Familias de nogaleros y cebolleros acaparan el agua de la entidad y están detrás del financiamiento de las movilizaciones en la presa La Boquilla, dice Ricardo Mejía Berdeja.
En Chihuahua, existe una red de políticos acaparadores de agua y presuntamente delincuentes vinculados a toda esta trama; no es un movimiento espontáneo, porque no ha habido falta de agua, señaló Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En conferencia matutina, sostuvo que la embestida a la Guardia Nacional el pasado 9 de septiembre en la presa La Boquilla es porque evidentemente quieren seguir manejando este tipo de negocios del agua en detrimento de la nación y el país, lo cual pone en riesgo el Tratado de Aguas Internacionales con Estados Unidos.
Informó que un grupo de nogaleros, encabezado por la familia Urionabarrenechea y ligada al exgobernador César Duarte, además de acaparar agua, financió la movilización en la presa La Boquilla.
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“Por eso advertimos que el supuesto pleito entre Duarte y Corral es nada más testimonial”, expresó.
Además, dijo que en la entidad, sólo ocho usuarios acaparan 36 millones de metros cúbicos de agua del Río Conchos, es decir, el 12.5% del agua que se adeuda a Estados Unidos.
La familia Urionabarrenechea tienen casi 9 millones de metros cúbicos de agua, es decir, acapara el 3%, apuntó.
También mencionó a los cebolleros, ligados al diputado local del PAN Jesús Valenciano, quien a través de un video que circuló en redes sociales le dio un ultimátum a la Guardia Nacional para retirarse y dejar de vigilar las presas del estado.
De acuerdo con Mejía Berdeja, el legislador tiene relación con una familia dedicada a la explotación de agua y la tala.
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Mejía Berdeja aseveró que el agua es un tema de seguridad nacional y que, por tanto, las presas son instalaciones estratégicas en las cuales el Estado mexicano no puede perder la rectoría.
“Esto está fundamentado en el Artículo 27 de la Constitución y la Ley de Aguas Nacionales, y la salvaguarda de las presas por parte de las fuerzas de seguridad, en concreto de la Guardia Nacional, está sustentada en la propia Ley de la Guardia Nacional y en diferentes ordenamientos”, subrayó.
Abundó que esto es de conocimiento del gobernador Javier Corral, quien el 3 de diciembre del año pasado se reunió en la Secretaría de Gobernación con sus homólogos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
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“Llegaron a un acuerdo en donde el propio Javier Corral se comprometió al cumplimiento estricto y obligado del tratado de 1944. El 1 de agosto firmó una propuesta para los escurrimientos y entregas de agua, está su rúbrica y fue firmado junto con el director para América del Norte”, exhibió.
Por lo anterior, indicó que su cambio de posición puede estar ligado a todo el entramado de intereses económicos y políticos que han usufructuado para su beneficio en el tema del agua.
