Reyes Orona consideró que “aún estamos muy lejos de un maxi proceso”.
Las adjudicaciones directas pueden dar origen a desvíos de recursos públicos, como sucedió en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles, afirmó el exprocurador fiscal, Gabriel Reyes Orona.
El pasado martes se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una audiencia para vincular a proceso a Robles Robles, por ejercicio indebido del servicio público.
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Asimismo, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que 50 empresas y un grupo de exfuncionarios son investigados por su presunta relación con los desvíos millonarios en la Sedesol y la Sedatu, también conocidos como Estafa Maestra.
En Mesa de Análisis con la periodista Carmen Aristegui, Reyes Orona comentó que este asunto debe de ir mucho más allá de la investigación de 50 empresas y la Estafa Maestra.
Señaló que el vicio que da origen a todo esto son las adjudicaciones directas, “que deberían de ser una excepción extraordinaria en la administración pública, pero que lamentablemente no han cesado”.
“Las asignaciones directas permiten que algunos vehículos que no cumplen ni técnicamente ni en términos de solvencia económica ni tampoco operativa, reciban cuantiosas cantidades de recursos públicos que tarde o temprano llegan a manos desconocidas y que no se traduzcan en obras o en un incremento de recursos públicos”, abundó.
En este sentido, indicó que desde arriba deben analizarse cómo se han resuelto las adjudicaciones directas que están detrás de todos estos esquemas.
Por su parte, el exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Alfredo Figueroa, observó que por lo menos en esta administración se ve que hay voluntad jurídica y política de llamar a cuentas a un primer personaje (Rosario Robles), quien antes estuvo protegida por “un manto de impunidad”.
Comentó que contrario al sexenio pasado, cuando los funcionarios implicados en investigaciones guardaban silencio, ahora se indignan a través de sus abogados o escritos dirigidos a la opinión pública.
“Se creó una cultura en la que todo era posible en el peñanietismo… El ‘no te preocupes Rosario’ no era sólo para Rosario, era el despertar de un proceso de saqueo tan grande, tan importante”, recordó.
En este sentido, coincidió con Reyes Orona en que la investigación de la FGR debe ir contra toda una red no sólo hacia una persona.
Por otra parte, Figueroa observó que hay una clara disputa entre los distintos gobiernos, pues mientras unos tienen la intención de investigar los actos de corrupción e ir en contra de la impunidad, hay otros que prefieren avanzar sin mirar atrás.
Observó que en Santiago Nieto “hay una clara voluntad de abrir los temas” para que sean investigados, pero no están claras cuáles son las herramientas que tiene para hacer su trabajo.
Reyes Orona consideró que “aún estamos muy lejos de un maxi proceso”, porque el andamiaje jurídico que tenemos en México es sumamente deficiente, ya que el Código Penal Federal establece que sólo las instancias de gobierno están habilitadas para denunciar los delitos en materia de servidores públicos.
Por otra parte, apuntó, está el arbitrario, discrecional y abusivo uso que se ha hecho del no ejercicio de la acción penal.
“Si un funcionario público, dígase ministerio público federal o subprocurador de delitos de la fiscalía decide no ejercer la acción penal es completamente impune”, abundó.
Por otra parte, sostuvo, la FGR necesita tener una estructura, saber cómo va a operar y funcionar.
Reyes Orona percibió un dejo de agenda política, ya que la FGR no se ha hecho presente en casos relacionados al crimen organizado.
“Hay que buscar que la fiscalía tenga su papel formal de judicialización de casos, no solamente del pasado sino de lo que está pasando en el país”, señaló.
Asimismo, estimó necesaria una comisión de la verdad que dé a conocer los casos que por alguna razón no se van a poder judicializar.
Ley Garrote en Tabasco
Respecto a la Ley Garrote aprobada por el Congreso de Tabasco, que endurece las penas por impedir la ejecución de obras públicas o realizar bloqueos de calles, Figueroa comentó que lo preocupante es que un policía, un miembro de la Guardia Nacional, un juez o ministerio público, pueda criminalizar un acto de expresión pública.
Además, observó que hay una doble vara de medir en este gobierno, empezando por el presidente, quien en algunos asuntos decide meterse, pero en otros no.
Por su parte, Reyes Orona señaló que con base en el artículo 1 de la Constitución se pueden presentar controversias constitucionales contra la Ley Garrote, porque ésta lo violenta.
“Es este caso lo que está faltando es una contundente acción federal, no solamente por parte del Presidente sino por otras instancias, que condenen y combatan de manera frontal un abuso que no sólo viola la Constitución sino la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, agregó.
A continuación la Mesa de Análisis:
