criminalizar a defensoras y defensores conlleva implícitamente acuerdos entre poderes privados y públicos: “Hay anuencias establecidas entre diferentes actores: Poder Judicial, policías, intereses privados, intereses políticos. Todos hacen estos acuerdos para poder generar este tipo de violencia y de ataque a las defensoras”.
La misma Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que el encarcelamiento de Kenia tiene como objetivo mandar un mensaje de amedrentamiento para quienes deciden protestar y convertirse en defensores de la tierra, aseguraron mujeres del Colectivo Libertario Zapata Vive durante la marcha antimilitarización del pasado 12 de octubre.
Foto: Cuartoscuro
“En mi gobierno puede haber políticos presos, no presos políticos”: AMLO
Durante su conferencia matutina del 23 de agosto de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no hay presos políticos. Desde 2019, el primer mandatario asumió el compromiso de revisar y liberar a las personas privadas de su libertad por motivaciones políticas.
“El objetivo principal es que no haya presos políticos, que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su postura política, que no se utilice ninguna institución del Estado para afectar a los ciudadanos de manera injusta. Que no se fabriquen delitos a opositores, a adversarios como sucedía”, afirmó el presidente en enero de 2019.
No obstante, el acoso judicial contra Kenia y su encarcelamiento se dieron durante el actual gobierno. La primera de las tres detenciones que sufrió Kenia se dio el 6 de junio de 2020; un año y cinco meses después de la promesa de López Obrador.
“Por parte de la organización que representa legalmente a Kenia –y la misma Kenia que trabajó en articular acciones para presos políticos– hay la certeza de que Kenia puede ser la primera y hasta el momento la única presa política de esta administración”, afirma Aurora de la Riva en entrevista para Aristegui Noticias
Foto: Archivo Cuartoscuro
La defensora de derechos humanos explica también que hace falta voluntad política por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo para la pronta liberación de Kenia.
“Hay un mensaje claro de un Poder Judicial que está articulando una acción de criminalización en contra de ella. Si no hay la voluntad política de que ella salga libre, creemos que esto no va a ir mucho más allá”, alertó.
Para la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, la justicia para Kenia Hernández “debe llegar en los términos que el caso merece: señalando, investigando y sancionando a los responsables de que ella esté presa; exonerándola y con una reparación de los daños causados por la detención. La reparación del daño debe ir más allá de lo personal. Tiene que ser una reparación integral que tome en cuenta a todas las defensoras de derechos humanos”.